Vista para sentencia la causa sin juzgar ms antigua de Espaa: un cuarto de siglo a la espera de Justicia
El nmero de procedimiento 370/1999 iniciado en el Juzgado de Primera Instancia e Instruccin nmero 1 de Vilagarca de Arousa en el ao 1999 ha quedado este lunes visto para sentencia. Se haba convertido en la causa sin juzgar ms antigua de Espaa y la seccin cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de darle carpetazo un cuarto de siglo despus. Como resultado de esta demora, y de la anulacin de la principal prueba contra los acusados, el momento de la justicia ha llegado con la acusacin ya prcticamente vaca de contenido y con un tercio de los acusados ya fallecidos, entre ellos, el principal, Nen Barral.
En 1999 empez a investigarse, indag sobre hechos que supuestamente ocurrieron entre 1996 y 2001 y en mayo se cumplirn 24 aos de la detencin por esta causa de Jos Ramn Barral Martnez, Nen, considerado como el ltimo capo del contrabando en Galicia y que, tras aquel arresto se vio obligado a renunciar como alcalde de Ribadumia. Falleci en 2023 sin ser juzgado.
En el caso de Nen Barral, esta causa trunc su carrera poltica. Pero han sido muchas las vidas afectadas por el largo proceso. Su hermano, Feliciano Barral, tambin acusado, ejerci el derecho a la ltima palabra en el juicio celebrado en Pontevedra para reivindicar su inocencia y, sobre todo, los efectos de la demora judicial. “Quiero vivir porque llevo 24 aos sufriendo y sufriendo y sufriendo”, reclam.
Otro de los procesados, Jos Manuel Sotelo Garca, ahond en esa sensacin. “Llevo 25 aos sufriendo este calvario, no me quedan fuerzas”, relat al trmino de la vista oral, en alusin a las dilaciones producidas en este procedimiento y su “largo periplo judicial”, como lo defini uno de los abogados defensores.
El fiscal reconoci, en sus conclusiones, que “no es lgico” estar juzgando este caso 25 aos despus y que es una situacin “absolutamente anormal”.
La causa la comenz ya en el siglo pasado un juez muy conocido para los narcotraficantes gallegos, Jos Antonio Vzquez Tan, y se ha demorado a lo largo de los aos en sus distintas fases de instruccin, atascada , entre otras cuestiones, por implicar a distintos pases por los que habra pasado la mercanca.
Por esta causa llegaron a estar acusadas doce personas, si bien cuatro fallecieron durante el tiempo que dur la instruccin. La Fiscala les considera miembros de una organizacin integrada por personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca que entre 1996 y 2001 se dedicaron a la introduccin en Espaa y en el territorio de la Unin Europea de importantes partidas de labores de tabaco de procedencia extracomunitaria.
Cuatro fallecidos durante la instruccin
La causa ha llegado a juicio desprovista de contenido por esa demora y tambin como resultado de un auto emitido por la Audiencia pontevedresa en febrero de 2023, por el que decidi anular todas las escuchas telefnicas que fundamentaban la acusacin, iniciadas el 11 de febrero de 1999. Durante dos aos pincharon ms de 100 telfonos de unas 70 personas para investigar estos hechos, entre ellos, el telfono de la Alcalda de Ribadumia desde el que hablaba Barral, que llevaba siendo alcalde 18 aos primero con AP y luego con el PP.
La anulacin de estas grabaciones supone tambin que se deben desestimar todos los hallazgos y pruebas que se hayan obtenido contra los acusados a raz de esas escuchas. De esta forma, el fiscal del caso, que para este juicio ha sido Augusto Santal, se ha visto obligado a retirar todas las acusaciones que se sustentaban en esas pruebas.
La causa se segua por los delitos de contrabando, cohecho, asociacin ilcita y revelacin de secretos por parte de funcionario pblico, pero finalmente se han tenido que retirar el cohecho y la asociacin ilcita. Con este cambio, el fiscal pide para los acusados penas por contrabando que van entre dos y tres aos de crcel y multas de entre 1,8 y 15 millones de euros y penas por revelacin de secretos que implican multas de 5.400 euros. Entre todos, tambin tendran que pagar a la hacienda pblica cinco millones de euros.
Piden la absolucin
Los abogados defensores, por su parte, piden la absolucin de todos los acusados al entender que no hay ya ninguna prueba contra ellos. De hecho, ninguno de ellos declar en la vista oral, sino que se acogieron a su derecho a no declarar, y la prueba que se practic se redujo a las declaraciones de tres agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que no aportaron ninguna conclusin relevante al no poder referirse al contenido de esas escuchas telefnicas anuladas.
Las defensas sostienen que no solo no hay pruebas sino que el delito de contrabando que les atribuyen no se lleg a producir, pues les acusan por introducir en el puerto de Vigo cuatro contenedores con 400.000 cajetillas de tabaco marca Magnum especial, pero sus letrados insisten en que cuando fueron incautados no haban llegado a salir de la Zona Franca, zona exenta en la leyes contra el contrabando.
Un agente de Vigilancia Aduanera sostuvo en el juicio que s se produjo ese delito porque, en el momento en el que la mercanca entra en el espacio martimo europeo, ya hay importacin. “Se entiende como importacin la mera introduccin de mercanca en el recinto aduanero”, explic. Y aadi que la Zona Franca que hay en el puerto de Vigo s est afectada por la ley de contrabando, al no ser un lugar al que lleguen las mercancas directamente desde el mar.
