Zarzalejos: «Se concitan todos los requisitos para una mutacin constitucional que altere la naturaleza de la monarqua»

El Rey ha entrado en una zona de alto riesgo en la XV legislatura de la democracia, la actual. La amnista a los impulsores y ejecutores de la sedicente declaracin de independencia de Catalua en 2017 fue un hito materialmente derogatorio de principios constitucionales -seguridad jurdica, igualdad de los ciudadanos ante la ley, separacin de poderes- que impacta desastrosamente sobre el propio jefe del Estado, quien, el 3 de octubre de ese ao, de modo asertivo y en ejercicio tanto de su derecho al mensaje como a su reserva de poder en situaciones excepcionales, invirti todo su capital referencial en la defensa de la unidad de Espaa y de la vigencia del principio de legalidad. Una amnista a cambio de votos parlamentarios para investir a un presidente del Gobierno con insuficiencia crnica de escaos de su propio partido plantea un desafo a la jefatura del Estado en un mbito que constitucionalmente le concierne. La impunidad legislada por sus propios beneficiarios constituye un disparate jurdico, aunque no solo. Tambin lo es desde el punto de vista tico y hasta moral, como bien rese el Rey tanto en octubre de 2017 como, de forma elptica pero ntida, en su mensaje de Navidad de 2023, en el que reclam la defensa de la dignidad de Espaa vapuleada por los relatos y previsiones de los pactos firmados en noviembre de ese ao para la investidura del actual presidente del Gobierno.

Se estn concitando todos los requisitos para que el diagnstico desemboque en una mutacin constitucional que altere la naturaleza de la monarqua espaola. Es, hasta ahora, si bien precariamente, homologable a otras europeas, pero migrar aceleradamente hacia el modelo decorativo y ornamental sueco si persiste el cortocircuito al Rey en el desarrollo de sus funciones, que se delimitan tanto por la Constitucin como por unos deseables usos an sin consolidar en Espaa tras ms de 46 aos de vigencia de la Carta Magna.

Apartar al jefe del Estado de todo protagonismo en la poltica exterior, romper el ritmo de los despachos presenciales desconociendo su derecho constitucional a ser informado de los asuntos de Estado -Snchez no los mantiene semanalmente y, adems, con frecuencia no son presenciales en la Zarzuela-, utilizarle para estratagemas polticas personales -como colofn a su retiro del mes de abril de 2024-, permitir que desde el propio Gobierno de coalicin se le descalifique por ministros del partido minoritario o asumir el peaje de que los socios parlamentarios lo hagan de manera constante -ni un reproche pblico a los portavoces de Junts, ERC o Bildu cuando se refieren al Rey en trminos inaceptables-, regatearle presencias -no se le planifican suficientes visitas de Estado ni viajes – y constreirle a una agenda tantas veces irrelevante desde el punto de vista institucional, adems de materializar la deslealtad, es tambin un despilfarro en la ne cesaria acumulacin de esfuerzos para servir a los intereses del Estado y de la nacin.

En septiembre de 2022 falleci Isabel II de Inglaterra, seguramente el espejo de todos los monarcas parlamentarios de Europa. En 2014, abdic Juan Carlos I, en quien la sociedad espaola deposit su confianza para conseguir la indita democracia de 1978 que dispar la reputacin internacional de Espaa. No hay monarqua parlamentaria que no haya registrado turbulencias familiares nada edificantes. Se han producido otras abdicaciones que marcan una tendencia segn la cual los reinados ya no son vitalicios. La siguiente generacin real en los pases europeos ha adquirido perfiles diferentes en un proceso de adaptacin mesocrtica, bien visible tambin en Espaa con el matrimonio del Rey en 2004. Es una apuesta decidida por la sostenibilidad de la monarqua cuando ya est mediada la tercera dcada del siglo XXI.

El aburguesamiento monrquico no es una apuesta segura, pero es necesaria. Ahora bien, la monarqua como forma de Estado carece de fuerza poltica autnoma y se sostiene en la urdimbre institucional. Su combustible es la lealtad a la significacin histrica, simblica y representativa del titular de la institucin. Sin lealtad la monarqua pierde oxgeno y su permanencia est abocada a dos salidas: a la meramente litrgica pero inane o, simplemente, a su extincin. En un pas como Espaa, con la irresuelta cuestin territorial, en poca de populismos enfebrecidos, el Rey es tan necesario como cuando en 1975 el legtimo representante de la dinasta histrica, su padre, sintoniz con la nacin como lo ha hecho su hijo desde las primeras emergencias polticas de 2014.

El respaldo social a la figura del Rey, la simpata y empata que despierta la Princesa de Asturias y la progresiva valoracin que adquiere la Reina en su papel simblico, no constitucional pero s contributivo a la imagen de la Corona espaola, no han merecido el tratamiento demoscpico especfico del CIS que dirige Jos Flix Tezanos. En la Moncloa, quiz, no desean testimonios de sesgo oficial que consagren lo que se percibe: que el Rey se ha convertido en una referencia de todos los valores que no se atribuyen a otros cargos institucionales. Metroscopia se ha ocupado de elaborar un barmetro continuo para medir la sintona entre los espaoles y la Corona. Los resultados acumulados entre 2014 y 2024 -que no son pblicos, pero de los que se dispone para la redaccin de este texto- resultan expresivos.

El Rey, en la primera dcada de su reinado, se sita en torno al 65% de media de aprobacin, por igual entre hombres y mujeres, con mejor porcentaje entre los mayores, 66%, y menor entre los jvenes, 48%. La derecha, con el 72%, apoya ms a don Felipe que la izquierda, aunque es mayoritario el respaldo en el PSOE, con el 60%, y reducido entre los votantes de Sumar, 28%. Desde la perspectiva territorial, los porcentajes de aprobacin son ms bajos en Catalua, Pas Vasco y Navarra, 41%, que en el resto de Espaa, 60%. Pero hay republicanismo enraizado en nuestro pas? La respuesta es negativa: el 78% de los consultados por Metroscopia -insisto en que los porcentajes son acumulados- se declara nada republicano, indiferente un 55% y totalmente republicano un 17%. Tambin las evaluaciones de Leonor de Borbn, 61%, y de la Reina Letizia, 53%, superan con holgura el examen demoscpico. En el barmetro del Real Instituto Elcano del mes de diciembre de 2024 el Rey de Espaa fue reconocido como el lder europeo mejor valorado, por delante de Carlos III, el fallecido papa Francisco, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron, entre otros.

Pero con ser interesantes estas mediciones quiz lo sea ms la verosimilitud que los ciudadanos atribuyen a la continuidad de la Corona como institucin-vrtice del Estado constitucional. Y en ese aspecto los porcentajes tienden a estar igualados entre aquellos que observan un horizonte despejado para la monarqua parlamentaria y los que, en cambio, avizoran dificultades e incertidumbres. La Corona en Espaa carece, a diferencia de otras monarquas parlamentarias, de una adecuada divulgacin sobre los beneficios funcionales que reporta al sistema poltico y a la convivencia. Es verdad que las Reales Academias se han empleado en la tarea, unas ms que otras, en el 10 aniversario de la proclamacin de don Felipe en 2024; que se han revitalizado asociaciones como la Red de Estudios de las Monarquas Contemporneas (REMCO); que ya estn adquiriendo ms frecuencia artculos de anlisis y opinin que siguen la agenda del Rey y de la familia real, pero no se ha llegado todava a la plena normalizacin de la institucin, en buena medida porque es ms dependiente de unos intangibles de los que carece el entero sistema nacional: escasea la lealtad constitucional y no hay suficiente sentido de la responsabilidad; no se presta fidelidad a la significacin constituyente con que se dot a la Corona y menudean las crnicas impunes repletas de maledicencias que se amparan en la voluntaria indefensin judicial que es caracterstica del Rey y su familia.

El factor Snchez incide en esta situacin de la Corona de manera definitiva. El presidente del Gobierno toma las decisiones sin la ms mnima consideracin de cmo afectan, o pueden hacerlo, al Rey. La propia amnista es una medida que revoca las palabras del monarca el 3 de octubre de 2017. No obstante -y como no poda ser de manera distinta-, don Felipe sancion y promulg la ley orgnica que la aprobaba con la incomprensin de sectores radicales de la derecha, que desconocen el estrecho margen de maniobra de que dispone un monarca parlamentario. La sancin y promulgacin de las leyes es un acto debido para el Rey, como los nombramientos que le propone el Gobierno y que constitucionalmente le corresponden, si bien formalmente, as como determinadas presencias -o ausencias- en las que la Casa del Rey ha de tener en cuenta el criterio de la Moncloa. Son las reglas del juego y don Felipe se atiene a ellas. Media el refrendo por mandato constitucional que corresponde, segn los casos, al presidente del Gobierno, a las Cortes Generales y a los ministros.