Torres se jacta de que el informe de la UCO no habla de «mujeres explotadas ni pisos en Atocha» y justifica su implicacin para pagar a la empresa de la trama: «Se estaba incumpliendo un contrato»
ngel Vctor Torres ha comparecido este martes para asegurar que el ltimo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a que intermedi para acelerar el pago de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias que presida a una de las empresas de Vctor de Aldama -considerado el cerebro de la presunta trama de corrupcin que se investiga en el caso Koldo-, concluye que ni l ni su equipo en el Ejecutivo insular cometieron «ninguna actividad ilcita».
«No hay comisiones que yo haya solicitado, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha [Madrid], no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay refineras que yo quisiera introducir de manera ilegal.. No hay nada de lo que me han estado atribuyendo durante casi un ao y medio», ha enumerado y defendido el ahora ministro de Poltica Territorial. «Demuestra que yo tena razn«, ha recalcado con un deje de alivio.
En una comparecencia compleja de seguir por por momentos por problemas de sonido, el poltico socialista ha justificado sus mensajes con el asesor del entonces ministro de Transportes, Jos Luis balos, para apremiar el abono de mascarillas a Soluciones de Gestin porque «se estaba incumpliendo un contrato firmado». Y ha argumentado que la amenaza de «levantar para el aire» a la responsable econmica de su Gobierno autonmico si no haca la transferencia de dinero no significaba que estuviera pensando «cesarla, ni mucho menos», sino que haba una «constatacin» de que se no se haba dado curso a un compromiso adquirido.
Al respecto, el ministro ha expuesto que haba una «evidencia», porque «incluso la empresa lo haba presentado por escrito», de que haba pagos acordados que no se haban cumplido ya que haba que pagar un 50% del importe en el momento de realizar el pedido y el otro 50% en el momento en el que llegara el producto. «Haban pasado meses, el material se haba entregado y no se haba solventado el pago de las facturas», ha explicado.
La estrategia de Torres consiste en desvincularse del momento de la contratacin de la empresa que suministraba mascarillas vinculada a la trama Koldo y presentar su intervencin meses despus, ante el «incumplimiento», dice, en el pago cuando ya haban recibido el pedido. «La empresa no lleg por el presidente de Canarias. Yo intervine meses despus de que fuera contratada». El ex presidente canario justifica el hecho de contratar con la trama porque era una empresa que trabajaba con el Ministerio de Transportes y, segn ha desgranado, haba trabajado ya con Puertos del Estado y el Puertos Canarios.
«Pregunto cmo se llama la empresa meses despus de ser contratada», es la argumentacin que ha ofrecido. «Es marzo de 2020, no tenamos material sanitario», ha aadido, sobre el hecho de que se confiara en el ofrecimiento de Koldo Garca.
Adems, Torres se ha reafirmado en que no tuvo «ninguna relacin» con Aldama -tal y como declar en la comisin de investigacin del Senado– a pesar de que el extenso nuevo informe de la UCO, de casi 400 pginas, apunta que tuvieron un encuentro el 15 de julio de 2020 en Madrid. Segn ha explicado, ese da haba quedado a cenar en un restaurante con balos y slo vio al empresario «un momento por la tarde», sin especificar en qu consisti dicho contacto. Adems, ha anunciado que demandar al empresario por «intromisin» a su honor, su intimidad y su imagen.
En su declaracin del pasado mes de diciembre en el Tribunal Supremo, el presunto comisionista de la organizacin asegur que Torres solicit a Koldo Garca el pago de una mordida de 50.000 euros por la presunta adjudicacin irregular de contratos de material sanitario en Canarias y lo relacion con el supuesto amao de la concesin de una obra pblica de 6,5 millones de euros. Asimismo, lo vincul con el alquiler del piso de la calle Atocha de la capital para celebrar «encuentros de diversa naturaleza», como citas «con seoritas».
Aunque ha asegurado que hoy es «un da feliz» para l por la publicacin finalmente del informe completo -el lunes, por un «error informtico», slo se pudieron leer las primeras pginas-, el ministro ha incidido en que ha sido vctima de un «ataque vil» que «el PP ha amplificado a travs de la difamacin y el infundio» y que «el dao es irreparable». «Hay cuestiones que sobrepasan las lneas de la poltica (…). Por muchas diferencias que haya nadie soportar mentiras contra su honorabilidad», ha lamentado, antes de despejar toda duda sobre su continuidad: «Quien piense que voy a desfallecer se equivoca».
Defensa de Snchez y Moncloa
El presidente del Gobierno defendi pblicamente a Torres el pasado mes de enero despus de que EL MUNDO hubiera revelado que en 2020 le escribi un «hoy dormir mejor» a Koldo Garca -asesor del entonces responsable de Transportes, Jos Luis balos-, tras el abono de la compra de mascarillas por valor de 12 millones de euros que el Ejecutivo Canarias hizo a Aldama. «Es un poltico ejemplar y uno de mis mejores ministros. Tratan de difamarlo injustamente con mentiras y con bulos», asegur en un acto del PSOE en Tenerife.
Este lunes el Supremo envi a juicio a Garca, balos y Aldama por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de material sanitario durante la pandemia. En el equipo del titular de la cartera de Poltica Territorial recalcan precisamente el hecho de que se haya cerrado la instruccin «sin que exista ninguna mencin sobre Canarias ni sobre el ministro Torres» como una prueba de «la falsedad de las graves acusaciones» vertidas contra l por las que exigen «disculpas pblicas».
En La Moncloa siguen mostrando total confianza en el ministro de Poltica Territorial. «No hay ningn delito ni ninguna cosa grave que pueda hacer caer el Gobierno», sostienen fuentes gubernamentales.
«Llevamos meses, semanas, esperando un informe que confirmara que ngel Vctor era un corrupto y el informe demuestra que no es as», sealan fuentes gubernamentales. «En aquella poca -en plena explosin de la pandemia- no haba dnde comprar material sanitario y ste lleg a las administraciones, en muchos casos, porque se conoca a alguien o se tenan contactos».
Para el Gobierno, los mensajes recopilados por la UCO lo nico que probaran es que «hay una relacin con un asesor de confianza de un ministro». Y, dicen, que muchas de las conversaciones o de las relaciones ya se tena conocimiento de ellas porque se haban abordado tanto en el parlamento de Canarias como en la comisin de investigacin del Senado. «Esto no es la expectativa de lo anunciado. No es una crisis nacional«, exponen.
