Reprimenda de los tribunales por la politizacin de la crisis migratoria: “La lealtad y colaboracin institucional es indispensable”


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El Tribunal Superior de Justicia de Canariassuspendi ayer la aplicacin del nuevo protocolo de atencin a menores extranjeros migrantes no acompaados aprobado por el Gobierno de Canarias. Lo hizo en una resolucin en la que indica que, al margen de la respuesta judicial tras el recurso de la Fiscala, las administraciones enfrentadas deberan llegar a un acuerdo sobre una materia tan relevante.

Se impone un principio de elemental cautela y, por otra parte, tampoco est de ms sealar, la bsqueda de espacios de encuentro que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboracin institucional que se antoja indispensable para abordar el fenmeno de la inmigracin irregular y su singularsimo impacto que tiene en el mbito de la Comunidad Autnoma de Canarias, afirma el tribunal.

El protocolo aprobado por el Gobierno de Fernando Clavijo contempla que sean las Fuerzas de Seguridad o la Administracin Central las que acojan a los menores y que solo tras una serie de trmites se puedan entregar a las autoridades autonmicas competentes.

La decisin ha chocado con el Gobierno central. El ltimo Consejo de Ministros encarg al Consejo de Estado que elaborar un informe previo a la presentacin ante el Tribunal Constitucional de un conflicto de competencias.

El recurso interpuesto el martes por la Fiscala coincida con esta tesis. Sostiene que, con el protocolo, el Gobierno de Canarias elude el efectivo ejercicio de sus competencias de proteccin de menores, justificando su inactividad en una supuesta atencin policial que, como es patente, carece del contenido propio de lo que la proteccin integral de un menor comporta.

En opinin del Ministerio Pblico, constituye una falacia la supuesta atencin protectora de los menores por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -o de los funcionarios del Estado, como indistintamente y de forma ambigua recoge el protocolo-. El motivo es que efectivamente, s son atendidos los menores por aquellos, pero no con el todo el alcance que se precisa, su proteccin derivada de una patente situacin de desamparo.

El recurso peda suspender la aplicacin del protocolo de forma inmediata, sin esperar a recabar el parecer del Ejecutivo insular al respecto. Sostena que de su entrada en vigor se deriva la ausencia de atencin inmediata, a los efectos de proteccin, de los menores migrantes no acompaados que hayan sido rescatados por el Estado en el mar, o que sean interceptados por Guardia Civil y Polica Nacional a su llegada a la costa.

“Especial urgencia”

La Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo ha accedido a esa medida cautelarsima por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia. La resolucin explica que el acuerdo aprobado no precisa en qu fecha se inicia su aplicacin, por lo que no puede descartarse que esta sea inmediata.

Aade que resulta difcil negar que el cumplimiento de los requisitos previos que impone el protocolo para recibir a los menores puede comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepcin de dichos menores a las autoridades autonmicas que tienen confiado su cuidado, por lo que la suspensin es lo ms prudente.

El Tribunal Superior da ahora un plazo de tres das al Gobierno canario para que ofrezca su opinin sobre la suspensin. Con eso sobre la mesa, resolver si mantiene o revoca la medida cautelar mientras estudia el fondo del recurso.

El recurso de la fiscal superior Mara Farns Martn sostiene que el protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artculo 14 de la Constitucin y en la Convencin de los Derechos del Nio, as como el derecho fundamental a la integridad moral. El primero, por tratar de forma distinta a los menores que llegan por mar. El segundo, porque en la prctica renuncia a darles desde el primer momento la proteccin integral que merecen.

El nuevo protocolo, publicado en el Boletn Oficial de Canarias el pasado 12 de septiembre, establece una serie de trmites e informes que las Fuerzas de Seguridad deben completar antes de dejar a los menores bajo custodia de las autoridades canarias. Los agentes tienen que entregar una resea policial completa, la inscripcin en el registro de menores y se debe someter al nio a una audiencia previa, en presencia de un intrprete y con conocimiento de la Fiscala.





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