La última batalla del caso Juana Rivas: Arcuri esgrime ocho años de informes en Italia con el gobierno volcado con la madre

Ocho años de monitorización por parte de los servicios sociales y psicólogos forenses italianos, sin advertir estos ni un solo problema entre padre e hijo -y un ambiente constructivo de crecimiento y protección, con buenas notas en el colegio y un entorno afectivo positivo-.

Varias ocasiones en que el menor manifestó a estos psicólogos y forenses que su madre -y con el tiempo también su hermano mayor-, cuando pasaba tiempo con ella en España, le intentaba manipular, intentando convencerle de que su padre le pegaba, cuando no era así, admitía el crío.

Anteriores ocasiones en que la madre, Juana Rivas, desobedecía de forma contumaz las resoluciones judiciales para intentar quedarse a su hijo pequeño en España y separarlo del padre -por una de ellas, condenada en España a dos años y medio de cárcel, y luego indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez-.

El hecho de que el tribunal civil italiano, el que lleva ordenando nueve años los problemas familiares de los Arcuri Rivas, había establecido que Daniel no viajara en ningún caso a España a ver a su madre y su hermano a Granada -el niño así lo pidió en diciembre, la última vez en que habló ante el juez italiano-, pero el magistrado accedió a que viajara porque la madre alegó no poder hacerlo por «enfermedad».

Y más aún: el hecho de que Daniel Arcuri Rivas viajó a España a pasar estas navidades con estrictas órdenes judiciales italianas dirigidas a su madre. Para evitar manipulaciones contra el padre, y por orden del juez, Juana Rivas no podía llevar a Daniel a psicólogos, trabajadores sociales, abogados e incluso médicos, salvo necesidad acuciante y justificada.

Incluso, para tranquilidad del padre, el juez obligaba a que desde España estas navidades Daniel debía hablar con él todos los días que estuviera en Granada -ha sucedido todo lo contrario: Daniel no ha hablado ni un solo día con su padre-.

Todo lo anterior son, según fuentes de los juzgados de Granada, los argumentos que Francesco Arcuri está haciendo valer en España para recuperar a su hijo pequeño, Daniel, de 11 años, después de que la justicia española haya atendido la petición de la madre de no devolverle al país transalpino para protegerle de un «peligro mortal» presuntamente verbalizado por el menor -decisión tomada a la segunda, ya que antes fue descartada por una juez de Málaga que admitió no tener jurisdicción-.

Esto es lo que choca mientras usted lee esto en el juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Granada, con (de nuevo, como en 2017) toda España observando y el eslogan Juana está en mi casa asomando de nuevo en las redes sociales: Italia ha decretado civilmente siempre que los niños debían estar con Arcuri, pero España da inicial crédito a las constantes denuncias de Rivas, y ya también de su hijo mayor, de una violencia paterna nunca demostrada, ahora respaldada también por la Fiscalía italiana al dar credibilidad al testimonio de Gabriel, el hijo mayor -quien por otro lado ya en 2018 fue caracterizado como «recipiente de las ansiedades maternas» por la perito forense del juzgado de Familia-.

El lado de Rivas blande vídeos en que el menor, en España, dice que su padre le maltrata. Vídeos ya vistos por el juzgado italiano, para el que son más de lo mismo: «No hay nada nuevo», decía el juez en auto del pasado 2 de enero para ordenar la vuelta de Daniel a Cerdeña, donde vive con su padre -una queja a la que no obstante Violencia sobre la Mujer 2 de Granada dio credibilidad este martes por la noche-.

El lado de Arcuri alega, por su parte, que durante casi cinco años trabajadores sociales de Carloforte visitaron su hogar dos veces por semana sin ver conflicto alguno, y el profundo conocimiento de su causa del juzgado sardo que por dos veces le otorgó a él la custodia de los menores, en 2018 y en 2022, las dos ocasiones declarando, tras profundas y largas periciales psicológicas (la primera duró seis meses y decenas de entrevistas y dinámicas de familia), que él era el «único progenitor» capaz de «cuidar de sus hijos» -aunque en 2023 dejando a Gabriel, el mayor, irse con su madre, atendiendo a su petición por tener ya entonces 16 años, pese a entender aún así la corte que debía estar con su padre-.

Y el niño, ¿qué dice? El pasado 6 de septiembre, ante el propio juez de Familia y sin su padre delante, el magistrado de Cerdeña le preguntaba si quería ir a España a ver a su madre y su hermano: «Prefiero que vengan ellos aquí», decía Daniel, según confirman fuentes judiciales españolas. ¿Cómo estaba Daniel con su padre? «Bien, planeando un viaje a un sitio cálido», contestaba el crío al juez, aparentemente ajeno a ningún conflicto con su progenitor.

De hecho, la última sentencia civil italiana sobre el caso, de febrero de 2023, es demoledora con Rivas, apoyada en otra sólida pericial forense de 69 páginas: el tribunal, en el documento, según fuentes judiciales españolas que han tenido acceso a él, censura a la madre cuando no devuelve a los hijos al padre durante varios días en octubre de 2018, la obliga a ir a un curso de «apoyo a la parentalidad» semanal y a enviar reporte a los Servicios Sociales sardos cada tres meses, tacha de «inverosímil» que los niños sufrieran malos tratos paternos en Carloforte y «nadie se haya dado cuenta», y también que sufrieran «terror de ser asesinados» -como ellos verbalizaban según Juana Rivas- y «sólo» se lo dijeran «a la madre».

En esa misma sentencia de 2018, según ha podido confirmar este diario, la corte italiana decía: «Rivas ha llegado a inducir en Daniel falsas acusaciones contra el padre, que además él siempre ha expuesto tras episodios con la madre, generando confusión en el niño».

¿Quién tiene razón? Las justicias italiana y española tienen la palabra.