La prisin de balos cierra la semana negra del PSOE: del efectivo a la ‘fontanera’, avanzan las investigaciones que rodean a los socialistas

La entrada en prisin de un segundo ex secretario de Organizacin ha sido para el PSOE el acontecimiento ms espectacular de la semana, pero no el nico que el partido y el Gobierno han visto con preocupacin. En paralelo a la decisin del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha dado impulso a su hasta ahora lenta investigacin sobre la actuacin de la trama del caso Koldo en Canarias, y ha puesto en marcha la investigacin sobre pagos en metlico en Ferraz. Sobre todo ello gravita la causa abierta contra la considerada fontanera socialista por los intentos para que nada de lo anterior tenga recorrido judicial.

RECTA FINAL AL PRIMER JUICIO. Pese a ser muy perjudicial para los intereses de los investigados, no fue estrictamente el ltimo informe patrimonial de la UCO lo que ha dado con Jos Luis balos y Koldo Garca en Soto del Real. El elemento clave fue la conjuncin de una peticin muy elevada de penas y la inminencia del juicio en el Supremo. El magistrado instructor dio por concluida la investigacin de la rama principal del caso -hay otra en marcha por adjudicaciones de obra pblica- y pidi los escritos de acusacin. A su peticin de 24 aos a balos por cinco delitos y de 19 a Koldo Garca el fiscal jefe de Anticorrupcin vio necesario acompaar la prisin provisional, que el juez del Supremo acord. El juicio podr celebrarse en pocos meses, porque la carga de juicio del Supremo es muy inferior a la de tribunales como la Audiencia Nacional. No es necesario aguardar a tener una sala de vistas disponible. Lo avanzado del procedimiento le ha restado mucho margen de maniobra a balos. Seguir en prisin hasta el juicio y, si hay condena, empalmar la preventiva con el cumplimiento de una pena inmediatamente firme. No cambiaran mucho las cosas si renunciara al acta antes del auto de apertura de juicio oral. Al quedarse sin aforado, el caso saltara a la Audiencia, donde difcilmente se rectificara el criterio del Supremo de mantener a los investigados en prisin, aunque s ralentizara la celebracin del juicio. Estando ya en prisin, poco importa.

LA TRAMA CANARIA. A la misma hora del jueves en que balos afrontaba la peticin de prisin, al otro lado de la plaza de la Villa de Pars Vctor de Aldama compareca ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para arrojar luz sobre las actividades de la trama en Canarias. En particular, sobre las participacin del entonces presidente autonmico y hoy ministro de Poltica Territorial, ngel Vctor Torres. Aldama comunic que se reuni con l para negociar contratos de mascarillas, unos hechos que se suman a sus gestiones posteriores para acelerar los pagos a la empresa de la trama. El empresario prepara un informe pericial sobre los metadatos de sus mensajes con Torres en aquellas fechas. Tambin estaba citado el viernes Koldo Garca para declarar sobre ese asunto. Trasladado desde prisin, le dijo al juez que no hablar hasta que a l tambin le devuelvan los telfonos incautados.

ARRANCAN LAS CUENTAS. La Audiencia Nacional acaba de poner en marcha la investigacin sobre los pagos en efectivo en el PSOE. El titular del Juzgado Central de Instruccin Nmero 2 orden el mircoles al PSOE que entregue en un plazo de 10 das la relacin de pagos en metlico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024. Lo hizo tras solicitarlo Anticorrupcin, que estima que no ha quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metlico de las que el partido dispondra en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos que, tambin en metlico, satisfacan a los Sres. balos y Garca y a otros posibles beneficiarios. Esta referencia a otros incluira a Pedro Snchez que, aunque reluctante, en algunas intervenciones pblicas ha reconocido haber recibido efectivo del partido. El partido se resiste a dar los datos y ha repreguntado al juez si realmente necesita informacin de pagos a todo el mundo, que acabara en manos de PP y Vox, personados como acusaciones.

Hasta el momento no hay indicios de que pueda existir financiacin ilegal del partido, pero, de existir, la revisin de los manejos en efectivo sera la puerta para detectarlo. Entre el material que el Supremo envi a la Audiencia para que lo investigara se encuentra la declaracin de la empresaria Carmen Pano afirmando que haba llevado efectivo a Ferraz por orden de Aldama. Que los dos anteriores secretarios de Organizacin estn investigados por cobrar mordidas es otro elemento que hace plausible la existencia de financiacin irregular.

LA ‘FONTANERA’ Y HERNANDO. El mismo da en que el juez de la Audiencia solicitaba datos al PSOE, otro magistrado, este de los juzgados de Madrid, ordenaba profundizar en las actividades de la fontanera Leire Dez y el empresario Javier Prez Dolset. Arturo Zamarreo acord tomar declaracin como testigos al dirigente socialista Antonio Hernando y al ex nmero 3 del PSOE Santos Cerdn, a los que Leire y Dolset sealaron como asistentes a la reunin que mantuvieron en la sede de Ferraz tras la apertura de una investigacin contra Begoa Gmez y los das de reflexin de Pedro Snchez. Les entregaron audios obtenidos del caso Villarejo relacionados con las saunas de la familia de Begoa Gmez. El juez instructor quiere la versin completa de los hechos y el 2 de febrero los dos socialistas estn citados en el Juzgado de Instruccin 9 de Madrid. De la investigacin podra surgir el alcance de las intervenciones de Ferraz y la Moncloa -Hernando era entonces alto cargo en el Gabinete de Presidencia- en los intentos de encontrar datos que pudieran desacreditar a la UCO y Anticorrupcin, a cuyo impulso avanzan las causas que cercan al Ejecutivo.

Hasta ahora, el PSOE ha tenido que aportar informacin al Supremo, la Audiencia Nacional y el juzgado de Madrid. En una de esas sedes, la Audiencia, ejerce como acusacin particular. Hace unos das, el juez y la Fiscala negaron que hubiera motivos para retirarle esa condicin, pero segn el avance de las investigaciones ese criterio podra cambiar. Le acab sucediendo al PP en el caso Grtel y la investigacin acab echndoles del Gobierno.