Snchez descubre en Aznar una excusa para blanquear sus cesiones al independentismo
La ltima cesin que el Gobierno promete al independentismo, la que afecta a la poltica migratoria con sus derivadas sobre el control de las fronteras, es un asunto muy incmodo en manos de Pedro Snchez. Unos la tachan de inconstitucional y otros de xenfoba. Para sortear los obstculos y, sobre todo, esquivar la hemeroteca empeada en recordar que el Ejecutivo, por boca del ministro del Interior, consideraba indelegables e intransferibles estas competencias, La Moncloa echa mano del recordatorio para sealar que el PP ya traspas en 1996 alguna facultad exclusiva del Estado a Catalua, y as difuminar responsabilidades.
La guerra de los pactos est servida: el del Majestic frente al de Suiza; el suscrito con Pujol frente al firmado con Puigdemont; el que aseguraba a Aznar el apoyo de CiU frente al que apuntala a Snchez con los siete votos de Junts. Este es el dilema.
El acuerdo de 1996 por el que CiU respald la investidura de Aznar se cerr en el Hotel Majestic de Barcelona tras dos meses de negociaciones. Comportaba el traspaso de las competencias en materia de trfico a la Generalitat; el compromiso de desarrollar el modelo policial cataln y las polticas de promocin del empleo y formacin profesional.
El resto de los acuerdos afectaban a todas las autonomas: supresin de los gobernadores civiles; cesin del 30% de la gestin del IRPF ; promesa de suprimir la mili y gestin autonmica de los impuestos sobre el patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurdicos documentados, sucesiones y donaciones y juego.
Reunin en el Hotel Majestic de Barcelona entre Convergncia i Uni y el PP.E. M.
Los acuerdos de Snchez con Puigdemont, a diferencia de los de Aznar, se han producido como un goteo: desde los indultos a los condenados del procs (2021), a la supresin del delito de sedicin y la rebaja de la malversacin (enero de 2023), la amnista (mayo de 2024), la promesa de una financiacin singular para Catalua (enero de 2025) y, ahora, la transferencia de la poltica de inmigracin.
Para amortiguar el recelo que esta ltima cesin provoca y que ya traspasa los lmites de la oposicin, La Moncloa se afana en lanzar un mensaje: Esto ya lo hizo el PP con el pacto del Majestic.
Sin embargo, entre los acuerdos de Aznar con Pujol hace casi 30 aos y los de Snchez con Puigdemont, hoy, hay diferencias sustanciales. La primera apunta al formato: el acuerdo del Majestic se firm en Espaa, no en Suiza, y no hizo falta un mediador; se pact con CiU, por entonces una formacin catalanista -no secesionista como es ahora Junts- que no haba intentado por las bravas la ruptura con el Estado y que estaba liderada -a diferencia de Puigdemont, prfugo de la Justicia- por Jordi Pujol, un poltico limpio en aquel momento de acusaciones delictivas.
En cuanto al contenido, los ministros sealan el traspaso de competencias de trfico de 1996. Es cierto que estas forman parte de las atribuidas en exclusiva al Estado por la Constitucin, pero no lo es menos que con el pacto del Majestic se segua la estela de lo acordado con Navarra y Euskadi. En definitiva, se transferan las facultades de ejecucin de la legislacin del Estado: expedir y revocar permisos de conduccin y otorgar y retirar licencias de circulacin.
El PP sostiene que no es comparable el control de trfico y el de fronteras y flujos migratorios incluyendo el otorgamiento y la revocacin de permisos de residencia conforme a los requisitos que estipule la Generalitat o la continuidad de los CIES, que es lo que, segn Junts, concede el pacto.
Igualmente sealan la diferencia abismal entre elevar al 30% la cesin de la gestin del IRPF a todas las CCAA –Gonzlez cedi el 15%- y traspasar a Catalua la gestin, recaudacin, liquidacin e inspeccin de todos los impuestos soportados en su territorio, considerar necesaria la cesin de los rendimientos de esos tributos y planear una Hacienda propia.
Desde el entorno del ex presidente Aznar se hace hincapi en que lo acordado en 1996 fue un desarrollo del sistema autonmico sin impugnar el modelo de Estado que es lo que, sostienen, se hace ahora desbordando los lmites de la Constitucin para tratar de perfilar un nuevo modelo de corte confederal.
