Otra condena ms por los ERE: La Audiencia ve “superlativamente ilegal” la conducta de dos ex altos cargos de la Junta y falla tambin contra un sindicalista de CCOO y el conseguidor Juan Lanzas
La macrocausa de corrupcin de los ERE sigue acumulando condenas, pese al borrado del caso decretado el pasado verano por el Tribunal Constitucional, al amparar parcialmente a los expresidentes Chaves y Grin y otros exaltos cargos andaluces. Ya van 21 sentencias y 21 condenas.
La Audiencia de Sevilla ha hecho pblica este jueves una sentencia en la que condena a once personas, entre las que figuran, entre otros, dos exaltos cargos de la Junta de Andaluca, un sindicalista de CCOO, intermediarios, intrusos y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, pieza clave en la trama de reparto de ayudas por parte de los gobiernos andaluces del PSOE.
El conseguidor de los ERE Juan Lanzas.E. PRESS
La condena versa sobre la ayuda de 2,3 millones de la Junta de Andaluca a las sociedades Surcolor y Surcolor ptica para que se prejubilaran 26 trabajadores, dos de ellos intrusos que nada tenan que ver con la empresa. Los intrusos son militantes del PSOE y uno de ellos, cuado de Antonio Rivas, ex delegado de Empleo y ex alcalde socialista de Camas. Rivas es, precisamente, uno de los condenados. La Seccin Tercera de la Audiencia lo ha condenado a tres aos y medio de crcel.
El otro exalto cargo condenado -a tres aos de prisin- es el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera. El fallo es absolutorio para otros tres exaltos cargos de la Administracin autonmica -el exconsejero de Empleo Antonio Fernndez; el exviceconsejero del ramo Agustn Barber y el ex director general de Trabajo Juan Mrquez– porque ya fueron juzgados en el juicio principal con Chaves y Grin, por lo que se ha apreciado la concurrencia de “cosa juzgada”.
Para la Seccin Tercera, la conducta de los exaltos cargos de la Junta condenados resulta “superlativamente ilegal” por el “incumplimiento relevante y palmario de la normativa aplicable”, de forma que “se ha producido un resultado materialmente injusto, derivado del tosco incumplimiento y desconocimiento de las normas reguladoras de estas ayudas, pues todo se subordinaba al pertinaz propsito de favorecer a Surcolor, con dao al presupuesto y recursos pblicos y a la posibilidad de que tales recursos se hubieran dedicado a su fin propio”, segn ha informado la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluca (TSJA).
Dinero para “asar una vaca”
El tribunal impone adems condenas de entre un ao y tres aos y dos meses de crcel a otros nueve acusados en esta pieza separada por delitos de prevaricacin, malversacin y falsedad en documento mercantil, en todos los casos con la atenuante de dilaciones indebidas, acusados entre los que se encuentran dos representantes de la empresa Surcolor, un representante del sindicato CCOO, un intruso, dos extrabajadores de la mediadora Vitalia, un ‘testaferro’ o un abogado. Entre ellos est el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, de quien su madre sola decir en su pueblo que tena dinero para “asar una vaca”.
Para fijar las penas de prisin, la Audiencia tiene en cuenta la “gravedad” de los hechos y la “desvirtualizacin absoluta” del sistema de concesin de ayudas, al otorgrselas a los intrusos que se incluan en los listados de prejubilados de la empresa, a pesar de que no guardaban relacin con ella. Sobre este asunto, la sentencia dice que se inclua a un beneficiario que “nada tiene que ver” y se “sobrevalora el coste para propsitos que no son objeto de este juicio, pero de los que no se vislumbra relacin alguna con un fin pblico“.
El fallo habla tambin del “dao causado, que excede del especfico de las concretas acciones delictivas, pues implican un deterioro profundo de la confianza pblica en la probidad de las instituciones y en la misma realidad del Estado de Derecho“, y que las cantidades defraudadas “son, individualmente consideradas, importantes y exceden lo que en algunos tipos del Cdigo se considera notoria o relevante importancia”.
En concepto de responsabilidad civil, los condenados tendrn que indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andaluca con distintas cantidades que alcanzan los 984.921,23 euros, que se corresponde con la cantidad efectivamente malversada, mientras que la Federacin de Industrias Textil-Piel, Qumicas y Afines de CCOO (Fiteqa-CCOO) tendr que indemnizar a la Administracin autonmica en calidad de responsable civil subsidiaria de las cantidades declaradas respecto del representante sindical condenado.
