Las cuidadoras de personas dependientes de Madrid van a la huelga: “En la pandemia éramos esenciales, pero nos pagan una mierda” | Noticias de Madrid

Suenan silbatos, cacerolas y gritos a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, mientras este lunes se aprueban en pleno los Presupuestos para 2025. Más de 200 de manifestantes que se dedican a la asistencia de personas dependientes en su domicilio han ido a Cibeles a protestar para conseguir un mejor sueldo. El actual roza el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y en la mayoría de casos está ajustado a jornadas reducidas. Las empresas en las que trabajan son privadas, pero subcontratadas con la Administración municipal. El Consistorio les prometió una subida del 10% en junio, pero medio año después ese aumento sigue sin llegar. Y es más que probable que no llegue. “En la pandemia nos dijeron que éramos esenciales, pero nos siguen pagando una mierda”, señala sin tapujos Encarnación García, una mujer que lleva varios años dedicándose a cuidar a personas mayores en sus casas, un servicio público que ofrecen los ayuntamientos a personas dependientes y que se realiza a través de empresas privadas.

Solo en la capital hay más de 12.000 auxiliares de ayuda a domicilio para cuidar a casi 90.000 personas dependientes, no solo mayores, aunque sí la mayoría. El salario del sector en Madrid es de 15.875 euros al año en 15 pagas, 1.080 euros brutos al mes. Eso ocurre cuando la jornada es completa, pero en la mayoría de los casos no es así, porque necesitan conciliar. Según Darío Ferrer, portavoz de UGT, el 80% de las trabajadoras ―porque en su mayoría son mujeres― tiene jornadas reducidas. A fin de mes, no ingresan más de 800 euros. “Esto genera muchísimo desgaste”, señala Ferrer.

Una de ellas era Helen Acuña (de Bolivia, 28 años), que ha ido a la manifestación este lunes porque no llega a fin de mes. Hace jornada reducida, de 30 horas semanales y su salario neto es de, aproximadamente, 700 euros mensuales. Dice que su trabajo no es el que le prometieron porque ella se preparó para cuidar a gente con problemas y la llaman para que coja la escoba o el estropajo. “Yo me dedico a los cuidados, tuve que estudiar un curso de 1.400 euros para entrar a trabajar, pero la mayoría de los ancianos me quieren para que limpie sus casas”, dice. Ella acaba accediendo casi siempre por miedo a perder su única fuente de ingresos. “La empresa siempre les da la razón”.

Otro de los problemas de los que se quejan estas trabajadoras tiene que ver con el transporte y la diferencia que existe entre lo que la empresa estima que debe tardar una trabajadora en ir de una casa a otra, y lo que realmente tarda. El ejemplo lo pone Acuña de manera muy clara. En su jornada, la boliviana debe atender a personas que se alojan en cuatro casas distintas y no siempre están cerca unas de otras. Da igual. La empresa contempla el tiempo que deben gastar en trasladarse no debe superar los cinco minutos. Ni uno más. “Y cuando llego al siguiente servicio, el cliente está enfadado”, lamenta. A eso ya se le une otra queja del colectivo, la de quién debe pagar el abono el transporte. La empresa abona la mitad del coste. El resto sale de sus bolsillos.

Acuña cumple el perfil medio de las personas que se dedican a los cuidados a domicilio. Es mujer y viene de un país de América Latina a ganarse la vida dispuesta a trabajar duro para pagar un alquiler con un salario que cada vez da menos de sí. Aunque ese problema no es exclusivo de las auxiliares que vienen del extranjero. Sandra Santana (de Madrid, 41 años) también ha ido a manifestarse este lunes frente a Cibeles. Tiene tres hijos y trabaja con jornada reducida porque con la completa se le hace imposible compatibilizar su vida familiar. “Nos piden disponibilidad de 7.00 a 22.00″, explica. “No podría pasar por casa. Tendría que estar fuera y comer en un restaurante todos los días. Eso la empresa no lo paga”, añade.

Lo que ha llevado a estas dos mujeres a la puerta del Ayuntamiento a protestar tiene que ver con el suelo, pero también con una promesa incumplida, ya que el alcalde prometió el salario subiría a partir de enero de 2025. Las empresas en las que trabajan prestan un servicio que subcontrata cada ayuntamiento. En julio de este año caducó el contrato que tenían y llegó el momento de negociar. En esa negociación entraba en juego un nuevo convenio, más favorable que el anterior. Fue entonces cuando el Consistorio de Almeida les prometió una subida del 10% en su salario una vez aprobado el nuevo y se comprometió a que entrara en vigor a principio del año que viene. Pero la promesa se ha desvanecido. Les han prorrogado las condiciones que tenían hasta el 30 de junio de 2025, aunque no niegan que puede alargarse dos años más. No hay nuevo convenio, no se cumplen las promesas, los sueldos se quedan igual.

El Ayuntamiento de Madrid justifica su decisión en que no hay dinero suficiente. “Estamos en el proceso de búsqueda de financiación ante el problema que nos ha generado el Gobierno de España, que no está aportando a las comunidades autónomas los recursos económicos para sufragar la atención a la dependencia”, señala una portavoz del área de Políticas Sociales del PP, que también apunta que, pese a que el Gobierno debe financiar el 50% de lo que la Comunidad de Madrid da a sus ayuntamientos para pagar estos servicios, en la práctica solo paga el 30%.

Mientras los portavoces del Ayuntamiento echan la culpa al Gobierno central, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, afea dentro de Cibeles la actuación del PP y recuerda que “lo que piden [las trabajadoras] no es un regalo”. Una postura a la que se ha sumado la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que insiste en que hay que escuchar a las manifestantes.

La Ley de Dependencia, en todo caso, no obliga al Gobierno central a pagar a las comunidades para que cumplan este servicio. “El 50% no es una obligación, es un compromiso del Gobierno de coalición”, asegura una fuente oficial del Ministerio de Asuntos Sociales, que ha añadido que no puede aumentar el gasto mientras siga con los Presupuestos prorrogados. “Si el PP aprobase los Presupuestos aumentaríamos el gasto en dependencia”, recuerda. Actualmente, el Gobierno central cubre el 29% del gasto que supone la atención a domicilio en la Comunidad de Madrid. Es la cantidad más alta repartida desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2006. Cuando el expresidente Mariano Rajoy estaba al frente del Gobierno, el porcentaje que aportaba estaba en torno al 15%.

Las distintas administraciones están obligadas a prestar asistencia a personas dependientes desde la llamada Ley de Dependencia que se aprobó durante el Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Desde que se aprobó hace 18 años, 3,7 millones de personas han sido atendidas y han muerto más de 900.000 personas en la lista de espera para acceder a estos cuidados. La Comunidad de Madrid, para garantizar el servicio, decidió externalizarlo. Cada cuatro años saca un concurso con nuevas licitaciones. Sin embargo, tiene opción de prorrogar los antiguos, que es lo que está sucediendo. El tiempo corre, el salario es el mismo, y mujeres como Acuña o Santana seguirán luchando para llegar a final de mes. No queda otra opción.