Las ocho razones por las que los acusados del caso Aznalcllar creen que van a salir indemnes

Los 16 acusados -desde el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernndez, a la ex directora de Minas de la Junta, Mara Jos Asensio, pasando por jefes de servicio, funcionarios y empresarios- tienen ocho razones para creer que van a salir sin mcula, absueltos, cuando termine el juicio que empez este lunes y que est previsto que se prolongue hasta el mes de julio (a lo que hay que aadir lo que tarde en dictar el tribunal su sentencia).

El macrojuicio llega diez aos despus de que el gobierno autonmico que entonces presida la socialista Susana Daz disease y convocase un concurso pblico para reactivar la mina de Aznalcllar, inactiva y abandonada desde que en abril de 1998 protagonizase la peor catstrofe ambiental (tras la del Prestige) en Espaa, con un vertido de lodos txicos que lleg a las puertas del Parque Nacional de Doana. De aquel concurso sali ganadora la multinacional Grupo Mxico -asociada con la andaluza Magtel-, pero una de las empresas que optaba, Emerita Resources, denunci irregularidades que la Audiencia de Sevilla tambin vio.

Trfico de influencias, prevaricacin, malversacin, fraude, negociacin ilegal y prevaricacin ambiental son los delitos por los que estn acusados los que, de una u otra forma, participaron en aquel procedimiento de adjudicacin en el que la juez Mercedes Alaya vio “ilegalidades severas”. Pero ellos (y sus abogados) estn convencidos de que esta largusima vista oral va a derivar en la exoneracin de todos ellos. Todos han venido sosteniendo que este proceso no tena que haber llegado nunca a la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla, en consonancia con la tesis de la propia juez de Instruccin 13 de Sevilla, Patricia Fernndez, que por dos veces decret el archivo de las actuaciones al no apreciar indicios de delito.

Pero ms all del convencimiento, las defensas de los 16 enjuiciados ven hasta ocho motivos por lo que la absolucin es, a su juicio, el nico final posible para este caso tras ms de una dcada de pleito.

La Fiscala, y la posicin que ha venido manteniendo desde el principio del caso, es uno de los pilares fundamentales de la estrategia que las defensas estn desplegando desde el lunes y desplegarn hasta el final de la vista. Fundamentalmente porque el Ministerio Pblico ha descartado, desde el minuto uno, la existencia de delito en el procedimiento administrativo por el que se adjudicaron los derechos de explotacin del yacimiento.

Siete veces

Al menos en siete ocasiones, la Fiscala se ha pronunciado en este sentido, rechazando cualquier tipo de trfico de influencias. Segn el Ministerio Pblico, no hay pruebas de que los miembros de la comisin tcnica se confabularan para favorecer a los adjudicatarios, ni de la relacin entre estos funcionarios y la empresa Magtel. Tampoco de que se hubiesen beneficiado del resultado del concurso ni de que hubiesen recibido alguna orden para favorecer a nadie. Y, en el caso del ex presidente de la SEPI (y ex secretario general de la Consejera de Innovacin) apunta a que no hay evidencias de relacin entre l y estos funcionarios ni de que hubiese intervenido en el proceso.

A las conclusiones de la Fiscala suman las defensas un dictamen pericial del catedrtico de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza Jos Mara Moreno Feliu, presidente adems del Tribunal Administrativo de Contratos Pblicos de Aragn, que entiende que el procedimiento cumpli con la legalidad vigente.

La tercera pata sobre las que se sostienen las defensas en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no refleja, sealan, ninguna irregularidad penal ni administrativa, as como de trfico de influencia o amao del concurso.

A los informes de la Fiscala, del perito y de la UCO aaden los abogados que representan a los acusados uno ms, del jefe de Servicio de Industria, Energa y Minas, que confirma que el concurso se llev a cabo de acuerdo con la normativa.

La Intervencin General de la Administracin del Estado tambin emiti un informe positivo para las defensas. Es un documento a instancias del juzgado que revis todos los actos administrativos relacionados con la tramitacin del concurso minero y que concluy, como el resto, que no haba motivos para pensar en irregularidades, que se haba aplicado el marco legal.

La sexta razn por la que los 16 enjuiciados por el caso Aznalcllar creen que el tribunal les va a dar la razn sentenciado que no hay caso es un dictamen emitido por la Fundacin Pando, de carcter cientfico y especializada en materia minera, que seal al proyecto de Grupo Mxico como el ms adecuado para las tareas extractivas en el yacimiento. Se desmontara as, desde este punto de vista, lo que mantienen las acusaciones.

Eso por lo que respecta a las capacidades tcnicas y por lo que se refiere a los aspectos econmicos y contables, esgrimen las defensas los dictmenes periciales de PwC.

Hasta aqu son siete y el octavo asidero de los acusados es la actuacin que ha llevado a cabo la Junta de Andaluca o, mejor dicho, cmo ha continuado el gobierno autonmico del PP con la tramitacin administrativa para la reapertura de la mina sevillana. Ni se par con la denuncia ni se ha parado en estos aos, recalcan, aunque diez aos despus el yacimiento an no ha vuelto a la actividad a falta, sealan fuentes conocedoras del proceso, de algunos trmites finales.