Ms de la mitad de municipios inundables de Catalua no tiene en vigor su plan de emergencia

Catalua ha superado con pocas afectaciones materiales y sin vctimas mortales la DANA por dos factores determinantes: la menor intensidad de la gota fra a su paso por la regin y la muy celosa actuacin del Gobierno de la Generalitat, dirigido por el socialista Salvador Illa, que extrem la supervisin del fenmeno meteorolgico y multiplic los avisos a la poblacin y las restricciones tras comprobar los apocalpticos daos generados en Valencia.

Sin embargo, una cifra pone en cuestin cmo de eficiente podra haber sido la respuesta de la comunidad autnoma catalana de haberse producido unas lluvias torrenciales de la misma magnitud que en el territorio vecino: el 57% de los municipios inundables de Catalua no cuentan con un plan de proteccin civil vigente para afrontar con garantas y celeridad una anegacin.

Segn la Directiva Europea, existen 521 municipios catalanes obligados a disponer de un plan especfico para abordar las consecuencias de riadas o crecidas del nivel del mar y 237 de ellos lo tienen caducado. Otros 60 ni siquiera han llegado a redactarlo nunca, de manera que no cuentan con un dispositivo coordinado para guiar a su poblacin en caso de tener que enfrentarse a una situacin como la vivida en Valencia.

Segn los datos de Proteccin Civil, entre las poblaciones que jams han contado con un “plan homologado” figuran algunas tan importantes como Badalona -la cuarta ciudad de Catalua, con 227.000 habitantes- y otros municipios que circundan Barcelona como Montcada i Reixach, Badia del Valls o Rub, en la que en 1962 se produjo una dramtica riada que, oficialmente, se cobr la vida de unas 400 personas, aunque se estima que la cifra real pudo llegar al millar.

De entre las localidades que no cuentan con el plan de inundaciones vigente -hay que actualizarlo cada cuatro aos- destaca L’Hospitalet de Llobregat -la segunda ciudad de Catalua, con 265.000 habitantes- y municipios importantes del sur de la regin como Amposta, en la que se produjeron algunos de los mayores aguaceros de la DANA a su paso por Catalua.

Tampoco cuentan con un plan actualizado poblaciones como Vilassar de Mar, que ha sufrido 33 episodios de inundaciones desde 1990.

“La Generalitat no puede suplir en el momento de una inundacin el rol municipal. Por eso es importante que los municipios con riesgo elevado tengan su propio plan. Si no hay medidas a nivel local como el cierre de accesos y la identificacin de zonas vulnerables, existir un riesgo”, seal el subdirector de Proteccin Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, justo antes de que la DANA azotase el arco mediterrneo.

705.000 catalanes en zonas inundables

Se calcula que el 9% de la poblacin de Catalua vive en zonas inundables, lo que equivale a unas 705.000 personas. Y el 15% de las zonas urbanizadas estn afectadas por riesgo de inundaciones fluviales o martimas.

Atendiendo a estos datos, y con el afn de profundizar en las medidas preventivas que permitan paliar los efectos de nuevos episodios de lluvias desbordantes, la Generalitat se propone revisar, actualizar o crear en los dos prximos aos los planes de emergencia de los 947 municipios de la regin, no slo del medio millar sitos en zonas de especial riesgo por inundacin.

En paralelo, la Administracin catalana pretende actuar sobre las zonas inundables con actuaciones de diferente intensidad en funcin de los riesgos detectados. La medida menos invasiva pasara por elaborar planes de evacuacin para trasladar a pacientes o alumnos a plantas superiores de colegios, centros sanitarios o geritricos en caso de alarma por inundacin. Se estima que ms de 200 escuelas y 50 residencias catalanas se encuentran en zona de riesgo.

La Generalitat contempla, no obstante, forzar “la reduccin o traslado” de actividades econmicas o ncleos residenciales “donde no pueda haber otra solucin”. “La seguridad de las personas est muy por encima de todo”, manifest ayer la portavoz del Govern, Slvia Paneque, al ser preguntada sobre esta cuestin. La socialista admiti, asimismo, que pueden ser necesarias reformas legales para abordar la intervencin de la Generalitat sobre propiedades privadas atendiendo a riesgos meteorolgicos.