Llarena da un plazo de cinco das a las partes para informar sobre la amnista y comunica a la Polica que la orden de detencin de Puigdemont sigue vigente


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Primer movimiento judicial tras la entrada en vigor de la Ley de Amnista. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procs, ha dictado este martes una providencia en la que da un plazo de cinco das a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la Ley de Amnista a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados Carles Puigdemont, Antoni Comn, Lluis Puig y Marta Rovira, y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.

En la misma resolucin, el juez ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que “continan vigentes y activas las rdenes nacionales de detencin” de los cuatro procesados citados, adoptadas en auto de enero de 2023, “por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas”.

Por su parte, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzg la causa del procs y la magistrada Susana Polo, como instructora del caso Tsunami Democratic, han dictado otras dos providencias en las que dan traslado tambin a la Fiscala y dems partes personadas para que presenten alegaciones a la aplicacin de la Ley de Amnista en sus asuntos respectivos.

La providencia del juez

La providencia del juez Llarena recuerda que la Ley de Amnista, publicada hoy en el BOE, establece en su artculo 1 los requisitos para exonerar de responsabilidad criminal a los actos tipificados como delito que hubieran sido presuntamente perpetrados en el contexto del proceso independentista cataln, pero, excluyendo siempre y en todo caso, los supuestos de hecho que el propio legislador recoge en su artculo 2.

Asimismo, subraya la providencia, el prembulo de la Ley seala que “corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnista y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el mbito de aplicacin establecido por el legislador”.

El instructor expone que, de acuerdo con el artculo 9 de la Ley, que establece que los rganos judiciales aplicarn la amnista previa audiencia de la Fiscala y de las partes, y que en la causa se han acordado diversas medidas cautelares personales que la ley contempla como de urgente anlisis (artculo 4), procede dar traslado a las partes para que en el trmino mximo de cinco das presenten su informe.

El juez detalla que deben informar “sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados”, y “sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos”, “prestando una particular referencia a si los hechos se entienden comprendidos en las previsiones del artculo 1 de la Ley para los delitos de desobediencia y malversacin de caudales pblicos, as como si pueden considerarse excluidos del mbito de aplicacin de la Ley por la especfica previsin del legislador recogida en su artculo 2.e”.

Por su parte, el tribunal de la Sala Penal del Supremo que juzg y sentenci la causa del procs ha dictado una providencia en la que da un plazo de 5 das al Ministerio Fiscal, la acusacin popular y las defensas de los condenados Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, para que formulen las alegaciones que consideren procedentes acerca de los efectos de la Ley de Amnista sobre el hecho delictivo por el que sufren condena los cuatro citados.

El informe, aade la providencia, deber hacerse extensivo a las consecuencias derivadas de lo previsto en los artculos 1 y 2 de la Ley al regular los hechos amnistiables y sus exclusiones. La Sala recuerda que la Ley seala que “slo podr entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal (…) cuando as haya sido declarado por resolucin firme dictada por el rgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley”.

Por su parte, en otra resolucin, la instructora del ‘caso Tsunami Democratic’, Susana Polo, da traslado a las partes personadas por trmino mximo de 10 das para que “informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma, conforme a los artculos 1 y 2 de la Ley, a los distintos hechos que en la presente causa se atribuyen a los investigados Carles Puigdemont Casamaj y Rubn Wagensberg Ramn”.





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