Madrid se niega a hacer el registro de objetores pese a la decisión de la justicia: “Es un empeño personal de la presidenta” | Noticias de Madrid

Isabel Díaz Ayuso no se va a echar atrás en su pulso al Gobierno por la creación de un registro de objetores al aborto y no lo va a poner en marcha ni siquiera ahora que ha recibido el primer revés judicial que este lunes ha obligado a la Comunidad a comenzar los trámites. “Es un empeño de la presidenta. Intentan ridiculizarla con que alguien se lo dice por el pinganillo, pero no es cierto. Su posición es clara desde el primer día y lo ha impuesto a todo su equipo. Ni una duda”, dicen desde Sol, la sede de su Gobierno. La presidenta autonómica va de nuevo por libre y se declara en rebeldía a diferencia de todos los barones de su partido, que han decidido no ir a la guerra con el Ministerio de Sanidad. No en el caso de Ayuso.

Detrás de este pulso entre las dos administraciones más grandes de España se encuentra también una batalla política en torno a la sanidad pública. Madrid y el Gobierno español se enfrentan en los tribunales por distintos asuntos, pero el de la sanidad resulta especialmente clave. El presidente Pedro Sánchez y sus ministros quieren retratar a Ayuso como la punta de lanza de las políticas de privatización del PP. El Gobierno dio un impulso a la ley para frenar la gestión de empresas privadas en los hospitales públicos después de que este periódico destapara el escándalo de Torrejón, aunque no afectaría al modelo madrileño en la práctica, ya que la norma, de aprobarse en el Congreso, no sería retrospectiva. Sánchez ha hecho incluso mención a Quirón, el grupo que gestiona cuatro hospitales y tiene vínculos empresariales con el novio de la presidenta.

Ayuso ha apostado más fuerte en el tema del aborto que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El jefe de la oposición les dio libertad para elegir a las comunidades autónomas gobernadas por el PP qué hacer respecto al registro de objetores. Pareciera que los populares no estaban interesados en abrir un debate sobre el aborto, un derecho con un arraigo muy fuerte en la sociedad española, y que todas las consejerías han acatado. Pero la presidenta, con su postura, vuelve a darle la oportunidad a la izquierda de atacar por ese flanco. Generó un gran revuelo en octubre de 2025, cuando en la Asamblea atacó a las mujeres que no estuviesen de acuerdo: “Pues váyanse a otro lado a abortar“.

Ahora regresa de nuevo la polémica. En la comunidad no se va a mover “ni un papel” sobre este asunto, dicen desde su entorno. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, ha ordenado que se inicien los trámites de “inmediato” en respuesta a una solicitud cautelar planteada por el departamento de Mónica García. El Gobierno madrileño lo va a recurrir y dice que lo dictaminado “no entra aún en el fondo” de la cuestión principal”.

La obligación de crear esta lista proviene de la ley del aborto de 2023 y se concretó en un pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de diciembre de 2024, en el que todas las consejerías, incluida la de la Comunidad de Madrid, votaron a favor de la medida. No se trata de un registro público, sino de un documento interno de las administraciones que tiene fines organizativos “para garantizar la adecuada gestión de la prestación sanitaria” del aborto, así como garantizar el derecho, tanto de las mujeres como de los médicos objetores.

Aunque la ley no estipula que los abortos se tengan que realizar en centros de gestión pública (da la posibilidad de concertar el servicio, como hace Madrid), no tener ese registro puede causar problemas, sobre todo en supuestos en los que el aborto se debe al riesgo que corre la vida del feto o de la madre. Se han dado casos en los que una mujer que quería tener a su bebé, durante el seguimiento en un hospital público, ha recibido la negativa de interrumpir el embarazo en ese mismo centro, y ha tenido que acudir a uno concertado, ajeno por completo a su caso. El problema en muchos hospitales públicos es que los servicios de ginecología son, de facto, objetores. No es que haya una negativa individual de los médicos, pero por sistema no se hacen este tipo de procedimientos, que no solo necesitan ginecólogos, sino también anestesistas, enfermeras, auxiliares… Para poner orden en esos servicios es para lo que hace falta un registro.

Para Ayuso se trata de una lista negra, pese a que su Gobierno creó uno muy similar para la eutanasia sin entrar en polémicas ni generar ningún revuelo. “Si lo tiene que hacer, que no sea porque se lo dice una ministra sectaria, una activista detrás de la pancarta”, atacan a Mónica García desde el entorno de la presidenta. Y añaden: “El aborto debe ser legal, seguro, pero poco frecuente y que no es algo que se deba fomentar porque hay muchas maneras para evitarlo”.

La izquierda vuelve a cargar contra Ayuso en un asunto en el que cree que tiene las de ganar. García, en declaraciones a los medios, se ha felicitado por la resolución del tribunal: “Nos decía que nos teníamos que ir a abortar fuera. Bueno, pues resulta que no, que no nos vamos a ir a ninguna parte, que es ella la que va a tener que crear un registro de objetores como marca la ley. Le obliga a algo tan sencillo como cumplir la ley, como están cumpliendo el resto de comunidades, de las que Madrid era la única que se había negado. Y la única comunidad también donde el 99% de los abortos se siguen derivando a clínicas privadas”.

Horas antes, la acusó de querer mandar a las mujeres décadas atrás “por su fanatismo religioso”. Mónica García ha entrado de lleno también en otro asunto que hace dudar al PP, el del apoyo a la guerra que Estados Unidos le ha declarado a Irán en compañía de Israel. Ayuso se mostró muy tajante al respecto durante los primeros días de la intervención y fue muy crítica con una izquierda que defendía que se violaba el derecho internacional, pero ya ha incluido matices en su postura.

Desde Nueva York, donde se encuentra de visita oficial, ha repetido hasta tres veces que no está a favor de un conflicto armado. “No queriendo la guerra, se puede tomar una posición en favor y en defensa de todo lo bueno y no desguazar lo que tanta gente ha construido a lo largo del tiempo con eslóganes vacíos y con hipocresía”, ha dicho en referencia al eslogan No a la guerra que la izquierda ha desenterrado y que tanto preocupa en el PP. Las encuestas revelan que la mayoría de los españoles se posiciona en contra de la intervención de Estados Unidos. En cambio, en lo que Ayuso no se ha mostrado ambigua ha sido con el registro de objetores. A pesar de lo que diga la justicia, no está dispuesta a ceder ni un centímetro.