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Quirón prohíbe negocios privados como la compraventa sospechosa entre un ejecutivo y la pareja de Ayuso | Noticias de Madrid


El gigante de la sanidad privada Quirónsalud prohíbe a sus trabajadores hacer negocios particulares con proveedores del grupo si la cuantía se desvía de los precios del mercado, una regla interna que pone en cuestión el extraño pago de 500.000 euros que hizo la pareja de Isabel Díaz Ayuso a la esposa de un alto cargo de este grupo empresarial. La operación está siendo investigada como un posible soborno por una jueza de Madrid. Fresenius, la matriz alemana de Quirón, responde a EL PAÍS que está siguiendo de cerca el procedimiento judicial, pero ha evitado contestar un cuestionario sobre un caso que ha puesto un foco incómodo sobre la compañía. “No somos objeto de estas investigaciones y, por lo tanto, solicitamos su comprensión, puesto que no podemos hacer comentarios al respecto”, responde un portavoz. La jueza considera que la empresa es posible perjudicada por las acciones del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, “en connivencia” con ese ejecutivo de Quirón, Fernando Camino.

El Código de Conducta y Ética de Quirónsalud recoge una regla habitual en el mundo corporativo. La prohibición sobre negocios particulares con proveedores busca evitar tratos de favor con esas terceras empresas. A cambio de una transacción privada secreta, los responsables de las empresas pueden contratar a esos proveedores por un importe superior al de mercado o incluso pagarles por un servicio inexistente. Expertos en derecho penal económico indican que estos conflictos de interés pueden tener repercusión penal si encajan en el tipo delictivo de corrupción en los negocios, que castiga los sobornos en el ámbito empresarial. En ocasiones, las organizaciones piden a sus empleados que informen a la empresa sobre esos negocios privados para, en caso de ser aceptables, darles su aprobación.

Quirónsalud ordena a todos sus empleados evitar situaciones que puedan generar conflicto de interés. “No podemos a título personal recibir dinero, ni cualquier otro tipo de activo o contraprestación económica o en especie, de pacientes, clientes, proveedores, intermediarios, ni de ninguna otra tercera parte, ni siquiera como préstamo, excepto si dicha transacción se realiza en el contexto de una relación comercial transparente y legal realizada a precios de mercado”, dice el artículo 4.11 de su código, llamado “anticorrupción”.

Además, la empresa prohíbe a sus trabajadores recibir obsequios de terceros. “Estos solo podrán aceptarse cuando se ajusten a usos sociales adecuados al entorno y solo si se cumplen todas y cada una de las condiciones requeridas en las políticas específicas anticorrupción establecidas en el Grupo y que básicamente establecen que dichos obsequios en ningún caso pueden servir para influenciar una decisión de negocio, económica o que pueda reportar un beneficio a ninguna de las partes implicadas en esa transacción”.

Fresenius también dispone de un código de conducta con advertencias sobre esos negocios con terceros: “No aceptamos ningún beneficio indebido de nuestros socios comerciales”, dice. “No aceptamos beneficios que puedan influir nuestras decisiones o pueda parecer que lo hacen”.

Ni Fresenius ni Quirón han contestado a este periódico si Camino informó a la empresa sobre sus negocios particulares con Amador, si se ha abierto una investigación interna, si van a personarse en el caso o si han seguido contratando a las empresas de la pareja de Ayuso.

Tratos con amigos

El alto cargo en cuestión es Fernando Camino, presidente y director general de Quirónprevención, una rama del grupo que ofrece servicios médicos de prevención de riesgos laborales a más de 179.000 empresas. Quirónprevención ha contratado con las consultoras de Amador, Maxwell Cremona SL y Masterman & Whitaker SL, para que les asesoren en la obtención y mantenimiento de sus sellos de calidad, útiles para mostrar el cumplimiento de ciertos estándares. Esta área del grupo Quirón es con diferencia el principal cliente de Amador y gracias a ellas, este ha facturado a lo largo de los años cuantías importantes.

El caso Amador comenzó en marzo del año pasado como una investigación por fraude fiscal a la pareja de Ayuso, pero dio un giro a principios del mes pasado, cuando la jueza de instrucción del 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, recibió luz verde para ampliar el foco a sus negocios con Quirón. En el centro de las pesquisas se encuentra un pago de 500.000 euros que hizo Amador a la esposa de Camino, Gloria Carrasco. Amador abonó ese dinero en diciembre de 2020 por la empresa Círculo de Belleza SL, que apenas tenía valor de mercado, según la investigación que hizo Hacienda.

Ese pago sospechoso aparenta ser una contraprestación por el buen trato de Camino a Amador. Fuentes del caso indican que puede tener su razón en los casi dos millones de euros que se embolsó Amador en 2020 por intermediar en una compraventa de mascarillas chinas. Camino aparece en esa operación como consejero de la empresa compradora, la gallega Mape. Pero también puede deberse al negocio habitual de consultoría entre Maxwell y Quirón, una actividad difícilmente cuantificable. Es llamativo que Amador facturó a Quirón en 2021 más de un millón de euros, pero solo abonó 92.750 a los “auditores/consultores externos” que contrataba puntualmente para esas labores.

La posición de los abogados de Amador ha abonado esta segunda hipótesis. El 3 de marzo enviaron un escrito a la jueza en el que contemplan la posibilidad de que todos los ingresos de Amador procedentes de Quirón sean ilícitos. Advertían de que, si la investigación confirma esa circunstancia, sería improcedente condenar a Amador por fraude fiscal. Para llegar a esa conclusión aparentemente favorable para su cliente, citan doctrina del Tribunal Supremo según la cual “los ingresos con origen delictivo objeto del proceso penal no deben dar lugar a su tributación”.

La jueza Iglesias ha citado a Amador el jueves 10 de abril como investigado por corrupción en los negocios y administración desleal, en un auto que considera que la empresa sanitaria “puede ser perjudicada” por los hechos presuntamente cometidos por Amador, “en connivencia con los responsables de Quirónprevención”. La jueza añade: “Una vez practicada dicha diligencia se acordará lo que proceda”.

El empresario Alberto González Amador sale de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, el 24 de febrero, en Madrid.

Los juristas especializados en delitos económicos dicen que las empresas tratan de regular los conflictos de interés para evitar posibles escenarios perjudiciales para la compañía, que pueden acarrear incluso sanciones penales para la empresa. Las relaciones con proveedores amigos o familiares son particularmente delicadas. El socio director de Bonatti Compliance, Francisco Bonatti, explica que la casuística es diversa y puede suceder que el negocio alcance relevancia penal, que solo sea castigado internamente, o que ni siquiera merezca reproche. “La tendencia en el mundo corporativo es prohibir estos actos, o por lo menos obligar a comunicarlos, porque lo natural es mirar con mejores ojos a estas personas”.

“Quironesa”

El silencio de Quirón contrasta con la tormenta en torno a la empresa. La oposición de izquierdas lleva años sugiriendo que la empresa se beneficia del trato que le brinda la Comunidad de Madrid, que anualmente le paga cientos de millones por prestar asistencia en cuatro hospitales gestionados por la compañía. Durante el Gobierno de Ayuso, la deuda del Ejecutivo madrileño con Quirón se ha reducido de 1.004 millones a 455 millones.

Ahora, la oposición ha subido el tono. Más Madrid ha apodado a Ayuso “la Quironesa” y tanto ese partido como el PSOE se refieren a su pareja como “Alberto Quirón”, un mote que han tomado prestado del jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo registró así en su teléfono a Amador.

Un experto en gestión de crisis reputacionales, Carles Montaña, señala que ese hermetismo de la empresa podría explicarse porque el ruido no esté afectando a las cuentas del negocio. Con todo, no le sorprende su silencio, teniendo en cuenta que el mundo empresarial en España suele ser más hermético que el de otros países de nuestro entorno. Considera que esa estrategia tiene perjuicios. “Siempre es interesante dar explicaciones”, señala. “Cuando una empresa da un paso adelante evita que otros dirijan la narrativa”.

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