Bruselas se inclina por esperar a despus del 9-J para publicar su anlisis sobre la compatibilidad de la amnista con las leyes europeas
Ahora que el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Amnista, a Bruselas le toca mover ficha, pero no parece tener prisa. Desde finales del ao pasado, cuando el PSOE y Junts llegaron a un acuerdo en la capital belga para sacar adelante esa legislacin, a cambio del apoyo a Pedro Snchez para la investidura, la Comisin Europea se ha mantenido oficialmente de perfil. Los contactos han sido constantes y a todos los niveles, desde las direcciones generales (sobre todo Justicia) a los gabinetes de los comisarios implicados, Didier Reynders y Vera Jourova, pasando por el equipo de la propia presidenta, Ursula von der Leyen. Pero la posicin era que no habra evaluacin, anlisis, dictamen, hasta que la ley estuviera aprobada formalmente.
El da ha llegado, pero la Comisin se pone todava de perfil y no revela an qu calendario maneja. Podran ser das, alguna semana, pero no ms. En Bruselas no queran decir nada preventivamente por si la ley no sala o por si el texto final cambiaba, ya que desde el borrador original ha habido modificaciones de calado y precisamente en el tema ms sensible en la UE, la cuestin de los delitos de terrorismo. Pero el mayor problema ahora mismo es otro: las elecciones del 9 de junio.
“Estamos en contacto cercano con las autoridades espaolas y hemos seguido el desarrollo muy atentamente. La ley ha sido adoptada ahora mismo, as que ahora podemos analizarlo en relacin a la legislacin comunitaria. Y en todo caso, seguimos atentos y en contacto para la redaccin del Informe sobre el Estado de Derecho”, ha dicho una portavoz comunitaria en relacin al documento anual que se publica examinando los problemas, retos o amenazas pas por pas. En las ltimas ediciones la renovacin del CGPJ era siempre la principal obsesin, pero este ao la amnista y sus riesgos deberan tener un protagonismo destacado.
Lo que no se atreven a decir es la fecha. El momento es muy delicado porque en poco ms de una semana hay elecciones, y la presin desde las capitales en estas situaciones es mayscula. “No tenemos un calendario especfico para terminar el anlisis”, ha reiterado la portavoz sin dar ms indicaciones. Las fuentes consultadas no descartan nada ahora mismo porque las llamadas, las presiones, los incentivos son demasiado y muy sensibles, pero consideran muy improbable, casi imposible, que se decida algo en breve. La ltima palabra est muy arriba, pero casi todos los que tienen algo que decir se estn jugando ahora mismo su cargo para los prximos aos y los equilibrios son precarios.
La excedencia de Reynders
Adems, se suma un elemento adicional: el comisario de Justicia, Didier Reynders, est con una excedencia mientras opta a la secretara general del Consejo de Europa. La evaluacin era parte de su cartera, ahora en manos de Vera Jourova. Si el belga no consigue el puesto volvera hacia el 25 de junio. Pero incluso si lo lograra, podra volver temporalmente hasta septiembre. Y en todo caso, esperando a la segunda mitad de junio ya se puede incorporar al informe de Estado de Derecho, que sale en las semanas previas a la pausa de verano.
Desde el edificio Berlaymont, sede principal de la Comisin, evitan la mencin directa, pero sugieren que dado que es una cuestin tan importante, con muchas aristas, se tomarn el tiempo que sea necesario, “sin correr”. La Ley de Amnista nunca ha gustado, no es un secreto. Menos al comisario Reynders que a la vicepresidenta Jourova, pero tampoco a la presidenta Von der Leyen, en una posicin ms que comprometida por las peticiones, quejas y reproches de Alberto Nez Feijo y los suyos. Pero el belga era el ms proclive a movimientos ‘agresivos’, como la carta que mand al Gobierno de Espaa pidiendo informacin sobre el texto que peleaban Santos Cerd y Jordi Turull en la vspera del acuerdo, mandando un recado no muy sutil.
Antes de que se formalizara ese acuerdo entre PSOE y Junts el mensaje desde Bruselas fue clarsimo: cualquier ley que salga ser competencia nacional y no hay nada a nivel europeo que impida las amnistas, pero no se poda poner en riesgo la integridad financiera de la Unin, esto es, sus fondos. Y cualquier mencin al lawfare o una posible revisin de las decisiones del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o Legislativo era impensable. Y por eso en el texto no haba ninguna de las dos cosas.
Pero a eso se ha aadido un problema posterior, el terrorismo. La incomodidad es mxima. La UE o es el Tribunal Constitucional espaol, su tarea no es decir si la ley se ajusta a la Carta Magna, pero s debe analizar en un contexto ms amplio y con esas tres vertientes: Estado de Derecho, proteccin de los intereses financieros y la normativa sobre terrorismo.
Si hubiera sido otro pas, ms pequeo o con menos peso, los mensajes hubieran sido muchsimo ms duros desde hace meses, como pas hace no tanto con Rumana por una Ley de Amnista para exonerar a miembros del partido del Gobierno de entonces. Ahora es para dejar sin castigo a los socios que necesita el Ejecutivo para seguir en el poder. No puede ser ms burdo. La misin de la Comisin no es juzgar si es un acierto poltico, o si eso mejorara la convivencia o no, sino atenerse a sus competencias. Y cuando tantas asociaciones de magistrados, fiscales o abogados han denunciado el texto. Cuando la oposicin poltica es tan clara y las crticas en los medios dominante, la Unin no puede permanecer siempre de costado sin mojarse.
El terrorismo es un problema serio. Y que la ley se haya hecho pensando en gente muy concreta, con nombres y apellidos, a medida, tambin. No es lo que recomiendan los ‘estndares’, por decirlo as, como ha sealado y criticado implcitamente la Comisin de Venecia, perteneciente al Consejo de Europa (que no forma parte de la UE, pero que como en el caso de los integrantes del CGPJ se usa para fijar mnimos).
