La pareja de Ayuso se querella contra la fiscal jefe de Madrid por presuntamente revelar secretos | Noticias de Madrid

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha querellado contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, al entender que incurrieron en delitos de revelación de secretos al enviar una nota informativa a los medios de comunicación sobre el caso de presunto fraude fiscal que le afecta, según ha adelantado El Español y ha confirmado este diario. Tras publicar El Mundo que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo al comisionista, acusado de presuntamente defraudar más de 350.000 euros, para luego retirar ese ofrecimiento, la Fiscalía publicó un comunicado en el que aclaraba que había sido el propio González, a través de su abogado, quien había reconocido los hechos y había pedido alcanzar un pacto para así aminorar una hipotética condena.

El abogado de González Amador envió el 2 de febrero un correo electrónico a la Fiscalía Provincial de Madrid en el que reconocía la comisión de “dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021″. Su objetivo era llegar a un acuerdo para pagar la cantidad adeudada (350.951 euros más los intereses de demora) y así reducir la posibilidad de acabar en la cárcel y de pagar una sanción hasta siete veces mayor que la cantidad defraudada.

Sin embargo, más de un mes después, cuando ya había trascendido que el empresario había sido acusado de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, su pareja, la presidenta Ayuso, defendió la inocencia del intermediario y denunció la supuesta alianza “de todos los poderes del Estado” contra el comisionista.

Esta fue la secuencia de hechos, según el relato de las fuentes consultadas por EL PAÍS, que rechazan la versión de los hechos que difundió el entorno de Ayuso, poniendo en cuestión la independencia del ministerio público en sus actuaciones.

El 2 de febrero, el abogado de González envió a las 12.45 un email, adelantado el miércoles por la Cadena SER, en el que proponía un pacto al ministerio fiscal, reconociendo los hechos delictivos y su voluntad de conformarse con una determinada sanción penal, menor en dos grados a la que le correspondería. “Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, se leía en el correo.

El 12 de febrero, según la reconstrucción de hechos de fuentes conocedoras de la investigación, el fiscal contestó al letrado para confirmar que tomaba nota “de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”, que alcanzan los 350.951 euros, según los inspectores de Hacienda que denunciaron el caso.

Un mes después, el 12 de marzo, el fiscal contestó por correo electrónico la denuncia registrada el 5 de ese mes al abogado de González Amador “para facilitarle el derecho de defensa” y le reiteró, pues ya se lo había comunicado el 12 de febrero, que la existencia de otras cuatro personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pueda alcanzar una conformidad penal.

La nota que difundió la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo, titulada Aclaraciones sobre la denuncia contra Alberto González Amador por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, y que está en el corazón de la querella del empresario, confirmó el ofrecimiento de un pacto por parte del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso.

“El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024″, dice el comunicado, en el que se detallan cronológicamente las comunicaciones entre el letrado de la pareja de Ayuso y el ministerio público.

[Noticia en actualizacion]

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