Sumar impulsa una ley para limitar a la Polica dnde infiltra agentes encubiertos
Sumar ha impulsado una proposicin de ley para prohibir que la Polica pueda introducir agentes infiltrados en los colectivos sociales y limitar exclusivamente el uso de los policas encubiertos para perseguir los casos ms graves, como el terrorismo, el narcotrfico, la trata de seres humanos o el trfico de armas.
La norma, presentada este martes por Gerardo Pisarello, de los Comunes, es una respuesta a la polmica generada tiempo atrs con la infiltracin de policas en grupos independentistas o por el derecho a la vivienda, lo que provoc la airada reaccin de grupos polticos de la izquierda.
Ahora es Sumar quien da un paso en este sentido al registrar una proposicin de ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para establecer prohibiciones y acotar as los casos en los que la Polica puede hacer uso de un agente encubierto. Pisarello ha denunciado que se ha “constatado” un “patrn de abuso” por parte de los Gobiernos del PSOE y del PP con la infiltracin en movimientos sociales y ha afirmado que se trata de una vulneracin de la intimidad de las personas afectadas, as como del derecho de reunin.
Se introduce un punto dentro del artculo 282 en el que se dicta que quedar prohibida toda infiltracin policial “destinada a realizar acciones prospectivas, descubrir delitos presuntos, captar, recibir y analizar datos aun teniendo estos supuesto inters para el orden y la seguridad pblica; as como estudiar, planificar y ejecutar los mtodos y tcnicas de prevencin de la delincuencia”.
La excepcin es lo que recoge el artculo anterior que describe los supuestos de delitos ms graves, como el terrorismo, el narcotrfico, la trata de seres humanos o el trfico de armas.
La exposicin de motivos de la iniciativa de Sumar defiende que la reforma de la LECrim tiene por objetivo “reforzar los controles judiciales y administrativos” sobre los agentes infiltrados. “Se pretende establecer un marco de autorizacin judicial ms riguroso y detallado, que incluya la obligacin de justificar la necesidad y la proporcionalidad de la medida, as como la periodicidad de las revisiones judiciales para evaluar su continuidad”.
Sumar denuncia que el Ministerio del Interior ha justificado el empleo de los agentes encubiertos por los objetivos perseguidos pero no de una manera “clara” en la prctica. Por lo que considera que se ha generado inseguridad jurdica, adems de “vulneraciones de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresin, de asociacin y de protesta pacfica”.
Por ello, Sumar considera “imprescindible” que la reforma establezca “lmites precisos para las actuaciones en contextos tanto delictivos como sociales, asegurando un control judicial efectivo y evitando posibles abusos”.
