130 causas a etarras y seis casos de corrupcin dependen de la reforma judicial de Snchez: el PP intenta frenarla ya en el Congreso
“Inconstitucionalidad evidente y palmaria”, “autoamnista socialista a costa de desactivar al Poder Judicial”, “subversin de la legalidad y de los fundamentos de la democracia”, “arbitrariedad” y “consolidacin del lawfare“. Con estos argumentos, el Partido Popular reclama a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisin de admitir a trmite la proposicin de ley del PSOE de garanta y proteccin de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, bautizada por sus detractores como “ley Begoa” o “ley de impunidad”, por cuanto su aprobacin supondra el archivo de todas las causas abiertas a la familia del presidente del Gobierno, a su entorno poltico, incluido el Fiscal General del Estado, y su partido, el PSOE. La reconsideracin que exige el PP ser estudiada hoy en la Mesa y en la Junta de Portavoces.
Los populares recuerdan que la iniciativa pretende “vaciar de contenido la figura de la acusacin popular en los procesos penales; evitar la admisin a trmite de denuncias basadas en informaciones periodsticas; suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos; incluir una nueva causa de abstencin o recusacin para limitar la libertad de expresin de los jueces y una disposicin transitoria con el fin de asegurarse que todos los procesos judiciales en marcha que se sostienen por la acusacin popular se archiven nada ms entrar en vigor”.
En este ltimo apartado entraran, segn el PP, las causas contra Begoa Gmez, David Snchez, lvaro Garca Ortiz, Jos Luis balos, Koldo Garca y Tito Berni. Todos ellos, aseguran, pasaran a formar parte de una especie de “casta poltica” ajena al principio de igualdad ante la ley que establece el artculo 14 de la Constitucin. Por ello, consideran que la proposicin es una suerte de “autoamnista con nombres y apellidos”, una “perversin del rgimen constitucional incompatible con el principio de Estado de Derecho proclamado en el artculo 1 de la Constitucin”.
Sostienen que la iniciativa, de ser aprobada, “limitar gravemente la investigacin de hechos relacionados con la corrupcin”, esto es: malversacin, cohecho, trfico de influencias o prevaricacin. Segn el PP, lo que se plantea es una “ley de impunidad de la corrupcin socialista presente y a futuro, maniatando a la Justicia y a la prensa libre; una autoamnista socialista a costa de desactivar al Poder Judicial”.
En el escrito aaden, adems, la anomala que supone que la proposicin fuera admitida a trmite, con el voto mayoritario de PSOE y Sumar, sin que se presentara informe con argumentos tcnico-jurdicos lo que, en opinin de los populares, refuerza la “arbitrariedad del acuerdo, basado exclusivamente en criterios de oportunidad poltica”.
En este sentido, recuerdan la doctrina del TC segn la cual “toda decisin del poder ha de quedar, sin excepcin, sujeta a la Constitucin, sin que existan, para el poder pblico, espacios libres de la Constitucin o mbitos de inmunidad frente a ella”.
El Partido Popular mantiene que la proposicin de ley vulnera al menos nueve artculos de la Carta Magna: el 9.1 y 9.3; el 14; el 16; el 66; el 20; el 117.3; el 125 y el 24.
Recalca que la “desviacin constitucional” puede observarse en el propio ncleo de la reforma ya que plantea “desactivar la accin popular”, un derecho que tienen los ciudadanos y que est recogido en el artculo 125 de la Constitucin con conexin directa con la tutela judicial efectiva del artculo 24.1.
Segn el TC, “el acusador popular tiene una legitimacin derivada del artculo 125 de la Constitucin y no precisa afirmar que es el ofendido por el delito para que se le reconozca el derecho a ejercitar la accin penal”.
El PP considera esta funcin “clave” en defensa de la legalidad y el control del poder, especialmente en momentos como el actual en el que, seala, “el Ministerio Fiscal est al servicio del Gobierno”. Tambin arremete contra la norma por negar el ejercicio de la accin popular a los partidos polticos, lo que “comporta privar a los ciudadanos ejercer sus derechos a travs de sus representantes”.
Argumenta, en definitiva, que la accin popular se ha convertido en un instrumento esencial para asociaciones protectoras del medio ambiente, entidades en defensa de los derechos de las mujeres y menores vctimas de violencia o asociaciones como Dignidad y Justicia o Vctimas del Terrorismo. Y advierten que si la proposicin de ley fuera aprobada, la AVT, por ejemplo, sera expulsada como acusacin popular en ms de 130 casos de terrorismo de ETA que inevitablemente decaeran.
Los populares recuerdan en su escrito que todas las asociaciones de jueces han mostrado pblicamente su postura en contra de la proposicin de ley y se detienen al sealar el artculo 9 de la Constitucin que garantiza el principio de legalidad, la jerarqua normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurdica, la responsabilidad y la interdiccin de la arbitrariedad de los poderes pblicos.