Sube de dos a ocho el número de juzgados que han imputado a exaltos cargos de Ayuso en el ‘caso residencias’ | Noticias de Madrid
El número de juzgados que ha imputado a exaltos cargos del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso por el ‘caso residencias’ ha ascendido de dos a ocho, según un balance dado este viernes por las asociaciones de familiares. Las investigaciones están produciéndose en cascada desde mayo, cuando se conoció la primera, y son producto del cambio de estrategia procesal de las familias de los fallecidos durante la pandemia, que han esgrimido el delito de discriminación en la prestación de asistencia sanitaria.
Las asociaciones ven esta noticia con esperanza aunque lamentan que cinco años y siete meses después de los hechos siga sin haberse producido una sola condena. “Hemos demostrado nuestra resiliencia y determinación a la hora de buscar esa justicia que lamentablemente para las familias parece que no termina de llegar”, ha dicho en una rueda de prensa la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, “Nos hemos dado cuenta de que esto es un camino arduo, largo y plagado de dificultades”.
La comparecencia se ha producido en la sede en la calle Atocha del equipo jurídico de las familias, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), cuyos abogados han detallado el enrevesado panorama procesal de este caso, que se encuentra fragmentado en múltiples juzgados debido a que las muertes son investigadas en función del lugar donde se produjeron.
Hasta ahora los exresponsables madrileños habían sido imputados en el juzgado número tres de Madrid, en mayo, y el seis de Leganés, en junio. A estos, se han sumado en las últimas semanas otros dos de la capital, otro de Alcobendas, otro de Collado Villalba, otro en Getafe y otro en Valdemoro. Los abogados no han revelado las fechas de las citaciones, pero sí han dicho que se producirán en noviembre y diciembre.
Los exaltos cargos imputados son los ya implicados anteriormente: el exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, firmante de los protocolos de triaje (imputado en los ocho); el geriatra que heredó ese cargo y que ayudó a Mur a redactar esos documentos, Javier Martínez Peromingo (imputado en siete); y Pablo Busca, el exdirector general que controlaba las ambulancias del Summa 112 (en seis).
Otra figura de interés, el exasesor de Ayuso Antonio Burgueño, no ha sido imputado en ningún procedimiento, aunque es una de las personas denunciadas por las familias. Burgueño declaró como testigo en junio en Leganés y la vista se suspendió porque el fiscal pidió a la jueza que lo imputase.
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