Una veintena de organizaciones se une para pedir a Ayuso que las 40 residencias de mayores prometidas sean públicas | Noticias de Madrid
¿Necesita la Comunidad de Madrid 40 nuevas residencias de mayores? El consenso general dice que sí pero, mientras el Gobierno regional promueve la construcción y gestión de estos nuevos centros con colaboración público-privada, varias organizaciones reclaman que sean 100% de gestión pública directa. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció en septiembre que construiría 40 nuevas residencias antes de 2030, siempre y cuando los ayuntamientos cedieran los terrenos públicos para que las empresas privadas desarrollaran los proyectos. Primero se opuso el PSOE, que pidió que ningún municipio participara. Ahora, una veintena de organizaciones se han unido para pedir a la presidenta que detenga el proyecto y que no lo retome hasta no asegurarse de que todas serán completamente públicas.
“No vamos a negar que las plazas residenciales son necesarias, máximo en una comunidad como esta, en la que tenemos un gran déficit y una lista de espera que van a aumentar. Pero así no, así no, presidenta”, ha sentenciado en rueda de prensa Laura Muñoz, secretaria de políticas sociales de UGT Madrid, una de las organizaciones que se opone, en cuya sede se han reunido la mañana de este miércoles representantes de los varios frentes que piden a Ayuso que recule. Consideran su proyecto “un pelotazo” y “un nuevo intento de privatizar los servicios públicos” de la comunidad.
Según Muñoz, la diferencia entre ambos modelos está en lo que defienden unos y otros que, en el caso de la privada, son “grandes empresas, unos fondos de inversión que nada tienen que ver con el de los cuidados”, cuyo objetivo es “ganar dinero a costa de las la calidad de las condiciones en las que están las personas residentes y a costa de los derechos de trabajadores”. Sin que hayan trascendido otros detalles, hasta el momento se sabe que el presupuesto para este plan estrella de Ayuso es de 500 millones de euros y que 30 de las residencias se ubicarán en la capital y, las restantes, en otros municipios.
Ayuntamientos como el de Rivas o Leganés, gobernados por la izquierda, se habían postulado para desarrollar en su territorio alguno de estos centros, pero el PSOE decidió no apoyarlo precisamente porque el proyecto no responde a un modelo 100% público, por lo que pidió a los 179 municipios madrileños que se negaran a la cesión de terrenos para estas residencias. Este variado grupo de organizaciones se unen ahora por el mismo motivo, entre las que se encuentran asociaciones de afectados por los llamados protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid como Marea Residencias, Padigmare y 7.291 Verdad y Justicia, y otras como UGT, CC OO, MATS, Ecologistas en Acción, Fravm, Amnistía Internacional Madrid, Izquierda Unida, Más Madrid, PSOE o Podemos.
La región cuenta con 515 residencias que suman alrededor de 52.000 camas, de las cuales solo 25 son de gestión pública directa, que representan unas 6.430 plazas. Del total, 18 son de gestión indirecta o concertada y el resto, privadas. Las nuevas residencias, prometidas por Ayuso en el debate del Estado de la Región de septiembre del pasado año, tendrán una capacidad de hasta 150 plazas cada una, que aportarán un máximo de 6.000 nuevas camas. El Gobierno regional aún no ha ofrecido datos acerca de los proyectos y solo ha señalado la necesidad de que los ayuntamientos cedan los terrenos. El modelo de gestión público-privado que promueven es similar al del Plan Velocidad que Esperanza Aguirre puso en marcha a principios de este siglo, en el que dichas empresas obtuvieron los derechos de construcción y gestión de unas 30 residencias durante 50 años.
La cantidad máxima de camas por centro es algo que ha alarmado a las asociaciones, que señalan que incumple con el límite de 120 plazas por residencia en las ciudades y 75 en las zonas rurales recogido en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales de 2022. “Se demostró en la pandemia que las residencias con mayor número de plazas fueron las que mayor porcentaje de mortalidad tuvieron”, ha aclarado José Ángel Gómez Chamorro, secretario de mayores y calidad de vida del PSOE de Madrid. Se refiere a un estudio de la epidemióloga Victoria Zunzunegui, que calcula que la mortalidad entre marzo y abril de 2020 en los 18 centros de mayores de gestión indirecta fue de un 21,9%, mientras que en los de gestión pública fue del 7,4% en el mismo periodo.
Según las asociaciones, las residencias privadas atienden a un mayor número de personas y contratan a menos personal del necesario, por lo que aumentan la ratio y disminuye la calidad de la atención. María Jesús Valero, presidenta de la asociación 7291 Verdad Y Justicia, quien perdió a su padre víctima de la falta de atención a los pacientes de covid en las residencias madrileñas y tiene a su madre aún en una, reconoce como una prioridad que exista personal suficiente en la atención a los mayores, ya que asegura que actualmente cada auxiliar puede tener 10 o 12 residentes en un solo turno.
“Necesitamos residencias con personal, con materiales higiénicos que faltan, con una buena alimentación, todo eso que ahora está recortado, sobre todo en las que son de gestión indirecta y en las privadas”, ha argumentado. Y sobre la falta de personal, ha agregado: “Puedo decir desde la perspectiva de hija de residente que los familiares estamos luchando todos los días por una mejora en las residencias, donde nosotras mismas ejercemos de inspectoras, de enfermeras, de animadoras socioculturales, de terapeutas, ejercemos de todo. Basta ya”.
Muñoz destaca, además, que las malas condiciones de las cuidadoras provoca que muchas de ellas abandonen sus puestos. “Las trabajadoras de las residencias privadas se fugan a las públicas si tienen la oportunidad; las de la pública, se fugan a la sanidad; y las de la sanidad se fugan a otras comunidades donde tienen mejores condiciones”, ha indicado.
La falta de datos desconcierta a las organizaciones, que solo tienen por seguro que este es otro intento de Ayuso de privatizar servicios públicos que le corresponde gestionar a su Gobierno. “Queremos que la Comunidad de Madrid explique en el Parlamento, que es donde lo tiene que explicar, cuál va a ser el modelo de gestión, que explique dónde se van a ubicar esas residencias, porque lo primero es el equilibrio territorial”, ha dicho Chamorro.
“Puede pasar lo que ya pasó cuando se hizo en 2002 el Plan Velocidad, en el que se hicieron residencias en algunos caso en la misma ciudad”. Para evitar situaciones como esta, piden a la presidenta que desista “de forma inmediata” de este proyecto y que se cree una comisión técnica para elaborar un estudio de viabilidad antes de decidir las ubicaciones de cada residencia, en el que se respete la participación ciudadana.
Las organizaciones han convocado una concentración en la Puerta del Sol el 19 de marzo, Día del Padre, en la que pedirán a Ayuso que escuche sus demandas y explique cuáles serán las condiciones del proyecto. También han acordado elaborar de una moción que quieren presentar en los plenos de los distintos ayuntamientos para pedir respuestas.
