Los 50 das de incomunicacin entre Snchez y Mazn tras la DANA: tensin institucional en mximos y amenaza de la Fiscala por posible responsabilidad penal


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El Consejo de Ministros nombr el pasado martes da 10 a Jos Mara ngel como comisionado especial para la reconstruccin de Valencia tras la DANA. Su homlogo en el Gobierno valenciano es el teniente general retirado Francisco Jos Gan Pampols, aupado por Carlos Mazn a la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat. La esperada reunin entre ambos no slo no se ha producido todava, sino que ninguno de sus equipos tiene prevista en agenda ningn encuentro, segn confirman ambas partes.

Es la evidencia ms clara de los 50 das de incomunicacin entre ambas administraciones desde la riada que devast parte de la provincia de Valencia, con 223 fallecidos y decenas de miles de damnificados. Cincuenta das en los que apenas ha habido contacto entre el presidente de la Generalitat y el del Gobierno central, Pedro Snchez. Entre la controvertida visita que protagonizaron ambos junto a los Reyes a Paiporta el 3 de noviembre, y la Conferencia de Presidentes del pasado viernes, no se produjo ni una sola llamada telefnica entre ellos, segn las fuentes consultadas.

Es ms, lejos de aflojar la hostilidad en una relacin que comenz a envenenarse en los primeros das de la crisis -cuando ni uno ni otro quiso dar el paso de declarar la emergencia nacional para que el Ejecutivo central asumiera el mando de la gestin-, la tensin institucional est en mximos. El cruce de reproches y de acusaciones no deja de sucederse, y ahora bajo una nueva amenaza en el plano judicial.

Horas despus de que Mazn alertara del riesgo de colapso financiero de la Generalitat si el Gobierno no aprueba un Fondo de Liquidez Autonmico (FLA) extraordinario que cubra los 3.000 millones de dficit de las arcas valencianas, la Fiscala se pronunci a favor de la investigacin al jefe del Consell por su gestin de la DANA.

Lo hizo en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que decidi unificar en una sola causa las siete querellas y denuncias interpuestas contra Mazn, la ex consejera Salom Pradas o cualquier otra autoridad. La Fiscala considera que debe investigarse la actuacin del Consell, pero estima que el proceso debe iniciarse en un juzgado de instruccin y slo elevarse al TSJ si se encuentran indicios de la responsabilidad penal del presidente.

Segn fuentes de la Generalitat, esto demuestra que la Fiscala ni atribuye ni seala ninguna conducta concreta contra Carlos Mazn, y por eso pide que la causa la instruya un juzgado ordinario y no el TSJ, que es el nico competente para juzgar al presidente dada su condicin de aforado.

El revs judicial -esperado en todo caso en el entorno de Mazn- no ha hecho sino redoblar los ataques del Gobierno valenciano contra el de Pedro Snchez. Hasta el punto de que fuentes de la Generalitat denunciaban ayer que el Gobierno de Snchez sigue discriminando a la Comunidad Valenciana y slo gobierna para Catalua.

La indignacin en el Palau de la Generalitat estall al conocerse que el Consejo de Ministros haba aprobado una transferencia directa para Catalua de 283 millones de euros para el servicio ferroviario de Rodalies. El Ministerio de scar Puente va a destinar ms fondos a renovar el sistema ferroviario cataln que a reconstruir la red valenciana afectada por las riadas [184,6 millones], insistieron fuentes del entorno del presidente valenciano, quien lleva tiempo reclamando ayudas a fondo perdido y transferencias directas.

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernab, tampoco se call ayer. Culp a Mazn de la campaa de desinformacin sobre las supuestas ayudas a devolver que ha provocado que slo 3.000 personas hayan solicitado los anticipos del Gobierno. Y, tras los incendios en las campas con enseres y vehculos de la DANA, acus al Consell de demorar su retirada durante semanas y de poner en peligro a la poblacin.





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