Los antiabortistas abren cinco locales alrededor de la Clínica Dator para multiplicar su acoso a mujeres embarazadas | Noticias de Madrid

La red de acoso contra la Clínica Dator, en Madrid, se ha sofisticado. Y se ha fortalecido, a pesar de que el actual Gobierno endureció las penas contra quienes presionen a las mujeres que quieran abortar. Hace dos años, colocaban una ambulancia que disponía de un ecógrafo en su interior frente a la clínica y acosaban a las jóvenes embarazadas en plena calle. Ahora se puede hablar de una red de acoso. La forma de operar de los rescatadores del conocido médico antiabortista Jesús Poveda se ha sofisticado mucho desde aquel lejano 2011 en el que empezaron a acudir a la puerta de la clínica todos los sábados. Se trata de una red de hasta cinco locales comerciales reconvertidos en sedes de una estrategia antiabortista: El refugio Provida, Mi primera ecografía, Red Madre, La Fundación Madrina y La Asociación de Ayuda a la Mujer Embarazada. De esa manera, creen eludir la ley porque ya no están en la calle acosando, están en locales legalmente adquiridos o alquilados. El resultado es que pueden seguir tratando de interceptar a las mujeres que están a punto de entrar exactamente igual que han hecho siempre. “Si yo me paro enfrente de mi local, como lo hace Telepizza, a distribuir mi folleto, no me pueden decir nada”, argumenta Poveda.

Como respuesta, hace un par de años el Gobierno promulgó la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal para castigar precisamente este tipo de actos callejeros. Esta preveía penas de cárcel de entre tres meses y un año para quienes acosaran a las mujeres que pretenden abortar. Sin embargo, más de dos años después de su entrada en vigor, poco ha cambiado. Las mujeres que acuden a abortar siguen teniendo que atravesar su particular tortura, que se añade a dificultades como que pocos médicos se presten en los hospitales públicos españoles a realizar esta intervención: no da prestigio y puede levantar ampollas entre compañeros que sean creyentes, así que, ante la duda, cada vez hay más objetores de conciencia. Mientras, alrededor de las clínicas de interrupción del embarazo, los antiabortistas han refinado sus métodos para esquivar una ley bienintencionada pero, por ahora, ineficaz.

El sábado, a eso de las 10 de la mañana, Daniela, de 18 años, se acerca a la puerta de la Clínica Dator: tiene una cita para interrumpir su embarazo. Unos metros antes de llegar a la puerta se acercan a ella dos hombres con un folleto en la mano que dice: “El aborto no es la única opción”. Estos antiabortistas forman parte de los autodenominados rescatadores, un grupo liderado por el médico y profesor Poveda, de 65 años. Según el manual con el que operan, su deber es interrumpir el paso de las mujeres que acuden a la clínica y convencerlas de no ejercer su derecho a la interrupción del embarazo. Las preguntas se suceden de inmediato. ¿Cómo te llamas? ¿Qué necesitas para no abortar? ¿Estás segura de lo que vas a hacer? ¿Cómo te podemos ayudar para que no lo hagas? La mujer, al verse abrumada, les explica que es extranjera, que ni sus padres ni su pareja la apoyan con el embarazo y que no sabe qué hacer. Cada día, desde tiempos inmemoriales, todas las mujeres que acuden a este tipo de clínicas deben atravesar este acoso organizado.

La clínica Dator es considerada el buque insignia del aborto en España. Por eso, estos grupos antiabortistas, según ellos mismos explican, han creado esta red Provida a su alrededor. El centro médico se encuentra en la Calle Hermanos Gárate y a 30 metros, sobre la Calle Pensamiento, está el refugio ProVida en donde llevan a las mujeres que logran parar en primera instancia. A 180 metros está el local de Mi primera ecografía, donde las convencen de ir para que escuchen el latido del corazón. La fundación Red Madre, a 180 metros en otra dirección, trabaja de la mano con asociaciones provida en toda España. A 300 metros, en la Parroquia Santa Micaela se encuentra la Asociación de Ayuda a la Mujer Embarazada, en donde todos los jueves enseñan a las jóvenes a planchar, limpiar y cocinar para que puedan conseguir trabajo como empleadas domésticas y tener a sus hijos. Por último, la más lejana, pero también la más importante, a 500 metros, la Fundación Madrina presta atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Me siento muy orgulloso de haber creado esta red en todos estos años”, dice Poveda mientras hace el recorrido por el barrio. Cada local tiene diferentes dueños y formas de financiación, pero comparten un objetivo en común: acabar con el aborto en España.

Después de un rato de preguntas, un grupo de hombres convence a Daniela de ir con ellos a un refugio que Provida tiene a escasos 30 metros de la clínica. Financiado por el grupo ultracatólico Hazte Oír, el establecimiento cuenta con su propia médica. Con ella habla Daniela. El local está pintado de rosa, y un letrero gigante que simula la voz de un niño dice: “¿Te vas a perder mi sonrisa?”. Está lleno de fotos con úteros que representan las diferentes semanas de gestación y de fetos de plástico. Una imagen de una Virgen preside la estancia. Pero, a pesar de la impresionante puesta en escena, Daniela parece seguir convencida de querer abortar. Después de 15 minutos de conversación, la médica llama a Poveda: necesita refuerzos. “Nos pillas en pleno rescate”, se excusa el profesor.

Estos grupos antiabortistas consideran que cada vez tienen más éxito. Un hombre de 28 años que ha parado a la mujer está muy emocionado por lo que acaba de conseguir. Esta es la sexta vez que logra un rescate. “Empecé a venir hace tres años, a rezar con el grupo de 40 días por la vida, y después conseguí el teléfono de Poveda porque quería tener un papel más activo y poder ayudar realmente”, asegura el ingeniero, que sabe que están jugando en el límite de la ley. “Nos estamos exponiendo, pero todo lo hacemos de forma altruista. Tenemos todo esto rodeado”, dice orgulloso mientras que empieza a apuntar a los diferentes locales.

La operación de rescate o acoso, según a quien se le pregunte, tiene varios pasos. El primero está a cargo de los voluntarios: su trabajo consiste en pararse en primera línea de la clínica para impedir a las mujeres entrar. Una vez las logran convencer, deben llevarlas al refugio ProVida y, de ahí, a Red Madre o la Fundación Madrina, que cuentan con la certificación de la Comunidad de Madrid, según indican en la fachada de sus locales, en el madrileño barrio de Tetuán. “Somos como el Samur. Nuestro trabajo es asistir la emergencia y derivar a la mujer al mejor lugar para que le ayuden a tener al bebé”, explica Poveda.

Sonia Lamas, una de las trabajadoras del centro y también portavoz de la Clínica Dator, explica que en las puertas de su lugar de trabajo se vive un acoso diario. “Después del cambio en la ley, nada ha cambiado. El acoso diario es continuo. Estos grupos contrarios al aborto siguen estigmatizando a las mujeres”, dice, y pone un ejemplo de su día a día. “Hace unas semanas, estos grupos estuvieron echando migas de pan enfrente de la puerta de la Clínica para impedir que las mujeres pudieran entrar. Llegaron más de 200 palomas y tuvimos que llamar a la policía. Esto se está convirtiendo en un tema de salud pública”, cuenta. Poveda reconoce que ese día fue él quien echó las migas delante de la clínica esperando precisamente que las palomas llegaran y obstaculizarán el paso.

Por su parte, el abogado José Antonio Bosch, especialista en derecho al aborto, explica que “tendría que haber un perímetro o una zona de seguridad para que las mujeres que deciden abortar no se tengan que cruzar con ellos”. Esta medida se aplica en el Reino Unido desde marzo de 2023 en virtud de una Ley de Orden Público: allí, no se puede acosar a las mujeres en un radio de 150 metros. “La petición de establecer un perímetro de distancia es una demanda que las asociaciones por el derecho al aborto llevan años solicitando”, afirma Bosch.

Desde la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) aseguran que es imprescindible abordar ministerialmente la no resolución del problema, junto a otros asuntos tan importantes como la falta de formación profesional o los registros de objetores que están procurando una objeción a la carta que vulnera los derechos de las mujeres. “No debemos silenciar ni este ni otros asuntos, ya que podría pensarse que el aborto como práctica sanitaria y como derecho no está en las agendas ministeriales. Legislar no es suficiente, hay que asegurarse de que las leyes funcionan”.

Por ahora, la ley no se cumple en las calles. Daniela ha sido intervenida en su camino y ha perdido su cita para interrumpir su embarazo. Ha vuelto a casa con una cita para ir a buscar ayuda en Red Madre el lunes. “Funcionamos como filtros por los que tienes que pasar antes de poder entrar”, asegura Jorge, de 71 años, que lleva 10 años yendo todos los sábados a la Dator para impedir que mujeres como esta puedan ejercer su derecho. “Vine por primera vez porque Vox hizo una convocatoria y después ya quise volver por mi cuenta a ayudar con el movimiento”, dice. Nada se lo impide.