La transparencia se atasca en el Madrid de Ayuso: reclamaciones sin resolver desde 2022 y 335 casos en un limbo | Noticias de Madrid

Dos reclamaciones sin resolver desde 2022, 153 desde 2023 y 180 registradas entre enero y mayo de 2024. La herencia que recibió la pasada primavera el nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos, creado hace ahora un año por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para controlar el antiguo Consejo de Transparencia y Participación, dependiente de la Asamblea regional, retrata el monumental atasco al que se enfrentan los ciudadanos de Madrid cuando están en desacuerdo con las respuestas que les da la Administración a sus peticiones de información amparadas por la ley y acuden a esta institución para que decida quién tiene razón. Nada ha mejorado desde entonces: con el nuevo consejo vinculado al Ejecutivo, que es quien nombra a su presidente, el pasado 4 de diciembre apenas se habían resuelto 35 expedientes de los 335 heredados en mayo del organismo anterior, según datos oficiales, pese a que el plazo de resolución es de tres meses, según se recoge en su página web.

“Se han cumplido nuestros peores vaticinios”, lamenta Alicia Torija, de Más Madrid. “Los procedimientos en marcha han quedado bloqueados en un limbo, falta de voluntad en la misión encomendada que se materializa en un mal dimensionamiento de los recursos y absoluto caos con los bienes inmuebles entre mudanza y mudanza”, añade. “Hace un año, se firmó la defunción de la transparencia, ya exigua hasta el momento, en la Comunidad de Madrid”, critica. “Un Gobierno chapucero, ineficiente e incapaz como el de Ayuso es alérgico a todo lo que implique rendición de cuentas”, opina, para rematar: “La máxima expresión de esta alergia a la transparencia es que han eliminado cualquier rastro del organismo anterior, impidiendo el acceso a sus resoluciones y dificultando el control ciudadano”.

Así lo ven en Vox. “El PP decidió modificar la ley para hacer depender del Gobierno el Consejo de Transparencia, que hasta entonces era independiente y cuyos tres consejeros se elegían por mayoría en el pleno”, recuerda el partido de Isabel Pérez Moñino. “El PP, con su mayoría absolutista, también decidió eliminar el régimen sancionador en la Ley de transparencia”, añaden en la formación ultra. “(…) Ahora, el Consejo de Transparencia de Madrid depende de un presidente nombrado por el PP. Es decir, con pocas ganas de dar información a ciudadanos, partidos políticos o periodistas”, siguen. “Con la excusa de la saturación, el Consejo de Transparencia ha resultado convertirse en un órgano inútil para los madrileños y útil para el Gobierno del PP”.

En contraste, en este último año, Ayuso y el PP han venido reclamando a la oposición que “deje de mentir”, al asegurar que al frente del Consejo de Transparencia habrá “funcionarios” que “no le deben nada a ningún partido” y a los que, por lo tanto, “se presupone independencia”.

El problema empezó en diciembre de 2023. Entonces, el PP de Ayuso aprovechó la mayoría absoluta obtenida en las elecciones de aquel año para sustituir un Consejo de Transparencia adscrito a la Asamblea de Madrid (donde todos los partidos negociaban a sus tres integrantes), por otro vinculado al Ejecutivo (que nombra desde entonces a su presidente y único miembro). La apuesta formaba parte de una operación a gran escala para reformar a la medida de la presidenta algunos de los contrapesos institucionales clave de la región: la Cámara de Cuentas, el propio consejo y Telemadrid. El organismo original centrado en la transparencia había estado bajo los focos por decisiones como mantener viva la posibilidad de que una periodista accediera al expediente académico de Ayuso.

“Hemos sido molestos, pero también por una razón: la Administración no está acostumbrada a que la obliguen a dar toda la información pública que no afecta a derecho de terceros, no está acostumbrada a tener la obligación”, reconoció entonces uno de los integrantes de la institución, el catedrático Antonio Rovira. Para sustituir a los tres consejeros salientes, el Gobierno eligió a una sola persona: el presidente Jesús María González García, que de hecho figura en la lista de los altos cargos del Ejecutivo con un sueldo bruto en 2024 de 96.210,60 euros.

Avalado por una trayectoria que incluye ser catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, además de haber ejercido como letrado del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, este jurista no ha tenido que cumplir con el requisito de contar con 10 años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública para formar parte del organismo, que afectaba al anterior consejo.

Y nada más empezar, en mayo de este año, se encontró con un Himalaya. Recibió 335 reclamaciones sin resolver heredadas del consejo anterior. Fue, quizá, el resultado de la tormenta perfecta que afectó al extinto organismo: falta de medios y la larga agonía de seis meses entre que se conoció que sus miembros iban a ser sustituidos y que fueron efectivamente reemplazados.

La situación no ha mejorado desde entonces. Seis meses después, a 4 de diciembre, y pese a que el plazo de resolución de los expedientes es de tres meses según la Comunidad de Madrid, el consejo apenas había dado por resueltas 35 de esas 335 reclamaciones. Es decir, el 10%, según información obtenida por este diario en aplicación de la Ley de Transparencia.

El resto seguía en tramitación a principios de diciembre: 150 reclamaciones estaban en fase de elaboración de la propuesta de resolución; 87 estaban pendientes de recibir alegaciones del órgano informante; 49 dependían de que llegaran las alegaciones del reclamante; en 11 no constaba documentación o su objeto estaba judicializado; y en tres había sido necesario realizar un requerimiento de subsanación.

¿A qué se debe esa lentitud? “Dado que se trata de reclamaciones tramitadas por el extinto Consejo de transparencia y participación, se desconoce el motivo por el que las reclamaciones no han sido resueltas en el plazo legalmente establecido para ello”, contestan en el organismo sobre el monumental atasco. Este diario pidió conocer la opinión del Gobierno y del PSOE, sin obtener respuesta.