Puigdemont arrastra a Snchez a un martirio de cesiones de Estado
El Gobierno sufri este mircoles un dursimo aviso de Carles Puigdemont. Pedro Snchez pudo comprobar cmo el bloque de investidura que crea compacto tiene una grieta enorme por la que pueden desvanecerse muchas de sus aspiraciones y sus iniciativas y adems, constat que quien maneja los hilos de su mandato es un fugado de la Justicia.
Snchez tuvo que ceder de una tacada a todas las exigencias de Junts a cambio de que los siete diputados de esta formacin no tumbaran los primeros decretos de la legislatura.
El paquete de concesiones fue enorme. Junts inform de las mismas bien entrada la tarde cuando las votaciones estaban en marcha. Snchez les ha entregado la delegacin integral de las competencias de inmigracin; se ha comprometido a publicar inmediatamente las balanzas fiscales; suprimir el artculo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Civil que, segn Puigdemont, haca peligrar su amnista; reformar la ley de Sociedades de Capital para empujar a las empresas que retiraron su sede social de Catalua a que retornen; reducir el IVA del aceite de oliva al 0%; quintuplicar el dinero para la digitalizacin de la Justicia; reconocer los derechos histricos de Catalua en materia de rgimen local y finalmente asumir a costa del Estado la totalidad del coste de los descuentos y bonificaciones del precio del transporte pblico.
Es la primera vez en democracia que la direccin del Ejecutivo no depende de nadie que se siente en el Consejo de Ministros, afirm el lder del PP, Alberto Nez Feijo, despus de que se supiera que el presidente del Gobierno se haba sometido plenamente a las exigencias extra de Puigdemont a cambio de que los siete diputados de Junts aceptaran no participar en la votacin de dos de los tres decretos ley -y abstenerse en otro- con los que Pedro Snchez pretenda inaugurar triunfalmente la legislatura.
Pese a todo, una de las tres normas, la patrocinada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Daz, para modificar los subsidios de desempleo, s fue rechazada con los votos decisivos de Podemos, su aliado de coalicin hace slo seis meses con el que ahora est radicalmente enfrentada.
“Deshonra y humillacin”
Para el lder del PP no hay duda de que Puigdemont ha puesto en jaque al presidente del Gobierno. Feijo, en una comparecencia ante la prensa, vaticin que ese sometimiento se repetir ms veces. Cmo se puede gobernar un pas as?, qu negociaciones nos esperan en cada ley, en cada Presupuesto?. Esperpento, deshonra y humillacin, con estas palabras defini el popular lo acontecido ayer a ltima hora en el pleno del Congreso, celebrado en la sede del Senado por estar en obras el Hemiciclo de la Cmara Baja.
Lo sucedido ayer no supondr el final del Ejecutivo aunque se haya tambaleado peligrosamente, pero s es el punto de inflexin que define con nitidez el marco en el que a partir de ahora transcurrir la legislatura, un marco cuyos lmites est dispuesto a delinear Junts, un partido con siete escaos en el Congreso, liderado por Carles Puigdemont, un fugado de la Justicia. Y hacerlo, adems, sin que le tiemble el pulso.
Snchez ya sabe a ciencia cierta con quin habr de lidiar sin poder llegar a calcular a cunto ascender la factura que el independentismo le exigir a cada paso a cambio de sus votos. De momento, el Gobierno ya es consciente de que lo pactado, ley de amnista en primer lugar, no es suficiente y habr que aadir ms concesiones al paquete.
Ceder a todo lo que reclamaba Junts sirvi para que el Gobierno viera aprobados dos de los tres decretos que someta a convalidacin. No haber aceptado habra supuesto que las tres iniciativas legislativas decayeran.
El Congreso aprob finalmente dos de los tres decretos del Ejecutivo: el conocido como decreto mnibus con variadas medidas, algunas de las cuales tendentes a asegurar la llegada de un nuevo paquete de 10.000 millones de euros en ayudas de la Unin Europea, sali adelante por un solo voto de diferencia: 172 a favor frente a 171 en contra. Junts no particip en la votacin.
No corri la misma suerte el decreto patrocinado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Daz, para modificar el sistema y las cuantas de los subsidios de desempleo y adoptar medidas en favor de la conciliacin, que cay por el rechazo de PP, Vox, Unin del Pueblo Navarro y Podemos: en total 176 noes frente a 167 ses.
Y, por ltimo, el decreto anticrisis con medidas para paliar los efectos econmicos negativos de la guerra en Ucrania y de la inflacin, cuya votacin tuvo que ser repetida tras arrojar en un primer momento un empate a 171 votos. En segunda instancia, y tras un receso de media hora, se celebr votacin por llamamiento y el decreto sali adelante tambin por un solo voto de diferencia: 172 frente a 171. Esta norma s cont con el apoyo de Podemos que, a cambio, ha logrado el compromiso del Gobierno de prolongar la prohibicin de desahucios por ejecucin hipotecaria cuatro aos.
El Gobierno, desde primera hora de la maana, se esforz por emplazar a los diputados a elegir entre apostar por los intereses generales o los propios de partido. Tanto el ministro de Presidencia, Flix Bolaos, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Daz, en una suerte de canto del cisne se empearon a fondo intentando enfrentar a los diputados a una dicotoma: O defienden a los ciudadanos o los daan. Si el decreto anticrisis, el que incluye rebajas del IVA y ayudas varias para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y la inflacin, en definitiva el que ms afecta a la ciudadana, no hubiera prosperado, todas sus medidas habran quedado anuladas de inmediato. Es lo que ha sucedido con el decreto de Trabajo que planteaba un aumento de los subsidios de desempleo.
Pero, nada pareca suficiente para mover conciencias. As que ante el peligro extremo de que las iniciativas decayeran, empezaron a sucederse las llamadas telefnicas y los encuentros en despachos. Negociaciones a la desesperada para acabar sometindose a todas las exigencias de Junts.
Ayer, su portavoz parlamentaria, Mriam Nogueras, dej clara la posicin de su partido: Nada volver a ser como hasta ahora. La estabilidad de la legislatura depende del cumplimiento de los acuerdos. Nuestros votos no sern a cambio de nada. Nuestros votos estn al servicio de los ciudadanos de Catalua y de nuestro pas, no al servicio suyo [el del Gobierno] ni al del reino. Al trmino de la sesin, rodeada por una nube de periodistas, la portavoz independentista enumeraba exultante todo lo conseguido.
