Las 36 rebajas fiscales de Ayuso: líder en recortes impositivos y colista en servicios públicos básicos | Noticias de Madrid

La Comunidad de Madrid es el territorio que más ha aprovechado su margen para aplicar políticas de competencia fiscal a la baja. La reducción de impuestos se consolida desde hace años como una de las señas de identidad del Ejecutivo autonómico. En 2021, el conjunto de medidas destinadas a mermar la carga fiscal provocó una disminución de los ingresos públicos equivalente al 1,9% del PIB regional, una proporción que casi triplicó la media de las otras comunidades, situada en torno al 0,65%, según datos de la AIReF, una oficina estatal de supervisión que actúa con autonomía. La tendencia ha ido al alza desde entonces, tanto que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que ya acumula 36 rebajas fiscales anunciadas, la última este miércoles con la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compraventa de obras de arte.

En la presentación del proyecto de Presupuestos Generales para este año, la Comunidad de Madrid anunció que iba a consolidar sus bajadas fiscales y presumió de haber “supuesto un ahorro a los contribuyentes de casi 40.000 millones de euros”. Sin embargo, esta autonomía destaca por su bajo gasto por habitante en servicios públicos básicos. Los recursos que dedica a este ámbito se encuentran diez puntos por debajo del promedio del país y hasta 42 puntos por debajo de la comunidad con mayor inversión, el País Vasco, según un estudio presentado en noviembre por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

Se sitúa a la cola nacional en las rúbricas que conforman los servicios fundamentales: sanidad, servicios sociales y educación. En esta última, el informe indica que tiene la peor posición. Esta inversión deficitaria la corroboran también diversos análisis de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Esos cálculos son previos al pacto del martes entre Ayuso y los rectores de las seis universidades públicas de la región, que supondrá casi 14.790 millones de euros hasta 2031, pero que según los críticos dejarán la inversión en los campus en torno al 0,5% del PIB, muy lejos del objetivo del 1% contenido en la ley estatal de universidades.

Entre los expertos, esta política económica genera debate y diversidad de opiniones. Juan Antonio Gimeno, rector emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y coordinador de la Plataforma para la Justicia Fiscal, valora el conjunto de las rebajas tributarias de la Comunidad de Madrid de forma “extremadamente negativa”.

A su juicio, se reduce la recaudación de impuestos para beneficiar especialmente a los ciudadanos con niveles más altos de renta y minimizar la presencia de los servicios públicos con políticas privatizadoras. “Merman los derechos de la población, especialmente los de la más vulnerable. Si las rebajas implican el deterioro de los servicios públicos, salen muy caras. La Comunidad de Madrid es la autonomía con más seguros médicos privados”, advierte.

Entre las medidas que ha aprobado el Gobierno de Ayuso se encuentra la deducción por gastos derivados del arrendamiento de inmuebles o para nuevos residentes que inviertan en productos financieros o empresas en Madrid. También, el aumento de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias y donativos entre hermanos, además de entre tíos y sobrinos y el tercer grupo de parentesco. Esta última rebaja beneficia a alrededor de 14.000 ciudadanos, según datos de la propia comunidad, un porcentaje residual de una población que supera los siete millones.

Sobre el Impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria constató que durante 2020 el Ejecutivo de Ayuso libró de pagar 992 millones de euros a 18.225 contribuyentes que declararon patrimonios millonarios. La bonificación alcanzó, de media, los 54.431 euros. Esto se debe a la exención del 100% de este tributo, ya vigente desde antes de dar comienzo el mandato de la actual presidenta autonómica. En 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, precisamente para paliar estas políticas. En paralelo, Ayuso anunció en 2025 una nueva bonificación de hasta el 95% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios y hosteleros con solera.

La penúltima medida que comunicó la presidenta, en enero, consistía en la rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF con su entrada en vigor prevista para 2027. Esta iniciativa se suma a la bajada histórica de otro medio punto aplicada desde 2022 y tendrá un ahorro de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, mayoritariamente rentas bajas, según las estimaciones del Gobierno regional. Con esta nueva reducción el tipo mínimo del tramo autonómico queda en el 8% y el máximo en el 20%.

Tanto para el catedrático de Derecho Financiero y Tributario César García Novoa como para el inspector de Hacienda y expolítico de Ciudadanos Francisco de la Torre, esta es una iniciativa positiva al favorecer también a las personas con menor poder adquisitivo, aunque Gimeno discrepa: “Las estimaciones de los beneficios son discutibles y mucho más relevantes para los niveles altos de renta, casi nulos para los más bajos”.

La teoría del PP de Madrid defiende desde hace años que bajando hasta cierto punto los impuestos, sube la recaudación, una idea popularizada en los setenta por el economista estadounidense Arthur Laffer, quien supuestamente expuso sus ideas en una servilleta a los funcionarios de la administración del presidente republicano Gerald Ford.

Para García Novoa esto ocurre solo cuando se baja el tipo general del impuesto, no cuando se aplican beneficios muy concretos o limitados a ciertos contribuyentes. Con el tiempo, cree que una menor presión fiscal puede estimular la actividad económica, aunque no de forma inmediata. Lo que sí piensa es que, en general, existe una tendencia a anunciar rebajas fiscales como medida preelectoral.

El catedrático emérito de Economía Aplicada de la Rey Juan Carlos y presidente del comité de expertos para la reforma tributaria en 2022, Jesús Ruiz-Huerta, considera que bajar los impuestos no garantiza, “como se defiende desde la propuesta de Laffer”, un aumento de la recaudación tributaria o el estímulo de la actividad económica. Por el contrario, piensa, la disminución de recursos, junto al fomento y financiación de los centros privados, producen consecuencias negativas en los servicios públicos, “como demuestran las frecuentes manifestaciones de los médicos y los educadores en Madrid, en demanda de más medios y mejores condiciones de trabajo”.

Añade que las rebajas impositivas generan una pugna a la baja entre territorios que puede conducir a la desaparición en la práctica de figuras tributarias aprobadas por el Parlamento español. “Eso explica la preocupación de muchos especialistas, o del propio Gobierno central en su propuesta reciente de reforma de la financiación autonómica, para poner coto a esa competencia fiscal”.

Existen evidencias de que la pérdida recaudatoria de las rebajas de impuestos en Madrid es mayor que la recaudación adicional que podría obtenerse por la llegada de contribuyentes procedentes de otras partes del país atraídos por esa política fiscal, según el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Mollinedo. En concreto, Mollinedo cita varios estudios de Dirk Foremny y David R. Agrawal publicados por la Universitat de Barcelona.

Desde un punto de vista general, Ruiz-Huerta insiste en que aunque es necesario evaluar seriamente las prestaciones y servicios públicos, “es también preciso reivindicar su defensa y su papel imprescindible en sociedades tan complejas como en las que vivimos”. Otros alivios impositivos en Madrid tienen un carácter más social, como la reducción de matrícula en estudios universitarios y de Formación Profesional para quienes estudian y trabajan a la vez. En materia de vivienda esta autonomía también contempla medidas, entre ellas la ampliación de la edad hasta 40 años para deducir el 30% del alquiler.

De la Torre considera que de las 36 rebajas fiscales anunciadas, algunas son relevantes, pero otras, como la supresión de los impuestos sobre residuos, no tanto. Lo que pone en valor es que Madrid haya reducido su déficit global. “En 2024 fue del 0,18% del PIB, mientras que la media de las comunidades autónomas fue aproximadamente del 0,2 %”, explica. A su juicio, la política fiscal madrileña está siendo ”razonablemente responsable”.

Defiende que una rebaja pueda ser sostenible si va acompañada de un control del gasto, aunque reconoce que el modelo de Ayuso invierte menos en servicios públicos básicos. “Hay otros partidos que abogan por gastar más dinero en estos recursos, pero a cambio exigirán más impuestos. Es una cuestión política legítima”, opina.

En diciembre, la presidenta alertaba desde su sede en la Puerta del Sol de que su región estaba “gravemente infrafinanciada por parte del Gobierno de España”, un discurso político contradictorio a juicio de Mollinedo: “No parece muy coherente quejarse de falta de financiación, mientras aprueba rebajas en los tributos estatales que los Gobiernos han cedido a las comunidades autónomas de régimen común para que financien sus gastos públicos”. Madrid es la única autonomía que no tiene ningún tributo propio.