La ONU se moviliza por el caso de una familia sin hogar que lleva 16 años de okupa en Villaverde | Noticias de Madrid

“No tener casa, es mucho peor que no tener donde dormir. Es la imposibilidad de tener un trabajo, relaciones sociales estables, de matricular a tus hijos en un colegio. Es el estado de depresión en el que caes y en el que arrastras a tu entorno”. Richard Rodríguez lo dice sin dramatismo, desde el salón del piso que okupa junto a su esposa, Josefa Hernández, y sus tres hijas en Villaverde, Madrid. La frase es casi una rutina. Como mirar por la mirilla cuando suena el timbre o ensayar mentalmente qué decirle a un agente judicial si un día la puerta ya no es suya. Richard, nacido en Valencia hace 52 años casado y con tres hijas menores de edad, trabajaba como mediador intercultural en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, facilitaba la convivencia entre culturas en barrios complejos como Vallecas hasta que la crisis de 2008 arrasó con su empleo, su hogar y su estabilidad.

Ese año se quedó primero sin empleo y antes de dejar de pagar a su casero se metió a vivir en un piso vacío —antes hipotecado, luego embargado— propiedad del BBVA. El edificio pasó después a manos del fondo buitre Cerberus que se hizo con gran parte de la cartera de morosos del banco. “Intentamos un alquiler social, incluso ofrecimos comprar la vivienda. No nos contestaron nunca”, explica. “No somos delincuentes. Yo he tenido trabajo casi siempre unas veces de cocinero, de barrendero… Ahora soy conductor de Uber. Somos una familia que ha luchado siempre por tener una vida digna”, dice.

La situación límite los llevó a acudir a Naciones Unidas en 2018. Fue su último recurso, tras recibir una orden de desahucio por tercera vez. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) pidió entonces a España que no los echara. Aplicando un protocolo internacional vinculante —ratificado por el Estado español en 2013— exigió medidas cautelares para proteger a la familia y garantizarles una vivienda adecuada. Desde entonces, el desalojo ha sido suspendido nueve veces. “Lo que está haciendo la ONU o Amnistía Internacional (AI) es decirle al Estado que haga su trabajo. Que Sánchez, Ayuso o quien sea construyan las viviendas que prometieron y que hacen falta”, señala Richard. “La política tiene que hacer su parte, no puede ser que algo tan importante como la vivienda y el futuro de muchas familias esté en manos de fondos, bancos y especuladores”, insiste.

A principios de marzo, el comité fijó un nuevo plazo: 60 días para que España responda formalmente sobre el caso. Ese tiempo vence a primeros de mayo. El caso de Richard y Josefa no es excepcional. Lo que lo hace distinto es que ha llegado donde pocos llegan: al radar de la ONU, a la pantalla grande y a la conciencia pública. En 2022, su historia inspiró una de las tramas centrales de la película En los márgenes, dirigida por Juan Diego Botto y protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar. La cinta denuncia la precariedad habitacional y visibiliza una verdad incómoda: el derecho a la vivienda, pese a estar reconocido por la ley, sigue siendo papel mojado para miles de personas. “Vivir con la amenaza constante del desahucio es como estar en guerra, pero sin bombas. Una guerra silenciosa”, repite Richard. En la película, él mismo actúa, interpretándose casi sin guion. La ficción que representa lo ha acompañado estos años fuera de cámara: miedo, incertidumbre, frustración, cansancio.

La vida de Richard explica un problema mayor. En 2021 se ejecutaron más de 100 desahucios al día en España, según el Consejo General del Poder Judicial. La mayoría, por impago de alquiler. El parque público de vivienda apenas alcanza el 2,5% del total —muy lejos del 9% de Francia o del 30% en Países Bajos—. Y en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, los precios de alquiler siguen disparados. A eso se suma la presencia de los fondos de inversión como Cerberus, que han comprado miles de viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias. Cerberus vendió algunas de estas casas a otro fondo, que a su vez las vendió a otro fondo hasta que terminaron en manos de otro fondo, este mucho más pequeño, llamado Metahouse, actual propietaria.

En mayo de 2022, Richard y Josefa estuvieron en la Asamblea de Madrid. Denunciaron su situación y pidieron una solución aprov Desde entonces, silencio administrativo. La Comunidad de Madrid ha justificado la denegación de vivienda social por la situación de “ocupación ilegal” de la familia, algo que el Comité de la ONU considera una vulneración flagrante del derecho a la vivienda. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, recibió su solicitud desde 2008, pero nunca hubo respuesta.

Desde el Ministerio de Vivienda, la ministra Isabel Rodríguez ha instado públicamente a las comunidades autónomas a aplicar la Ley de Vivienda, criticando la negativa de Madrid a activar los mecanismos de contención de precios. “Hay que garantizar el acceso a una vivienda digna para quienes más lo necesitan”, dijo en septiembre de 2024. Pero entre reproches políticos y parálisis institucional, el tiempo sigue pasando.

“No queremos privilegios. Solo pedimos un contrato, pagar un alquiler que podamos asumir, dejar de vivir escondidos. Que nuestras hijas puedan invitar a una amiga sin miedo”, dice Josefa. En los últimos meses, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Amnistía Internacional y el propio Juan Diego Botto han respaldado públicamente el caso. “La vivienda no es un lujo. Es la base de todo. Sin hogar no hay salud, ni educación, ni futuro”, denunció Botto en la presentación de la película. España tiene hasta mayo para contestar a la ONU. Pero para Richard y Josefa, el reloj lleva años corriendo. La diferencia es que esta vez, alguien más está mirando.