Familiares de vctimas de la dana piden imputar al presidente y los tcnicos de la Confederacin Hidrogrfica del Jcar
La jueza que instruye la causa judicial de la dana ha puesto el foco, con el respaldo de la Fiscala de Valencia, en la actuacin de la Generalitat Valenciana, a cuyas autoridades responsabiliza de la alerta tarda a la poblacin. Segn apunta la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, fue la “inactividad patente” de la Generalitat lo que provoc el “abrumador” nmero de muertes el 29 de octubre. Familiares de vctimas de la dana, sin embargo, apuntan tambin a la Confederacin Hidrogrfica del Jcar (CHJ).
La magistrada de Catarroja slo ha citado a declarar como imputados a la ex consejera responsable de Emergencias, Salom Pradas, y al que fuera su nmero dos en el departamento, el ex secretario autonmico Emilio Argeso. Ya rechaz la imputacin de la delegada del Gobierno, Pilar Bernab, y del presidente de la CHJ, Miguel Polo. Sin embargo, Familiares de vctimas de la dana han vuelto a reclamar que se investigue la responsabilidad del organismo estatal dependiente del Ministerio para la Transicin Ecolgica.
En un escrito al Juzgado al que ha tenido acceso este diario, varios familiares manifiestan su “total adhesin” al recurso contra la inadmisin de la querella contra Polo y otros cuatro trabajadores de la CHJ que present la asociacin Hazte Or.
Segn se sostiene en el escrito presentado, los responsables de la CHJ tenan los conocimientos tcnicos necesarios para interpretar los datos de caudales y “dar la voz de alarma de forma clara y eficiente”. En este sentido, se seala que “precisamente en las horas ms crticas, cuando el barranco ya estaba fuera de cauce, omitieron toda informacin relevante”, un argumento que apuntala el del “apagn informativo” que defiende tambin la Generalitat.
“Es inaudito que se les excuse con la remisin a un informe exculpatorio emitido por la propia CHJ de la que son los mximos responsables, sin mayor investigacin”, se insiste.
Segn estos familiares, que se investigue el papel de la CHJ “no significa que otros responsables de la Consejera, Delegacin del Gobierno, Ministerio o Ayuntamientos no tengan una parte igual o mayor de responsabilidad”. Pero, agregan, “parece que toda la culpa se quiere descargar en los responsables autonmicos, cuando lo cierto es que la desidia, impericia o negligencia va mucho ms all”.
El escrito concluye, de hecho, que “los mismos argumentos que han servido para fundamentar esas imputaciones [la de Pradas y Argeso] pueden sostener las de otros miembros del CECOPI, que, como rgano colegiado, sus componentes pueden ser responsables de las decisiones acordadas, salvo que hicieran valer su protesta u oposicin, de lo que de momento no tenemos noticia alguna”.
La Fiscala, sin embargo, ya ha dejado claro tambin que quien tena “la funcin de determinar las medidas de proteccin” para la poblacin era Pradas como titular de la Consejera responsable de Emergencias. Fuentes de la Generalitat han cuestionado este pronunciamiento porque se exime de culpa a la delegada del Gobierno, a pesar de que “aval la actuacin de la Generalitat en todo momento” en la reunin del CECOPI.
