El Gobierno valenciano endurece su discurso sobre inmigracin y respalda a Vox en su peticin de pruebas de edad a los menores
El contexto es siempre importante, pero ms en poltica. Y, en la actualidad, este contexto no puede desligarse de la negociacin presupuestaria, de la que depende en buena medida la forma en que avance la legislatura: con las cuentas de la Generalitat para 2025 prorrogadas o no. El escenario al que se enfrenta el Gobierno valenciano del PP depende de si Vox le apoya con los presupuestos o si, por el contrario, hace valer sus votos para evidenciar su minora parlamentaria. La poltica migratoria decidir la partida.
Al menos, esta es la consigna que viene manteniendo Vox, que este lunes reuni a sus dirigentes autonmicos en Bamb para reiterar que los gobiernos regionales no tendrn su respaldo si no hay por su parte un rechazo explcito al reparto de los menores migrantes que Canarias no puede acoger. Con este teln de fondo, el Gobierno de Carlos Mazn ha decidido endurecer su discurso con el foco puesto en las pruebas de edad que deben pasar los menores, en lnea con una de las reivindicaciones de Vox.
La vicepresidenta de la Generalitat y mano derecha de Mazn en el Consell, Susana Camarero, acus en Punt al Gobierno de Pedro Snchez de “colar por la puerta de atrs” a menores migrantes. Segn las cifras de su departamento, el Gobierno envi a la Comunidad Valenciana a un total de 991 migrantes adultos, entre los que se incluy a un total de 80 menores cuya edad no fue revelada hasta que pisaron tierras valencianas. Entre ellos haba incluso un nio de 15 aos.
As como la atencin a los mayores de edad no es competencia de la Generalitat, s lo es la acogida de los menores que, segn fuentes de la Generalitat, suponen un coste de 200 euros al da por menor. “El Gobierno no ha pagado nada por ellos”, afirman fuentes del departamento que dirige Camarero, que habla por ello de “coladero”.
En palabras de Camarero, “que los cuelen en cupos de mayores es malo para ellos y para los menores tutelados de los centros” que conviven en la Comunidad Valenciana. “Si los meto en los centros sin identificar, pongo en peligro a mis menores tutelados”, segn Camarero, que reclama por tanto que, antes de abandonar Canarias, sean sometidos a pruebas de edad.
La competencia de encargar estas pruebas recae en la Fiscala, pero no siempre se realizan, segn las fuentes consultadas, con lo que en ocasiones llegan a la Comunidad Valenciana menores -no identificados como tales- en grupos de adultos.
Vox present recientemente en las Cortes Valencianas una Proposicin No de Ley (PNL) para solicitar que se realicen “pruebas parciales exhaustivas a todos los inmigrantes ilegales no acompaados, que se encuentren bajo la tutela de la Generalitat, para determinar su edad”. En este punto convergen Vox y el PP, a pesar de que ambos partidos ya dejaron patente su distancia en poltica migratoria en el parlamento autonmico.
