Revuelta en la Asamblea por la opacidad del Gobierno de Ayuso: la presidenta de la comisión de vigilancia de las contrataciones planea dimitir | Madrid | España

Ana Cuartero, presidenta de la comisión de vigilancia de las contrataciones de la Asamblea de Madrid, avanza en conversación con EL PAÍS que este jueves tiene previsto registrar su dimisión de ese puesto por las dificultades que a su juicio impone el PP de Isabel Díaz Ayuso a su labor de fiscalización. Tras reformar en diciembre las normas que regulan la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia, para as controlarlos, este organismo del Parlamento regional es el último reducto en el que la oposición puede poner la lupa sobre las decisiones económicas del Ejecutivo regional. Como el PSOE y Más Madrid coinciden en que la mayoría absoluta lograda por Díaz Ayuso en mayo de 2023 se está traduciendo en trabas a su trabajo que antes no existían, los tres partidos negocian no ocupar el puesto que previsiblemente dejará vacante la diputada de Vox. Es su forma de denunciar que no logran fiscalizar como quieren al Gobierno autonómico, al que califican de “antitransparencia”.

“Esto no sería tan grave sin la reforma de diciembre de la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia”, explica Cuartero en conversación telefónica. “Pero si lo que hay es un asalto al poder, que no cuenten con mi voto, ni con mi participación”, enfatiza. “Si mañana sale cualquier caso de corrupción, yo no voy a haber colaborado con no perseguirlo”, subraya. Y pone un ejemplo: “De 2011 a 2015, el PP gobernaba con mayoría absoluta y se ejercía un control sobre la comisión que era la cuarta parte de lo que se quiere ejercer hoy. Hubo ocho iniciativas sobre el Canal de Isabel II, que luego salió el caso Lezo, y diez sobre el caso Anieri. Si hoy aplicáramos a esta comisión los criterios que propone ahora el PP no veríamos nada de eso, serian iniciativas inadmitidas”.

La pelea se fragua en la Mesa de la Asamblea, el órgano que regula el día a día de la Cámara. Una de sus competencias es decidir qué iniciativas pueden sustanciarse, y cuáles no tienen cabida en el reglamento. Desde el inicio de la legislatura, hay un choque sobre qué procede tratar en la comisión de vigilancia de las contrataciones. El PP, que tiene mayoría absoluta en la Mesa, por lo que puede hacer y deshacer, sostiene que solo le compete estudiar los contratos entre el momento en el que salen a licitación, y su adjudicación. La oposición cree que también debe poder investigar la ejecución de esos contratos, es decir, seguir la pista del dinero por si se usa incorrectamente, como hasta ahora. Pero no está siendo posible. Y por eso, Cuartero plantea su dimisión, que en principio tiene previsto registrar a las 9.30 de este jueves en el registro de la Asamblea, justo antes del pleno semanal.

“El PP pretende restringir temporalmente nuestro trabajo al tiempo que pasa entre la publicación del contrato en el portal de contratación y la adjudicación”, resume Cuartero. “Ahí hay otros organismos que velan como el tribunal de recursos contractuales, o la propia intervención”, sigue, recordando que para el paso posterior, la ejecución de esa inversión está la comisión. “Nos han tomado el pelo”, dice sobre los meses gastados en intentar llegar a un acuerdo para que funcione una comisión que el PP destinó a Vox precisamente para evitar que la presidiera la izquierda.

La anunciada salida de Cuartero refleja la indignación que recorre a la oposición por los cambios legales patrocinados por Díaz Ayuso que, a su juicio, impiden fiscalizar al gobierno. Así, el Ejecutivo regional tramitó a finales de 2023, y aprobó en diciembre, una ley ómnibus que recogía una quincena de cambios legales en otras tantas leyes, dos de los cuales afectaban a la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia. Desde entonces, ambos organismos están bajo el control del Gobierno.

Así, el Consejo de Transparencia y Participación está integrado por tres consejeros nombrados por la presidencia de la Asamblea, a propuesta del Pleno de la Cámara, por mayoría de las tres quintas partes. Están en el cargo durante seis años, y se distribuyen rotatoriamente la presidencia cada dos años. Hasta ahora. Con la reforma del PP, el órgano que dirime las quejas sobre la transparencia del Ejecutivo será presidido próximamente por una persona designada por ese mismo Ejecutivo, su único integrante, pues el número de consejeros pasa de tres a uno. Y se especifica: “Se elimina su dependencia de la Asamblea”. La formación conservadora justifica que la reforma incluye poner “a su disposición una unidad técnica de apoyo, lo que redundará en su mayor carácter técnico, manteniendo la independencia del órgano”.

En cuanto a la Cámara de Cuentas, se modifica el sistema de elección de presidente y consejeros de forma similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Es decir, que el partido mayoritario en la Asamblea controlará la Cámara, como ocurre en el Parlamento. Y lo hará bien pronto: la nueva alineación debe ser aprobada, como tarde, tres meses después de su aprobación.

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