Un atajo para etarras: el 85% de presos vascos en semilibertad con el 100.2 son de ETA
Desde que el Gobierno de Snchez pact con el PNV el traspaso de la gestin de las prisiones al Ejecutivo vasco en octubre de 2021, el artculo 100.2 del Reglamento Penitenciario se ha convertido en la va de semilibertad que ha permitido adelantar la salida real de presos de ETA, facilitando que abandonen a diario los centros penitenciarios y, en algunos casos, permitiendo incluso que pasen el fin de semana en su domicilio como antesala del tercer grado.
Los datos oficiales del Departamento de Justicia, actualmente en manos del PSE, dibujan una tendencia clara. De cada diez veces que la administracin vasca ha activado este mecanismo de flexibilizacin, casi nueve han beneficiado a un preso de ETA. As se recoge en la respuesta remitida en mayo de 2025 al parlamentario del PP Santiago Lpez, donde se detalla que el 85% de las resoluciones dictadas en aplicacin del 100.2 desde que Euskadi asumi las competencias penitenciarias, han recado sobre miembros de la banda. En trminos absolutos, de las 35 decisiones adoptadas en ese periodo, 30 correspondieron a condenados por terrorismo y solo cinco a internos por otros delitos.
Para las asociaciones de vctimas, esa proporcin va mucho ms all de una estadstica. Es una poltica penitenciaria encaminada a vaciar las crceles y ms preocupada por sacar a etarras que por brindar justicia a las vctimas, sostiene la jurista de la Asociacin de Vctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladrn de Guevara.
En esa lnea, defiende que este rgimen flexible funciona en la prctica como un tercer grado encubierto. Recuerda que la figura est prevista en el ordenamiento jurdico y no se limita a presos de ETA, pero subraya que naci como una medida excepcional, pensada para supuestos muy concretos -como tratamientos mdicos- y que con el tiempo se ha generalizado hasta desembocar en la situacin actual.
Segn las ltimas cifras que maneja la AVT, en la actualidad permanecen en prisin 125 etarras, 121 bajo competencia del Gobierno vasco y cuatro en Navarra. El documento oficial remitido en mayo de 2025 situaba en 16 los presos de ETA que en ese momento disfrutaban del 100.2, aunque esa fotografa ha quedado superada por las ltimas decisiones penitenciarias. Entre ellas, la progresin de histricos como Garikoitz Aspiazu, Txeroki, o la concesin del tercer grado al ex miembro de ETA Asier Arzalluz, participante en el asesinato del colaborador de EL MUNDO Jos Luis Lpez de Lacalle.
La sucesin de estos movimientos, que va modificando de forma constante el mapa penitenciario, llev ayer al Grupo Popular Vasco a registrar una nueva solicitud de informacin en el Parlamento para exigir una actualizacin completa de los datos. En su escrito apela a la mxima sensibilidad pblica de esta materia y reclama que el Gobierno vasco facilite cifras actualizadas a la fecha de contestacin, prevista para febrero o marzo, con el suficiente nivel de detalle como para poder controlar de manera eficaz la aplicacin del 100.2 y los terceros grados concedidos a condenados por terrorismo.
Desde el Colectivo de Vctimas del Terrorismo en el Pas Vasco (Covite) apuntan directamente a la falta de transparencia y recuerdan que la propia consejera de Justicia, Mara Jess San Jos, prometi el pasado noviembre reforzar la informacin que se facilita a las vctimas sobre los movimientos penitenciarios de los presos de ETA.
Para las vctimas, esos datos forman parte de su derecho a la informacin. Sin embargo, sostienen que siguen sin conocer con detalle los beneficios concedidos ni la situacin actual de los condenados por terrorismo bajo competencia vasca. A su juicio, el debate ya no gira en torno a un nombre propio o un caso especfico, sino al rumbo de una poltica penitenciaria que, cinco aos despus del traspaso, sigue condicionando la discusin sobre el cumplimiento efectivo de las penas por terrorismo en Espaa.
