La UCO se defiende contra la operacin poltica y meditica en el caso del fiscal: «Se investig a todo el mundo y el descarte, evidente, lo hizo el juez».

El domingo 16 de noviembre pasado, cuando la causa por revelacin de secretos contra el Fiscal General del Estado, lvaro Garca Ortiz, estaba ya vista para sentencia, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi Lpez, denunciaba que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haba usado contra l «informes recortados en unas partes». Es decir: los agentes haban manipulado la informacin por una presunta inquina contra l.

No se quedaba ah: los guardias, adems, «slo» haban «investigado» a Garca Ortiz, abundaba Lpez, aunque muchas ms personas haban podido tener acceso al famoso ‘email’ filtrado. Era una persecucin.

«No se ha investigado a las cientos de personas que podan tener acceso a ese mail, slo a una», repeta Patxi Lpez.

A la voz de ya, distintos medios de comunicacin se lanzaban a apoyar militantemente las palabras de Lpez en torno a un juicio que, por tener en su epicentro una filtracin que ahora se ha sentenciado como deliberada e interesada, ha tocado al propio periodismo de lleno.

En alguno de estos medios se cifraban en nada menos que 400 las personas que haban podido tener acceso al email de la discordia, del abogado del novio de Isabel Daz Ayuso, Alberto Gonzlez Amador, a Fiscala. Por qu, entonces, se persegua «slo» a Garca Ortiz?

Lpez repeta en ese punto algunos de los argumentos del abogado del Estado de la causa, Jos Ignacio Ocio, quien durante la fase oral haba puesto en duda tanto, obviamente, la autora de Garca Ortiz en cuanto a la filtracin -la postura tanto de Abogaca como de Fiscala fue absolutoria-, como, no tan comprensiblemente, la manera de la UCO de gestionar el material probatorio.

En realidad, aunque Ocio repiti tanto en la vista previa -donde se centra lo que es objeto de procedimiento- como en la propia fase oral dudas sobre cmo se haban recogido los audios, estos fueron gestionados de forma exquisitamente garantista por los guardias civiles, que saban muy bien hasta qu punto el material que manejaban era delicado.

Lo cuentan a EL MUNDO fuentes de la investigacin, que refieren el pasmo y la estupefaccin que ha causado en el Instituto Armado, y ms en concreto en la propia UCO, el uso tanto por parte de Abogaca del Estado como del entorno del Gobierno de procedimientos muy reglados para cuya legalidad, adems, se establecieron garantas absolutas.

El propio perito de Delitos Telemticos de la UCO explic en la causa cmo se recogieron los audios, «de la forma en que siempre se hace». Incluso con precauciones de ms, con la venda antes de la herida. Para empezar, en el propio registro en que los agentes se incautaron de ellos estuvo presente una fiscal, algo inslito en este tipo de actos.

El auto en que el juez solicitaba la accin, adems, ordenaba hacerlo, textualmente, «total o parcialmente», pero los agentes lo ejecutaron con todo el cuidado. Se realiz, como es habitual, una copia indubitada de los volcados totales, y dicha copia, intacta, fue remitida al juez instructor del Supremo.

«El volcado se hizo mayor de lo que era porque as se solicita que se haga», explic el perito de la Benemrita. Sobre esa copia indubitada se realiz luego, por parte de la sala, el expurgo, en el que se retiran datos que no tienen que ver con lo investigado. Y con el resultado de ese expurgo es con lo que trabaj la UCO.

Lo que no evit, como se ha comentado, que desde la defensa ‘institucional’ de Garca Ortiz se pusieran en duda la veracidad e integridad de los documentos sonoros.

De hecho, tanto Lpez como los medios activistas en favor del Fiscal General esgrimieron una presunta prueba de dicha manipulacin que era, finalmente, una manipulacin en s misma.

Abogaca General del Estado defendi en sala que la prueba de que el sentido de los audios se haban distorsionado era que se haba recortado una conversacin entre Diego Villafae, teniente fiscal de Garca Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodrguez.

En ella, en la pgina 17 del informe de la UCO sobre la causa, Villafae le deca a Rodrguez: «Cudate mucho, que ya te digo que te vamos a necesitar a tope». Ella contestaba: «Ay, en qu estars pensando». Y Villafae devolva: «Todo bueno».

Segn Abogaca, la prueba de la manipulacin era que en realidad se referan a una operacin oftalmolgica que haba sufrido Rodrguez. Ese dato, por s solo, poda poner en duda toda la recogida de audios, o al menos extender la duda razonable que llevara a anularlos, defendan.

En realidad, explica en Guardia Civil, la maniobra era tan burda que en el propio informe de la UCO se mencionaba que la conversacin arrancaba de un problema mdico de Rodrguez, que obviamente los propios agentes haban expurgado del material que incluan en su informe al juez, por tratarse de datos que afectaban a su intimidad.

Pero no se haba cortado todo porque, mantienen, la referencia a ese «te vamos a necesitar a tope» llevaba implcito el tono de una promesa: un posible ascenso para Rodrguez si los nubarrones sobre la ejecutoria de Garca Ortiz terminaban despejndose, para lo que su apoyo a lo largo del procedimiento -lleg a estar imputada- era esencial.

Tambin ha dolido en la Guardia Civil, que aport con el testimonio del teniente coronel Antonio Balas una de las pruebas ms contundentes contra Garca Ortiz -«se vea que tena dominio absoluto», dijo de l-, que se argumentara contra su papel en la causa que fueron ellos quienes orientaran la acusacin al Fiscal General.

«Se investig a todo el mundo, uno tras otro, pero el descarte fue evidente y lo hizo quien tena que hacerlo: el juez», defienden.

En realidad, durante el procedimiento qued meridianamente claro que slo Garca Ortiz tena la autoridad en Fiscala para filtrar el documento, un hecho apoyado por la nota emitida posteriormente y por las declaraciones de los testigos aledaos, tanto el responsable de Prensa igo Corral, como la fiscal superior madrilea, Adriana Lastra.

De remate, los agentes han tenido que escuchar durante estas semanas, en una avalancha poltico/meditica inslita, que a quien no estaban investigando aunque tenan el mandato real de hacerlo era al propio Alberto Gonzlez Amador.

En efecto, la juez de Instruccin 19 de Madrid design el pasado 27 de junio a la UCO como cuerpo de polica judicial que deba investigar si, adems de fraude fiscal y falsedad documental, la pareja de Ayuso pudo incurrir en corrupcin en los negocios.

Sin embargo, como ha podido saber EL MUNDO, y aunque la Guardia Civil lleva todos estos meses solicitando las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento, dicho trmite slo se ha realizado por parte del juzgado ahora, con fecha de 8 de noviembre. Lo que, como es habitual, ha desencadenado el inicio de las actuaciones por parte del cuerpo.

En realidad, incluso para una unidad acostumbrada a trabajar en el filo, la UCO ha tenido que redoblar esfuerzos para no abrir brechas dentro del propio Estado investigando a Garca Ortiz, tan defendido por el Gobierno y su entorno que no se ha dudado incluso en atacarles a ellos y al Poder Judicial para evitar una condena, finalmente, palmaria.

Con equilibrios, a veces, quizs casuales. A la vez que se haca pblico el martes pasado el informe de la Unidad sobre Santos Cerdn, cimentando sus ganancias gracias a las mordidas millonarias, sus propios agentes detenan al presidente de la Diputacin de Almera (PP) por fraude en la compra de mascarillas. En los telediarios de aquel da Pedro Snchez pudo al menos usar una carta de defensa, y se la otorg tambin la UCO.