Marlaska, que un da fue juez
Por cada minuto que pasa sin que el ministro del Interior dimita, el Estado pierde un kilo de dignidad democrtica. Las carnes de nuestra calidad institucional ya estn magras, pero ahora amenaza el raquitismo. Fernando Grande-Marlaska, que un da fue juez, ha decidido escarbar un poco ms en la poza sptica en la que el Gobierno de coalicin ha enterrado la responsabilidad poltica y, para sorpresa de nadie, lo est logrando con el respaldo del presidente.
Ya sabamos que se trata de un concepto vaporoso para este Ejecutivo. Si afecta a la corrupcin del entorno personal del jefe, directamente no existe. Si la ponzoa baja un peldaito y atrapa al personal de mxima confianza, esos nmeros dos rana que ya son legin, se solventa con cinismo cronomtrico. Es decir, se da por resuelta la crisis entre celebraciones por la celeridad en la que se ordena una destitucin. Siempre que no sea la propia. Si atae al de enfrente, nada es suficiente.
El caso del director adjunto operativo de la Polica (DAO) parece ser un compendio de toda la podredumbre que carcome la confianza de los ciudadanos. La tenacidad en este empeo va a terminar por convencerlos de que su voto no es parte de un compromiso permanente con sus dirigentes, sino un papel que se coloca en una urna un domingo y luego no vale un mojn, en la acepcin ms escatolgica del trmino.
Al tema no le falta de nada. Fernando Grande-Marlaska no eligi a Jos ngel Gonzlez como mximo mando del Cuerpo Nacional de Polica por su trayectoria intachable, sino por su fidelidad perruna. Tanto la valoraba que aprovech un real decreto sobre medidas para la dana para perpetuarlo en el cargo. Reptanselo en la cabeza: aprovech una norma para paliar los efectos de una catstrofe que se cobr la vida de 200 personas, hiri a miles y arruin a cientos de miles para mantener en el machito a su cargo de mxima confianza.
El DAO entendi perfectamente que su cometido principal no era proteger a los espaoles de los delitos, sino proteger a su Gobierno. Tambin lo entendieron sus compaeros y los jueces, que comenzaron a asignar las causas de corrupcin sin apenas excepcin a la UCO de la Guardia Civil, cuya independencia el Ejecutivo siempre ha confundido con oposicin.
Con semejante poder omnmodo otorgado por Marlaska, cmo no iba a creerse Jos ngel Gonzlez impune ante una humilde subordinada? Les cambio el orden de los factores sin que altere el producto: cmo su presunta vctima no iba a quedar a la intemperie frente a sus presuntos abusos de un superior de no ser por la autoridad ilimitada que le daba el ministro? Y ahora va la pregunta retrica: de verdad Marlaska toma a la ciudadana por tonta?
Dice el ministro que slo se marchar si la presunta vctima considera que se ha sentido desprotegida por l. Tremenda innovacin. A una denunciante ya no se le exige slo vencer el miedo a llevar ante el juez a un todopoderoso jefe protegido por la elite gobernante, sino que tambin se deposita en ella la tarea de ventilar las responsabilidades polticas derivadas de su caso. En esto ha quedado el sentido de Estado de quien, al parecer, un da fue su defensor.
