Ordenan el desalojo de un asentamiento de temporeros en Njar (Almera) en el que viven 60 personas, incluidos 9 nios
La Justicia ha ordenado el desalojo de un asentamiento irregular de temporeros marroques localizado en la finca El Uno, en el Paraje de Los Bojares de Njar (Almera), de propiedad privada, y en el que viven actualmente unas 60 personas, incluidos 9 nios, segn los datos facilitados por las ONG que trabajan en la comarca.
La orden de lanzamiento dictada por el Juzgado de Primera Instancia nmero 1 de Almera dispone que los moradores de esta finca debern abandonarla antes de maana martes 25 de febrero a las 9.40 horas, momento en el que se considerarn “abandonados” los bienes que se encuentren en las instalaciones y que sus propietarios no se hayan llevado consigo.
Diferentes organizaciones que trabajan en la comarca han dado la voz de alarma ante la falta de una vivienda alternativa donde refugiar a estas personas, por lo que consideran que se est cometiendo un atropello de sus derechos. Preocupa especialmente la situacin de los nueve menores de edad, que estn escolarizados en la zona, y que ahora se vern probablemente desplazados y sin un destino claro. El ms pequeo de ellos tiene slo ao y medio.
El Defensor del Pueblo Andaluz ha reclamado al Ayuntamiento de Njar que acte para, junto a otras administraciones, evitar que todas estas personas se queden en la calle, dando prioridad a las familias que tienen menores de edad a su cargo. La Oficina del Defensor, que coordina Jess Maeztu, ha remitido un escrito al gobierno municipal, segn informa la agencia Efe, a raz de la queja presentada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almera.
El Defensor recuerda en su respuesta que el Plan Estratgico para la erradicacin de asentamientos informales en zonas agrcolas de Andaluca tiene por objeto no slo acabar con estos poblados marginales de infravivienda, sino, sobre todo, ofrecer una alternativa a quienes residen en ellos.
Tambin la Dicesis de Almera ha reclamado a las administraciones que busquen una salida para estas personas y ha condenado el “atropello de derechos” de estos inmigrantes. Concretamente, se ha pronunciado el Secretariado Diocesano para las Migraciones de Almera en un comunicado firmado junto a Critas Diocesana de Almera, las Hermanas Mercedarias de la Caridad (San Isidro de Njar), el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-Almera), Confer de Almera, y Hermandad Obrera de Accin Catlica (HOAC)-Almera. El desalojo, denuncian, “pisotea” la dignidad de las personas y y “vulnera sus derechos”. Muestran, adems, su indignacin por la “falta de sensibilidad” mostrada con la ausencia de respuesta por las administraciones pblicas.
Infravivienda en la finca El Uno, en Los Bojares, Njar (Almera).
Por su lado, La Plataforma Derecho a Techo considera inaceptable que estas familias sean expulsadas de sus hogares sin ninguna alternativa habitacional”. “Muchas de estas personas han vivido durante aos en estas infraviviendas, en las cuales han construido un presente, no sin dificultades, que ahora se les arrebata. Manifiestan que estn dispuestas a pagar un alquiler asumible, pero no encuentran ninguna opcin accesible en Njar.
Las ONG recuerdan que el Ayuntamiento de Njar, incumpli sus promesas de ofrecer alternativas habitacionales tras el desalojo del asentamiento de Walili, en enero de 2023. En este caso, ni siquiera estn haciendo ese esfuerzo, dejando a decenas de familias a su suerte sin la mnima proteccin de los servicios sociales”. Exigen que se d uso a las 62 viviendas que construy precisamente para realojar a las familias de Walili pero que, a da de hoy, siguen vacas.
Adems, responsabilizan directamente a la patronal agrcola COEXPHAL, por no proporcionar alojamiento digno a los inmigrantes a los que emplea, “condenndolos a chabolas, infraviviendas y asentamientos, sin garantizar en muchas ocasiones sus derechos laborales”.
La Plataforma Derecho a Techo afirma que, mientras las explotaciones agrcolas no han dejado de crecer, nada se ha planificado para dar vivienda a las personas cuyo trabajo sostiene este crecimiento econmico. Adems, apuntan que el aumento de los alquileres tursticos ha agravado el dficit de vivienda asequible, afectando a toda la clase trabajadora, no solo a la clase trabajadora del campo.
Por ltimo, el portavoz de Podemos Njar, Fernando Saudo, en conversacin con EL MUNDO, ha explicado que el Ayuntamiento dispone de fondos para accin social pero no los emplea en buscar una solucin para estas personas. Exige a este respecto que ponga en uso las 62 sociales construidas y que estn actualmente vacas, para realojar a quienes lo necesiten.
Segn un informe de Andaluca Acoge realizado con datos de 2022, en Njar hay 44 asentamientos de este tipo en los que viven 1.200 personas entre ellas 83 nios. Se trata de familias que viven en situacin de “extrema exclusin”.
