Los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid podrán seguir circulando un año más por la ciudad | Noticias de Madrid



El alcalde de Madrid también cambia de opinión. Se suponía que con la entrada del nuevo año las normas que restringen la circulación se iban a endurecer, pero la mañana de este jueves el delegado de Movilidad, Borja Carabante, ha dicho que ya no es así. El Ayuntamiento dará un plazo de un año más en el que solo mandará avisos a aquellos vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid que entren en la ciudad. El Consistorio contempla excepciones para los vehículos de fuera. Podrán entrar en la capital los que no tengan etiqueta ambiental siempre y cuando pertenezcan a un autónomo de más de 59 años y los que tengan tarjeta de movilidad reducida. También podrán acceder aquellas personas que lleven a un familiar a un centro sanitario para recibir tratamiento.

La entrada en vigor de Madrid 360 convirtió la ciudad entera en una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y prohibió la circulación de todos los vehículos que no tuvieran etiqueta ambiental B, C, Eco o Cero, pero había una excepción. Podían entrar aquellos coches que estuvieran empadronados en la ciudad y que, por tanto, pagasen en ella sus impuestos de circulación. Hasta ahora, lo previsto era que el mes que viene se vetara la circulación de los vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001, y de los diésel anteriores a 2006, que incluso tendrán prohibido estar aparcados en la calle, bajo multa de 200 euros, pero el regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha dado un paso atrás porque considera que las medidas actuales están yendo bien. “Volvemos a arrojar los mejores datos de todos la serie histórica. 16,5% menos de contaminación desde 2023″, señala Carabante.

Pese al respiro momentáneo que da el alcalde a los propietarios de este tipo de vehículos, su promesa es la de seguir aplicando políticas cada vez más restrictivas contra la circulación en la ciudad. Será un reto para el edil popular, porque el Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid calcula que el tráfico privado habrá crecido un 42% en 2032 con respecto al que había en 2019. Las cifras de calidad del aire son por ahora buenas ―las emisiones de dióxido de nitrógeno han bajado un 39,2% durante los últimos cinco años―, pero todavía hay margen de mejora. Sin embargo, la actitud del Gobierno municipal no siempre fue esa.

Corría mayo de 2019, faltaban aún unos meses para que las llamas destrozaran la catedral de Notre Dame, los ucranios acababan de elegir a Volodimir Zelenski para que gobernase un país en paz, la palabra “pandemia” sonaba a película de ciencia ficción y Almeida solo era un candidato a la alcaldía. Cuatro años de gestión de Manuela Carmena habían cambiado mucho la ciudad, y eso no gustaba a todo el mundo. La medida estrella de la alcaldesa fue Madrid Central, las restricciones de circulación dentro de la M-30 que bajaron los niveles de contaminación en el aire a mínimos históricos.

Cuando el recuento de votos en las elecciones municipales de ese año terminó y Almeida supo que podría gobernar con el apoyo de otros grupos, lanzó un órdago dirigido a la extrema derecha y consiguió que le facilitaran la investidura en coalición con Ciudadanos: “Se acabó Madrid Central”. Una legislatura y media después, el resultado es otro. El PP gobierna con mayoría absoluta y las normas de Madrid Central no solo siguen en vigor, sino que se han ampliado a toda la ciudad con criterios más estrictos. Hasta ahora. Y Vox ahora trata de tumbar la medida por la vía judicial.



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