“Una devolucin ms incmoda que el retorno de los papeles de Salamanca”: el enredo para el Gobierno de los ateneos catalanistas y libertarios
La cesin del palacete de Pars al PNV por parte del Gobierno ha hecho renacer el sentimiento de agravio entre muchas asociaciones civiles y gremiales frente a los partidos polticos. Los centenares de ateneos populares, sindicatos agrcolas o cooperativas obreristas que, en las primeras dcadas del pasado siglo, alcanzaron una posicin de liderazgo social y laboral en Catalua hasta el inicio de la dictadura -cuando vieron confiscadas una gran parte de sus propiedades- exigen que su resarcimiento no se demore ms, trascurridas casi cinco dcadas desde la muerte del general Francisco Franco.
La investigacin de la historiadora Neus Moran sobre el decomiso de 741 propiedades que pertenecan a 455 asociaciones en Catalua, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, de la que ayer inform EL MUNDO, ha reabierto la exigencia de varias entidades catalanistas de que se cumpla la Ley de Memoria Democrtica y sus bienes sean retornados o haya una compensacin. Hasta la aprobacin de esta norma en las Cortes Generales, en octubre de 2022, el movimiento asociativo y obrero no haba encontrado vas legales explcitas como la ley de 1998 de restitucin o compensacin a los partidos polticos de bienes y derechos incautados en aplicacin de la normativa sobre responsabilidades polticas del perodo 1936-1939.
En el censo de lo que califica como “un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible”, Moran traza el registro propietario de los inmuebles desde el final de la Guerra Civil hasta la actualidad, algunos de los cuales siguen en manos del Estado, otros fueron cedidos a corporaciones locales y otros haban sido subastados antes de la recuperacin de la democracia. Cuando la Federacin de Ateneos de Catalua (FAC) emprendi, en 2015, su lucha para lograr esa restitucin ya advirti que se abra un proceso muy costoso y ms incmodo que los papeles de Salamanca, una alusin al largo proceso, iniciado en los aos ochenta, por el que se logr en 2005 la devolucin a la Generalitat de los documentos incautados en la contienda blica y que permanecan depositados en el Archivo General de la ciudad castellanoleonesa.
La mayora de aquellas entidades protagonistas de la sociedad civil en la II Repblica no sobrevivieron a las casi cuatro dcadas del franquismo. Algunas desconocan que el Estado era titular de sus antiguas propiedades y otras se atrevieron con procesos de demanda, pero sin xito. As le ocurri a la Mutua Escolar Blanquerna, una institucin con mtodos pedaggicos innovadores fundada en Barcelona en 1924 y disuelta en 1939. En 1993, la Justicia desestim el recurso contra la expropiacin de su sede, que haba pasado a albergar el instituto Menndez Pelayo. Distinta suerte a la del Ateneo Obrero de Sant Andreu de Palomar, fundado en 1885 y que contaba con una escuela laica con lneas nocturnas y gratuitas a las que tambin tenan acceso las chicas. Tras estar en manos de Falange, fue sede de dos centros docentes y, en 1988, una asociacin cultural heredera del legado del antiguo ateneo recuper el edificio.
Localizacin de varias de las propiedades confiscadas por el franquismo en Catalua, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.L’ESPOLI GENERAL
Una veintena de entidades sociales y culturales, entre ellas la FAC, solicitaron hace una dcada al Estado la devolucin de los elementos patrimoniales expropiados por las tropas franquistas en la Guerra Civil y por el rgimen a partir de 1939. Estas asociaciones reclamaban un trato similar al otorgado a los sindicatos en 1986, con la Ley de cesin de bienes del patrimonio sindical acumulado, al considerarse herederas de aquellas entidades que no sobrevivieron al hecho criminal de aniquilacin sistemtica del rgimen. Por ello, exigieron la constitucin de un Fondo de entidades culturales que se nutrir de las aportaciones de compensacin que el Estado deber aportar en concepto de reparacin de aquellas entidades que se den por desaparecidas.
En su demanda, las entidades catalanas tambin denunciaban un olvido por parte de la Generalitat hacia las vctimas de la sangrienta represin del fascismo. Precisamente, una de las viejas exigencias a la Administracin autonmica es la elaboracin de un catlogo completo del patrimonio confiscado por el rgimen en la regin.
El pasado junio, el Ministerio de Cultura dirigido por Ernest Urtasun (Sumar) se convirti en el primer departamento del Gobierno de Pedro Snchez en elaborar un inventario de fondos procedentes de incautaciones realizadas durante la guerra y la dictadura con la voluntad de retornar a sus legtimos dueos todos aquellos bienes que puedan ser identificados. La investigacin, iniciada en 2023 en los museos estatales de gestin directa de Cultura, identific objetos como vajillas, vasijas, mantones, abanicos, joyas, prendas de ropa u ornamentos litrgicos.
ERC, CNT y CGT, la Iglesia…
La doctora en Historia Contempornea Neus Moran dibuja en L’espoli general (El expolio general) el recorrido de ms de 700 propiedades confiscadas por el rgimen franquista a ateneos, cooperativas, sociedades obreras, partidos polticos o sindicatos en Catalua, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Un proceso por el que la evaluacin de la Comisin Calificadora de Bienes Sindicales Marxistas derivaba en el cambio de titularidad registral de los inmuebles incautados, muchos de los cuales pasaron a manos del Sindicato Vertical o de la FET-JONS (Falange Espaola Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). Con el tiempo, varias posesiones fueron subastadas o cedidas a particulares e instituciones afines o a corporaciones locales, algunas de las cuales siguen siendo las titulares.
En la investigacin de Moran, ERC aparece en numerosas ocasiones, como en el caso del Foment Republic de Sants, edificio en el que este partido fue fundado en 1931, como recuerda una placa en su balcn, y que aos despus sera propiedad de Falange. Una nave en el pequeo municipio barcelons de Castellfollit del Boix, de Esquerra y el sindicato agrario Uni de Rabassaires, pas a formar parte en 1948, y hasta la actualidad, de la Dicesis de Vic. Por otra parte, ERC sigue reclamando la Casa del Poble de Terrassa, que desde 1978 obra en poder del Ministerio de Trabajo, hoy dirigido por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Daz.
El inmueble del Grupo Pro Escuela Racionalista de la CNT-FAI en Rub, que basaba su enseanza en la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia, volvi en 1978 a manos del anarcosindicalismo, pero de la CGT, a cambio del compromiso de hacer obras de rehabilitacin. Antes haba operado, entre otros usos, como sede del Auxilio Social franquista.
