Las asociaciones de jueces se posicionan en contra de la reforma de los procesos judiciales que pretende el PSOE y advierten de que sera “inconstitucional”
Las cuatro asociaciones de jueces han criticado severamente la proposicin de ley registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE ya que “inutiliza” la accin popular en los procesos judiciales, es “inconstitucional” y parece creada para su “especfica aplicacin a casos concretos”.
En concreto, Mara Jess del Barco, presidenta de la Asociacin Profesional de la Magistratura (APM), ha sealado en declaraciones a Europa Press que esa modificacin de la figura de las acusaciones populares parece buscar “la impunidad” si se atiende a “las causas abiertas” actualmente. “Y la impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de los ciudadanos ante la ley”, ha lamentado.
En este sentido, ha recordado que se est trabajando en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para darle al fiscal la instruccin de las causas penales, y por tanto en esa reforma podra tener encaje. Adems, ha explicado que hay “serias dudas de que sea constitucional”. “Ms bien entendemos que se produce una clara vulneracin del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artculo 24”, ha aadido.
Esto es as, ha matizado, por “los propios requisitos que establece sobre el ejercicio de esa accin, porque habla de que el ejercicio de la accin supone actuar en virtud de un vnculo concreto, relevante y suficiente con el inters pblico tutelado en el proceso penal correspondiente”. A su juicio, eso supone ya “una limitacin tan estrecha y tan restrictiva del ejercicio de la accin que viene a inutilizarlo”.
Del Barco ha criticado que se excluya de esa accin popular a las formaciones polticas. Ha explicado que, si bien reconoce que “se ha hecho un uso abusivo de la accin popular por parte de todos los partidos polticos” y que se ha usado como “un instrumento contra el adversario poltico”, esto ha permitido “condenas por delitos relacionados con la corrupcin poltica”.
Por otro lado, tambin ha criticado que se modifique la Ley Orgnica del Poder Judicial (LOPJ) para incluir una nueva causa de abstencin y de recusacin de los magistrados para aquellos casos en los hagan manifestaciones pblicas censurando, mostrando el acuerdo o desacuerdo con lo que hace un partido poltico, un sindicato, una autoridad o un funcionario pblico.
Ha recordado que los jueces son independientes y estn “obligados a serlo”, pero ha aadido que la norma “a lo mejor no pretende preservar esa independencia del juez y su imagen de independencia, sino otra cosa muy diferente”, tras aludir a las posibles manifestaciones que se hayan realizado en asuntos como la ley de amnista y en la condicin de portavoces de asociaciones judiciales, como es su caso.
En cuanto a la supresin del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, Del Barco ha sealado que se debe “conciliar siempre esa proteccin de los sentimientos religiosos de los ciudadanos con el derecho a la libertad de expresin”: “Ni todo es delito ni todo puede dejar de serlo”.
Por otro lado, ha indicado que le sorprende que se utilice la va de la proposicin de ley y no se haga la reforma a travs de un proyecto de ley, porque de esta forma se evitan “los preceptivos informes que deberan emitirse” por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado.
Por su parte, el portavoz de la Asociacin Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha lamentado que, si bien se est en “una fase muy incipiente de la tramitacin parlamentaria”, se acude conscientemente -por parte del PSOE- “a la peor de las tcnicas legislativas imaginables, puesto que la ley por definicin ha de tener vocacin de generalidad y de aplicacin en el futuro”.
“Esta reforma no tiene vocacin de generalidad sino que presenta la apariencia de haber sido concebida para su especfica aplicacin a casos concretos”, ha explicado, para luego resear que la disposicin transitoria nica que incluye la norma “puede afectar a las personas que estn en procesos ya en curso, incluyendo las posibles vctimas, lo que afecta gravemente a la exigencia de que no se puede legislar sobre casos ya en curso”.
Adems, considera que es “un profundo error” excluir de la accin popular a las asociaciones judiciales, “porque ello impedira actuar en defensa de intereses legtimos de jueces y magistrados, limitacin que podra conculcar la garanta constitucional del artculo 127 de la Constitucin Espaola”.
Tambin ha sido crtico con la modificacin de la LOPJ para recusar a jueces que hayan realizado manifestaciones polticas. Ha sealado que resulta “preocupante” que siempre se dude de los jueces como colectivo, “tendencia en la que incurren algunas fuerzas polticas en los ltimos tiempos, lo que socava la confianza de la sociedad en el Estado de Derecho”.
“Hay que confiar en la imparcialidad judicial, toda vez que el sistema actual ya contiene las garantas necesarias para proteger esta imparcialidad judicial a travs de mecanismos como son la abstencin y la recusacin de los jueces, figuras a los que se recurre cuando es necesario en los juzgados sin problemas”, concluye.
Para el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodrguez, es un error incluir en esta proposicin de ley la regulacin de la figura de la acusacin popular porque sta debera abordarse en el anunciado proyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, “dando un tratamiento coherente y ponderado al cambio de la responsabilidad de instruir”.
Tambin considera “desacertado” excluir a los partidos polticos de la acusacin popular o impedir que esta clase de acusacin participe en la fase de instruccin, limitndose al juicio oral. Entiende que “debe garantizarse que la acusacin popular tenga plenos derechos procesales”.
Adems, desde JJpD estn disconformes con la inclusin de la nueva causa de abstencin y recusacin de magistrados y jueces porque “la judicatura tambin es ciudadana y es libre de opinar, aunque debe hacerlo con prudencia, para evitar comprometer la imagen de imparcialidad judicial”.
Si ven como un acierto la derogacin delito ofensa a sentimientos religiosos porque se garantiza as la “plena libertad de expresin” y recuerdan que exigir rigor al admitir denuncias o querellas y que estas no puedan basarse en simples informaciones periodsticas “ya lo exige la jurisprudencia, de modo que se convertira en ley lo que dice el Tribunal Supremo“.
Por su parte, el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha sealado que los abusos en el uso por parte de partidos polticos y asociaciones de la accin popular “aconsejaban desde hace muchsimo tiempo una restriccin o limitacin al ejercicio” de la misma.
Sobre regular que se rechacen querellas basadas solo en recortes de prensa, considera que es una “redundancia” porque “ese examen se hace siempre”, y ha explicado que si la noticia reproduce “una fotografa, una declaracin o un documento -como el caso de la querella contra Begoa Gmez, esposa del presidente del Gobierno- pues, efectivamente, debe ir para adelante”.
En cuanto a la modificacin de la LOPJ para recusar a magistrados por declaraciones polticas, ha reseado que tienen reservas dado que se habr de entrar en el terreno subjetivo. “Ya no estamos hablando de relaciones del juez con el objeto o con las partes, sino de algo ms bien derivado del ejercicio de su libertad de expresin”, ha aadido.
