Los tres lmites que marca la jueza de la dana en su investigacin: ni Carlos Mazn ni el Gobierno ni los alcaldes

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, al frente del juzgado de Primera Instancia e Instruccin nmero 3 de Catarroja, va marcando en cada uno de sus autos el camino por donde transcurre la investigacin penal de todo lo ocurrido el 29 de octubre cuando la riada ocasionada por una dana acab con la vida de 228 personas, una de ellas an desaparecida. Pero tambin va estableciendo lmites por ms que las numerosas acusaciones insistan y tres son los bsicos, por distintas razones: no se puede esclarecer la actuacin de Carlos Mazn aquel martes, no se puede elevar la responsabilidad al Gobierno de Espaa y tampoco se puede apuntar a los alcaldes por una alerta “tarda y errnea”.

Con estas tres limitaciones, la responsabilidad queda restringida, por el momento, al mbito de la Generalitat Valenciana y a quienes ostentaban las competencias en Emergencias y Proteccin Civil: la entonces consejera de Justicia e Interior, Salom Pradas, y el ex secretario autonmico, Emilio Argeso. Ellos son los nicos investigados en esta causa.

Mazn

El presidente Carlos Mazn es el primero que queda al margen por su condicin de aforado. La magistrada ha repetido en sus autos una y otra vez que no tiene competencias para investigar la actuacin del jefe del Consell aunque las vctimas le sealen como responsable y PSOE y Comproms pidan su dimisin. Cada vez que una acusacin pide diligencias sobre el presidente en esas horas, Ruiz Tobarra recuerda que es aforado y reitera su ofrecimiento para que comparezca “de forma voluntaria y en condicin de investigado” ante el juzgado, cuestin que Mazn siempre ha rechazado.

Qu hizo o no hizo el jefe del Consell aquel 29 de octubre no se aclarar en sede judicial. Todo lo conocido hasta el momento lo ha revelado l mismo sin que se haya podido corroborar. Hizo pblica su comida en El Ventorro -y sus diferentes versiones sobre comida de trabajo o de partido-, con una periodista, pero la factura no se ha facilitado a los grupos de oposicin al haberla abonado el Partido Popular. Tambin algunas de sus llamadas aquella tarde, cotejada con el informe notarial facilitado al juzgado por Salom Pradas con el volcado de sus llamadas aquel da, y finalmente que acudi al Cecopi a las 20.28 horas, una vez lanzada la alerta como recogen las cmaras de seguridad del Centro de Coordinacin de Emergencias.

Siguen quedan dudas sobre a qu hora sali de la comida, si estuvo en el Palau -porque las cmaras de seguridad han sido borradas– y cul fue el recorrido de su coche oficial aquel da o el contenido de sus conversaciones con Pradas, una de ellas un minuto antes de que sonara el ES-Alert.

El Gobierno

El segundo lmite que marca la jueza es la responsabilidad del Gobierno de Espaa en las 228 muertes. Pese a la insistencia de algunas acusaciones y la defensa de Pradas en solicitar la imputacin de la delegada del Gobierno, Pilar Bernab, como “codirectora” del Cecopi y responsable de las agencias estatales (Aemet y la CHJ), la magistrada la cit como testigo y no ha variado su condicin procesal desde que Bernab prest declaracin. Ni siquiera ha accedido a la imputacin del presidente de la CHJ, Miguel Polo, pero s lo ha llamado como testigo.

En sus autos, la instructora insiste en que las competencias en Proteccin Civil pertenecen a la Generalitat y, por tanto, la responsabilidad de quien las ostentaba, en este caso la consellera Pradas. Destac la “inactividad patente” del Gobierno autonmico y a ello achaca el “abrumador” nmero de fallecidos. Adems, insiste en que los anuncios de la gravedad de la situacin se produjeron “en diversos mbitos y con una antelacin suficiente” por parte de Aemet, a cuyo jefe de Climatologa, Jos ngel Nez, ha citado como testigo.

En el caso de la CHJ, Ruiz Tobarra asegura que el acceso a la informacin sobre el caudal del barranco del Poyo “se poda efectuar a travs del sistema integrado SAIH, as como los correos electrnicos”, obviando as la tesis de la Generalitat y de los investigados de que hubo un “apagn informativo”.

Adems, la magistrada no ve responsabilidad alguna del Gobierno por no haber declarado la “emergencia nacional”, dado que “no era precisa para alertar a la poblacin y que se adoptaran medidas de autoproteccin” y que “existi consenso a nivel autonmico y central” en que no proceda “ni el da 29 de octubre, ni en los das posteriores”.

Los alcaldes

El ltimo lmite fijado es la actuacin de los alcaldes, a los que la jueza exonera de responsabilidad. Si bien ha citado a prestar testimonio a los alcaldes de Sedav, Utiel, Algemes y a las alcaldesas de Paiporta y Catarroja, aprecia que no tuvieron “informacin precisa” ni contaron con el asesoramiento necesario para proteger a sus vecinos.

“Se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la informacin precisa ni se les aconsej de manera especfica sobre las medidas a adoptar”, precisa la instructora, que de nuevo apunta a los “mltiples canales de informacin” que tenan “quienes asuman legalmente el mando de la emergencia”, que iban “desde AEMT y los medios de comunicacin, sino igualmente de la CHJ, las llamadas al 112, la disposicin de medios personales que deban controlar los barrancos y los cauces, la posibilidad de ser asistidos por tcnicos en emergencias en una reunin del Cecopi”, recoge la jueza en su ltimo auto fechado el 2 de mayo.