¿Quién es más responsable en la gestión de una crisis como la de la DANA y de quién dependen los tres niveles de alerta en el sistema nacional de Protección Civil?

La magnitud de los estragos causados por la DANA en la provincia de Valencia -que ha dejado al menos 155 muertos y un número todavía incuantificable de desaparecidos- ha abonado las dudas de si los protocolos para este tipo de situaciones se aplicaron de forma correcta y, de ser así, si habría sido posible reducir el alcance de la tragedia con otras medidas no contempladas en la normativa en vigor. De momento, el pulso político entre administraciones de distinto signo político permanece latente a la espera de que acaben los tres días de luto oficial decretados en memoria de las víctimas.

¿Cómo se actúa ante una emergencia como una DANA?

Tras la crisis del coronavirus, el Gobierno central aprobó el Plan General de Emergencias del Estado (Plegem) con el objetivo de “mejorar la coordinación de las administraciones que participan en el Sistema Nacional de Protección Civil e integrarlo en el Sistema de Seguridad Nacional”. Según se explicó entonces, este nuevo marco de actuación permitiría atender situaciones “inespecíficas y de naturaleza multirriesgo a las que los planes ordinarios no dan una respuesta específica, incluidas aquellas con baja probabilidad de que sucedan, pero de muy alto impacto”, como lo fue la propia pandemia.

¿Cuántos niveles de alerta existen?

Se establecen tres escenarios, denominados “situaciones operativas”. Tanto en la 1 como en la 2 (que fue la que activó la Generalitat Valenciana el martes a las 15.00 horas), la comunidad autónoma afectada mantiene la competencia de la gestión: se diferencian en que en el primer escenario se puede afrontar la emergencia con recursos propios y, en su caso, apoyos puntuales de otros ámbitos territoriales, mientras que en el segundo se asume el “riesgo cierto” de que no pueda controlarse con los medios ordinarios y puede ser necesaria la aportación de ayuda extraordinaria de la Administración General del Estado o movilizable por ésta. El Ejecutivo de Carlos Mazón solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) el martes a las 15.00 horas.

¿En qué casos se escala a la siguiente fase de emergencia?

Según el Plegem, la situación operativa 3 se activa con la declaración de interés nacional de una emergencia. En estos casos, el Ministerio del Interior tendría que encomendar la dirección operativa a la persona titular de la jefatura de la UME. Fuentes del PP nacional deslizan que el Gobierno tendría que haber hecho uso de este mecanismo ante “una catástrofe inédita en este siglo” para “movilizar, dirigir y coordinar los recursos estatales y de otras comunidades autónomas” y que es un “caso claro” de que, de nuevo, el Gobierno de Pedro Sánchez “deja en la estacada a una región”.

En La Moncloa responden que es una opción que ni siquiera se ha contemplado porque “estamos en un estado autonómico” en el que estas competencias están transferidas y lo que hay que hacer es «aunar fuerzas» entre administraciones, dando a entender implícitamente que imponer ese nivel 3 -que la Generalitat Valenciana no ha solicitado- sería como «aplicar un 155», es decir, hacer uso de la Constitución para retirar las competencias de una autonomía como ocurrió en Cataluña tras el referéndum ilegal de independencia del 1-O.

¿Qué normativa permite el envío de alertas masivas sin autorización previa a los móviles de las personas que se encuentran en una zona determinada?

España lo reguló a través de la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 tras una transposición de una directiva europea. En octubre de ese año se hicieron pruebas aleatorias en distintos territorios, pero no fue hasta septiembre del año siguiente cuando se utilizó por primera vez para avisar a la población de Madrid sobre el riesgo de otra DANA.

¿Quién manda la alerta?

Según la normativa estatal, el sistema ES-Alert está a disposición de los centros de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil: “Estos centros, junto con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior, son responsables, dentro de su área de competencia, de definir y emitir las alertas cuando la situación lo requiera”. La Generalitat Valenciana envió el primer aviso a la ciudadanía el martes a las 20.15, cuando ya había algunas localidades, como Utiel, inundadas.

¿Cuánto deben influir las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología en la toma de decisiones en casos de emergencia?

El Ministerio para la Transición Ecológica precisa que los sistemas de observación de la Aemet y de las confederaciones hidrográficas permiten hacer predicciones, pero que “son las autoridades competentes en materia de Protección Civil las responsables de evaluar las afecciones sobre la población y el entorno, de emitir los avisos que correspondan y de adoptar las medidas más adecuadas en cada caso”.

“Una nevada o una tormenta no representa el mismo riesgo en una zona de alta montaña o en el centro de un área metropolitana. Aunque el aviso meteorológico sea el mismo, las medidas adoptadas por Protección Civil serán diferentes”, señalan en el departamento de Teresa Ribera. “La administración territorial es la que debe evaluar si la alerta afecta a una zona poblada o no; si es una zona inundable o no; si la crecida es un río de caudal elevado o no, para poder proteger a la población”, agregan.

¿Por qué a partir de ahora el ministro del Interior se incorporará de forma permanente al Centro de Coordinación Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana?

La decisión de mandar a Fernando Grande-Marlaska a Valencia la tomó este viernes Sánchez en la reunión del Comité de Crisis del Gobierno central y se la trasladó posteriormente al presidente Mazón, con quien había estado por la mañana.

¿Significa eso que La Moncloa asume ahora el mando de la crisis?

La respuesta oficial es que “no”, porque la situación operativa sigue en el nivel 2 y no se ha activado el 3, y “las competencias están absolutamente claras”, por lo que la participación estatal se va a limitar a “ayudar y participar en la toma de decisiones” de la Generalitat.