Una jueza ve “posible infracción penal” en el presunto fraccionamiento de facturas para reformar centros de FP del Gobierno de Ayuso | Noticias de Madrid

La juez del juzgado de instrucción número 39 de Madrid ve “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]” tras denunciar Podemos que la Comunidad de Madrid habría reformado al menos siete centros de Formación Profesional fraccionando facturas para así, presuntamente, eludir los concursos públicos y poder adjudicar directamente las obras, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Por ello, reclama a la Intervención General de esta administración autonómica que le remita el informe que ya le solicitó en agosto la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de la denuncia sobre uno de esos centros que presentó el propio Gobierno regional. Del mismo modo, la juez solicita al Ministerio Público que envíe un “informe sobre la regularidad o irregularidad de las infracciones o ilegalidades detectadas, su entidad y su cuantificación”. El coste de las reformas habría superado los 2,3 millones de euros, según los cálculos del partido de Ione Berrala.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, ha llevado a cabo reformas en varios [siete] centros educativos, dependientes de dicha Consejería”, se lee en la denuncia de Podemos, que ha dado lugar a un caso en el que también se ha personado el PSOE. “A fin de no proceder a la licitación en concurso público de las referidas obras, como debería haber ocurrido dados los importes por los que se efectúan las referidas obras, se ha procedido a fraccionar las mismas para, de este modo, realizar una adjudicación directa por importes que no excedan de 40.000 euros, eludiendo de este modo la aplicación de la Ley”, se añade. “[Eso] evidencia indiciariamente (en este estado inicial del procedimiento) la perpetración del referido delito continuado [de prevaricación]”, se asegura en la denuncia.

Los centros afectados serían, siempre según la denuncia, el Instituto Príncipe Felipe; la Escuela de Arte de Alcalá de Henares; la Escuela Oficial de Idiomas de Leganés; el Centro Territorial de Innovación y Formación (CTIF) de Leganés; el Instituto de Educación Secundaria Carlos Bousoño de Majadahonda; el Instituto de Educación Secundaria Pío Baroja; y el Hospital Escuela en Ciudad Escolar.

El caso salió a la luz en abril, cuando el periódico digital eldiario.es adelantó que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid había denunciado ante la Fiscalía regional un posible caso de corrupción que afecta a Alfonso Mateos, que hasta febrero fue subdirector general de Centros de Formación Profesional. Junto a él, la Administración regional señaló a otros dos funcionarios.

“La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue la comisión de un presunto delito relacionado con la contratación de unas obras de reforma en el complejo educativo Ciudad Escolar, en el que podrían estar implicados varios funcionarios públicos”, señaló en aquel momento el departamento que dirige Emilio Viciana.

El macrocomplejo de Ciudad Escolar tiene 500.000 metros cuadrados y es uno de los más grandes de la comunidad. El caso que ahora le afecta empezó en septiembre de 2023, cuando en la sede de Educación se recibió “un burofax en el que se solicitaba el pago de una elevada cantidad económica adeudada por obras de reforma realizadas en uno de los edificios de este complejo”. Ante esa reclamación, el departamento de Viciana comprobó que en la Dirección General de Infraestructuras de la consejería no figuraba ningún expediente de contratación de estos trabajos, por lo que solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna.

“Con los datos recabados, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades envió el pasado 13 de marzo un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para poner en conocimiento del Fiscal Jefe de este órgano la posible implicación de tres funcionarios en presuntos delitos relacionados con la contratación de estos trabajos”, detallaba el comunicado de la consejería. Desde entonces, la polémica se ha extendido a las reformas de al menos otros seis centros.

Y no solo Podemos ha denunciado esa práctica de presuntamente fraccionar facturas. En octubre, Más Madrid denunció ante la Fiscalía 342 contratos menores del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que la formación considera sospechosos de haber sido troceados para eludir controles y evitar concursos públicos. Esos acuerdos, según el partido que lidera la oposición, están vinculados al caso FP.

En aquella ocasión, Manuela Bergerot, la portavoz de la formación, pidió que el actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y la actual consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, dieran explicaciones, pues ambos tenían las máximas responsabilidades en la consejería de Educación cuando se firmaron estos contratos, que en su opinión afectarían a al menos ocho centros.