La privada se rebela contra Pedro Snchez y «su dinmica de la crispacin»: el CEU lleva al Supremo su decreto universitario
La educacin privada ha sacado sus tambores de guerra contra el Gobierno de Pedro Snchez y amenaza con romper la paz que se ha mantenido en las aulas durante los ltimos cinco aos. Tras las protestas de la marea naranja que se celebraron en 2020, en pleno Covid, contra la Ley Cela, este sector no haba vuelto a alzar su voz. Pero el polmico decreto de universidades que el Consejo de Ministros aprob el pasado octubre ha soliviantado al sector.
Se avecina un nuevo frente en los tribunales contra el PSOE en el plano educativo, que se suma a las investigaciones ya en marcha por corrupcin o por acoso sexual. El primero en lanzar el desafo ha sido el presidente de la Asociacin Catlica de Propagandistas y de la Fundacin CEU San Pablo, Alfonso Bulln de Mendoza, que ha contado que el grupo de universidades al que representa ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el citado decreto.
Bulln de Mendoza ha enmarcado este decreto dentro la «dinmica de crispar la vida espaola» que tiene el Gobierno y se ha sorprendido porque una medida que tericamente tena un carcter tcnico se ha convertido en una norma que «se mete con las universidades privadas».
«Tono ofensivo»
«En la ltima versin del prembulo, que tiene un tono inmensamente ofensivo hacia las universidades privadas, nos llaman de todo y el presidente del Gobierno habla de chiringuitos cuando lleva a su hija a un centro privado que no cumplira los requisitos del decreto», ha afirmado, en referencia a la ESIC University, un centro privado catlico donde est matriculada este ao una de sus hijas.
El CEU recurri la semana pasada el decreto, por considerarlo «lesivo para un sector que en Espaa funciona bien», en palabras de Javier Tello, director general de la Fundacin, que ha explicado que las razones que les han llevado a acudir a la Justicia estn asociadas a «criterios arbitrarios» y a «una invasin muy violenta del mbito competencial autonmico, que es el que genera un marco de actuacin previsible para las universidades».
Se suma as al recurso que ha interpuesto por la Comunidad de Madrid, que tambin ha considerado que el texto va «contra la seguridad jurdica» y ha sido elaborado «sin ningn tipo de consenso».
Incluso los ministerios de Economa y Trabajo y la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia se han expresado en contra de algunos de los cambios, como la obligacin de que al menos el 75% del profesorado de los centros universitarios online tenga que residir en Espaa o en otro pas de la UE.
«Hay una invasin de competencias autonmicas clara, que, en mi opinin, vera hasta un alumno de Primaria. Adems, se han saltado el informe del Consejo de Estado», ha denunciado Tello.
El decreto obliga a las universidades a cumplir unos nuevos requisitos, como tener al menos 4.500 estudiantes, una oferta de al menos 10 ttulos de grado, seis de mster y tres de doctorado de al menos tres ramas de conocimiento o 20 proyectos de investigacin activos, cuestiones que hacen muy difcil crear nuevos centros e incluso mantener pequeos campus actuales.
«Imagnense que hubiramos diseado nuestra ltima universidad con 1.500 alumnos! No tiene sentido en un Estado de Derecho», ha dicho Tello, que ha asegurado que sus universidades cumplen los requisitos exigidos. «Los proyectos menos maduros, como el de Andaluca o el de Catalua, se van a cumplir en el plazo previsto».
