Los abortos en la sanidad pública de Madrid pasan de dos a 71 al año tras el caso de Marta Vigara, a la que se le negó una interrupción terapéutica | Noticias de Madrid

Se llama Marta Vigara, es geriatra, y el relato de cómo el Clínico San Carlos, su hospital, le negó un aborto terapéutico, derivándola a la sanidad privada, no solo provocó una oleada de protestas alimentada con historias similares. Como poco, también coincidió con un cambio en la ejecución de una prestación condicionada por los objetores de conciencia de los hospitales públicos. Vigara, que perdió a su bebé en 2020, contó su caso en septiembre de 2021. Hasta ese momento llegó la Comunidad de Madrid con cuatro interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en la sanidad pública en 2019, tres en 2020 y dos en 2021, según datos oficiales. En 2022, primer año completo tras conocerse el caso, fueron 61. Y en 2023, 71. Aunque el Ejecutivo regional no se pronuncia sobre la posibilidad de que haya una relación causa-efecto, el caso provocó un terremoto: Vigara habló con la ministra de Sanidad de entonces, Carolina Darias, o con la consejería regional, y hasta el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, afeó el funcionamiento del sistema madrileño, que ha supuesto un gasto de 23 millones en derivaciones a la privada entre 2019 y 2023, según documentación a la que accedió EL PAÍS.

“Los datos son los que son”, dice como toda respuesta un portavoz del Gobierno regional, que no entra en detalles para explicar el cambio de tendencia, ni se agarra a un argumento que usó en el pasado la Comunidad: que la baja cifra de abortos practicados en la sanidad pública madrileña no refleja la realidad, sino un problema administrativo, pues los hospitales no estarían notificando correctamente los datos. “Se da/dio la circunstancia de que no todas las que piden/pidieron iniciar el proceso de aborto finalmente lo hacen”, se limita a decir este interlocutor.

El año 2023 fue el primero con la nueva ley del aborto (desde el 2 de marzo), que incluye la potestad de las adolescentes desde 16 años de interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres o representantes legales y la obligación de las administraciones públicas de garantizar la prestación en los centros hospitalarios.

En todo caso, el cambio de tendencia empezó en Madrid ya un año antes, en 2022, y no sirve para sacar a la región del furgón de cola de regiones que garantizan esta prestación en la sanidad pública. Así, Extremadura registró todos los abortos de 2023 en la privada. Como Ceuta y Melilla. Castilla-La Mancha apenas anotó cinco en la sanidad pública, por los 25 de Murcia, los 26 de Andalucía, o los 39 de Aragón. Y los 71 que Madrid comunicó como realizados en la pública en 2023 son una gota en el océano de los 17.870 totales practicados en la región (17.799 en la privada). Los datos representan a mujeres residentes en cada región, no a mujeres que han sido intervenidas en dicha región, de acuerdo con el Consejo Interterritorial de 14 de marzo de 2007. Aún así, en el Ministerio de Sanidad prefieren ver el lado positivo de la evolución de Madrid.

“Desde el Ministerio estamos trabajando para que el aborto esté garantizado en la sanidad pública, junto con colectivos en defensa de este derecho, para que las mujeres accedan a la información, y para que en todos los centros públicos de la Comunidad de Madrid se garantice que haya profesionales que los realicen, y se dejen de derivar a clínicas privadas a la primera de cambio”, explican en el gobierno central. “La subida de abortos realizados en la publica en los últimos dos años a mas del doble es una buena noticia que pone en evidencia el buen trabajo que hemos hecho desde la oposición en Más Madrid en la Comunidad de Madrid, denunciando la situación de vulneración de este derecho por parte del gobierno de la señora Ayuso”, añaden. “Aún con esta subida, siguen siendo muy pocos los abortos que se realizan en la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, y es algo que estamos trabajando para revertir desde el Ministerio, con la publicación reciente del registro de objetores que obliga a las comunidades autónomas a establecer estos registros para garantizar que siempre haya profesionales que realicen esta práctica, que está avalada por una Ley Orgánica”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, fue quien impulsó la intervención del Defensor del Pueblo en 2022, cuando aún ejercía como líder de la oposición a Díaz Ayuso. Una decisión que la política tomó, precisamente, a raíz del caso Vigara. El trabajo de Gabilondo puso a Madrid frente al espejo: en contraste con esta región, subrayó el Defensor, durante 2020 Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Cantabria y Navarra realizaron más del 90% de estas intervenciones en centros de la red sanitaria pública.

De 2010 a 2019, en Madrid se realizaron 1.608 abortos en centros del sistema madrileño de salud (el 0,7%) y 210.755 (99,3%) en clínicas privadas a las que las mujeres llegaron mayoritariamente derivadas de la red pública, según datos enviados por el Gobierno a la Asamblea. En 2019, 2020 y 2021 no hubo ningún aborto realizado en centros públicos madrileños, según los datos aportados por Madrid al Parlamento regional, que son diferentes a los del Ministerio (cuatro, tres y dos, respectivamente). Lo que es seguro es que esa externalización del servicio médico para garantizar el derecho al aborto de las mujeres le cuesta alrededor de 3,7 millones de euros anuales al Ejecutivo regional, para un total de 22,6 entre 2019 y noviembre de 2024.

Vigara, geriatra en el mismo hospital que la dejó desatendida, defiende que la intervención que ella necesitaba era un aborto terapéutico (para salvar su vida). Estaba en la semana 17 de gestación. Sufría una rotura completa de la bolsa de líquido amniótico ―imprescindible para el desarrollo del feto―. Pero le dieron el alta con una carta firmada por dos ginecólogos en la que constaban que había “riesgo extremo para la madre y para el feto”, pero que “ahí no se practicaban abortos” y que se tenía que marchar a una clínica privada.

Aquella comunicación llegó a las 12.30 horas. Vigara se tuvo que ir a toda prisa desde el Clínico San Carlos a la unidad de interrupción voluntaria del embarazo, en la calle de Sagasta de Madrid, donde la habían derivado. Cerraba a las dos de la tarde. O llegaba, o se quedaba un día esperando como estaba. Un caso que llevó al Defensor del Pueblo a dudar de que el sistema madrileño estuviera funcionando correctamente. Desde entonces, y a falta de conocer los datos de 2024, algo parece haber cambiado.