Los presupuestos de Ayuso para 2025 recogen un incremento de 114 millones en beneficios fiscales de sus impuestos | Noticias de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, prevé elevar hasta los 6.124,84 millones de euros los beneficios fiscales en su proyecto para los Presupuestos de 2025, según consta en la documentación del proyecto. Ese montante total de exenciones, que se alimenta principalmente de las aplicadas a los gravámenes de sucesiones y donaciones (4.948 millones de euros) y Patrimonio (651,05), supone 114,35 millones más que en 2024 (una subida del 1,9%). No obstante, la cifra previsiblemente engordará en las próximas semanas hasta los 6.304,44 millones (293,95 millones mas que en 2024), cuando la Asamblea regional, en la que el PP goza de mayoría absoluta, apruebe una batería de nuevas deducciones que ya están en tramitación.

Aunque el Ejecutivo defiende que así aumenta la recaudación, y que no se pueden equiparar esas cifras con lo que ingresaría de no aplicar las bonificaciones, la oposición de izquierdas califica de “suicida” e “insostenible” una política fiscal que considera “profundiza la injusticia social” al erosionar los recursos necesarios para financiar los servicios públicos. En todo caso, el gobierno central (PSOE y Sumar) también aplica beneficios fiscales como los de Madrid, en algunos casos diseñados para sectores concretos de la población, y en otros de carácter técnico: en los Presupuestos estatales vigentes suman más de 45.000 millones.

“Es dinero que se van a ahorrar los contribuyentes”, defiende un portavoz de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que recuerda que los beneficios fiscales decididos por el Estado alcanzarán los 13.980,76 millones en 2025. “No se puede traducir una rebaja fiscal en ingresos que no entran”, recalca. El Ejecutivo enfatiza ese argumento en el contenido de los propios presupuestos, que subliman la polémica teoría de la curva de laffer (a menos impuestos, más recaudación) y profundizan en la apuesta: si en las cuentas públicas de 2024 estos beneficios fiscales llegaban a 6.010,49 millones, en 2025 ya se dispararán, como mínimo, hasta los 6.124,84, y llegarán a los 6.304,44 cuando se aprueben las bonificaciones que están en tramitación en la Asamblea.

“Los beneficios fiscales modifican la conducta de los contribuyentes, tendente siempre a minimizar el coste tributario de sus actuaciones económicas”, se lee en el texto del proyecto. “La cuestión resulta evidente en algunos impuestos como el de donaciones, donde el beneficio fiscal ha producido que el número de donaciones se multiplicase exponencialmente respecto de la cifra de donaciones realizadas antes del establecimiento del beneficio fiscal”, se añade. “Por esta razón no puede equipararse el beneficio fiscal calculado en un impuesto con el incremento de recaudación que se produciría al quitar dicho beneficio fiscal”.

Sin embargo, esa argumentación contrasta con la indignación de la oposición de izquierdas en la Asamblea regional, que tilda de “suicida” e “insostenible” una política fiscal que considera “profundiza la injusticia social” al erosionar los recursos necesarios para financiar los servicios públicos.

“En las cifras de beneficios fiscales autonómicos no están incluidos los más de 1.259 millones de euros correspondientes a la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto al Patrimonio, ni los 1.285 millones de euros de la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF, ni tampoco la reducción de la tarifa autonómica del IRPF, que puede alcanzar una merma de ingresos públicos cercana a los 800 millones, porque todas ellas están diseñadas para la generalidad de los contribuyentes y quedan fuera de la definición de beneficio fiscal”, argumenta Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid. “Así, las rebajas fiscales en Madrid superarán ampliamente en 2025 los 9.000 millones”, calcula. “Y son aprovechadas por las grandes fortunas”, recalca.

Así, un documento interno de este partido, al que ha accedido EL PAÍS, calcula que “los regalos fiscales” se quedan “en más de sus dos terceras partes en los bolsillos de las más grandes fortunas con residencia fiscal en Madrid”. Y denuncia: “Son recursos que se necesitan para mejorar los servicios públicos esenciales”.

Una línea argumental que comparte el PSOE de Juan Lobato. “Aquí lo que tenemos son 6.000 y pico millones que van direccionados prácticamente al 2% de la población a través del impuesto de Patrimonio y del impuesto de Sucesiones, no hay ninguna transversalidad”, critica el diputado socialista Fernando Fernández Lara, que compara esa cifra con los beneficios fiscales derivados de la normativa estatal, que llegarían a 13.980,76 millones, según la documentación de la Comunidad de Madrid. “Esos son beneficios fiscales que están en los tramos reducidos del IVA y en las aplicaciones que se hacen en IRPF y otros impuestos de cara a niveles de renta que realmente lo necesitan. Son transversales, no direccionados a personas con un determinado nivel de renta”.

Así resumió este lunes Lobato las consecuencias que a su juicio tiene esa política: “Venimos sufriendo ser la última comunidad en financiación de los servicios públicos, particularmente en educación, sanidad o dependencia”.

De esta manera, Ayuso profundiza en el recetario clásico del PP. Da igual que la presidenta sorprendiera a su partido en febrero, cuando anunció que el espacio para recortar impuestos se agotaba. No importa que en junio la consejera de Hacienda, Rocío Albert, coincidiera en que cada vez hay menos margen. Cuatro meses después, se mantiene el proyecto de volver a rebajar el IRPF antes del final de la legislatura, y se aumentan un 1,9% los beneficios fiscales en el proyecto de presupuestos para 2025.

Eso sí, con una nueva fuente de ingresos: Ayuso espera recaudar 563 millones en 2025 entre las 10.000 grandes fortunas de Madrid. Una decisión que es fruto de una derrota. Desde 2008, los gobiernos del PP en Madrid venían bonificando este gravamen al 100% a todos los contribuyentes. En 2022, el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE) impulsó un impuesto diseñado para gravar por ese concepto a las grandes fortunas en las regiones que seguían esa estrategia. Tras perder un recurso ante el Constitucional, el Ejecutivo de Ayuso ha hecho de la necesidad virtud y lo recauda por sí mismo.