Sin rastro del dinero entregado por los 1.200 afectados de la estafa de las viviendas fantasma en Murcia, Granada y Almera

No hay rastro del dinero que unas 1.200 familias entregaron como seal de reserva para unas viviendas que la constructora Grupo 21 promovi en al menos tres provincias: Almera, Granada y Murcia. El Juzgado de Primera Instancia e Instruccin nmero 7 de Roquetas de Mar (Almera) orden bloquear las cuentas bancarias de los tres acusados por la estafa y comprob que no haba fondos en las mismas, pese a que se calcula que debieron recaudar entre 20 y 25 millones de euros como adelanto por la venta de los pisos en 18 promociones.

Este martes los tres acusados se han acogido a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado, que los haba citado en calidad de investigados por delitos de estafa y falsedad documental. Han comparecido tambin cuatro de los afectados para ratificar sus denuncias.

Los presuntos estafadores, que responden a las iniciales de C.C.J., J.J.E.C. y F.M.T.G., fueron detenidos el pasado mes de marzo por la Guardia Civil en sus respectivos domicilios de Mijas (Mlaga), en el marco de la denominada Operacin Poseidonia, puesta en marcha tras recibirse en enero las primeras denuncias contra la inmobiliaria Grupo 21, cuyo domicilio social estaba localizado en Crdoba en una direccin falsa y tena una sucursal en la barriada de Aguadulce de Roquetas de Mar (Almera).

Segn el abogado Javier Ortega, del bufete Lexforma, que representa a varias de las familias que entregaron dinero a Grupo 21 para la compra de un piso, el juzgado dio orden de bloquear las cuentas de los acusados pero comprob que no haba dinero en las mismas, por lo que la investigacin se centra ahora en averiguar a dnde fueron a parar esos fondos. A este respecto, el abogado recuerda que Grupo 21 no lleg siquiera a comprar los terrenos en algunas de la promociones que salieron a la venta, por lo que los acusados no podrn alegar que el dinero se ha invertido en las mismas.

Adems, tampoco se habilitaron cuentas garantizadas para gestionar los fondos que iban aportando los compradores, como obliga la ley para este tipo de operaciones, de manera que los promotores incurrieron en una irregularidad de la que tambin se pedirn cuentas a las entidades bancarias en las que se realizaron los depsitos.

Como inform EL MUNDO el pasado 5 de febrero, el Juzgado de Instruccin nmero 1 de Granada tambin tiene abiertas diligencias por otras promociones del Grupo 21, ante la sospecha de que sus responsables sacaran a la venta los inmuebles pese a que no tenan intencin alguna de construirlos. Los ms probable es que ambas investigaciones acaben unificadas en una y para ello ya se ha producido las inhibicin del juzgado de Granada en favor del de Roquetas, aunque tal decisin est recurrida.

La acusacin representada por el despacho Lexforma de Granada considera que hubo “mala fe” en la actuacin de la empresa, ya que sus administradores nunca llegaron a tramitar la licencia de ocupacin pese a que estaban recaudando las seales que pagaban las familias, en un “modus operandi” que se repiti en varias promociones.

El nmero de familias que han presentado denuncia ha ido creciendo desde el mes de enero, cuando se destap la estafa. Los interesados en los pisos de Grupo 21 entregaron en torno a un 10% del precio final de la vivienda (entre 10.000 y 30.000 euros), todas ellas previstas en localidades de costa y cerca del mar, por lo que resultaban muy atractivas y a precios razonables. Entre los ciudadanos supuestamente afectados hay muchos extranjeros que buscaban una residencia de vacaciones en la costa andaluza.

Hay un grupo de afectados que han presentado una reclamacin por la va civil a travs del despacho jurdico El defensor de tu vivienda y del abogado Pablo Sevillano. Su estrategia se centra en la recuperacin del dinero sin llegar a utilizar la va penal. Todas las seales se depositaron en varias entidades bancarias que, al parecer, nunca llegaron a exigir a la promotora las cuentas especiales y avales que deben garantizar los depsitos. Los compradores engaados van a reclamar a los bancos que asuman su responsabilidad en las operaciones fallidas.