Nueva asociacin de abogados del Estado: primer comunicado contra la defensa pblica de Garca Ortiz
Una nueva asociacin de abogados del Estado ha nacido con el objetivo de constituir un foro de pensamiento y participacin abierto a todos y cada uno de los abogados del Estado, con independencia de la situacin administrativa de los mismos. El nuevo colectivo, denominado Asociacin de Abogados del Estado por el Estado de Derecho, pretende convertirse un instrumento de reflexin colectiva capaz de adoptar posicionamientos con mayor libertad de criterio y expresin de las permitidas por dicha funcin.
En una carta dirigida por la Junta de Direccin de la nueva asociacin a los miembros de este cuerpo de altos funcionarios, este colectivo subraya que su principal preocupacin, no es tanto la Abogaca del Estado como grupo profesional, sino como institucin centenaria y tradicionalmente reconocible por sus valores fundacionales y, entre ellos, y fundamentalmente, la defensa del Estado de Derecho al servicio de la imitacin del poder y de los derechos de los ciudadanos.
Como primer acuerdo, la Junta Directiva de la Asociacin de Abogados del Estado por el Estado de Derecho ha criticado que los servicios jurdicos del Estado asuman la defensa en el Tribunal Supremo del fiscal general, lvaro Garca Ortiz. Los hechos ya constatados durante la instruccin del proceso que se sigue como investigado contra lvaro Garca Ortiz, actual fiscal general del Estado, patentizan que, con independencia de la calificacin legal de su conducta (cosa que slo incumbe a los rganos judiciales), no concurren los requisitos legales necesarios para que la Abogaca del Estado se haga cargo de su defensa. Esta asociacin recuerda que su reglamento recoge que slo se preste para amparar conductas reconducibles al legtimo ejercicio por el investigado de sus funciones, por lo que piden el cese de la defensa jurdica de Garca Ortiz.
Lo cierto es que el espritu colonizador de las instituciones desplegado por el Ejecutivo de Pedro Snchez tambin ha arrastrado al buen nombre de la Abogaca del Estado. El presidente orden el pasado julio a este rgano para querellarse contra el magistrado que investiga por corrupcin a su esposa Begoa Gmez, el juez Juan Carlos Peinado, y recibi un sonoro varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero la querella del presidente del Gobierno no ha sido la nica actuacin extravagante de la Abogaca del Estado en los ltimos tiempos. Este organismo, en representacin del Gobierno, acus al Tribunal Supremo de emplear criterios estrictamente polticos e ideolgicos y no tcnico-jurdicos al cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Amnista. Para el abogado general, la postura jurdica expuesta por la Sala de lo Penal del Supremo tena un indudable carcter poltico.
Tampoco pas inadvertida para los miembros de este cuerpo la recusacin prematura que la Abogaca del Estado present en el Constitucional contra el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y actual magistrado Jos Mara Macas, antes incluso de que admitiera su personacin en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley que borra el procs.
