La mutacin presidencialista | Espaa

La necesaria cortesa institucional y la presuncin de inocencia, as como el reconocimiento profesional que le dispensan muchos de sus colegas, obligaran a mantener un cierto margen de prudencia antes de calificar la eleccin de Teresa Peramato para sustituir a lvaro Garca Ortiz. Sin embargo, sera ingenuo obviar dos cuestiones esenciales de su nombramiento. Por un lado, las nada halageas afinidades de Peramato con Alvarone y su predecesora Dolores Delgado, ejecutores ambos del asalto al Ministerio Fiscal y de su instrumentalizacin sanchista. Por otro, el enfrentamiento abierto del Ejecutivo con el Poder Judicial, al que Pedro Snchez acusa de llevar el supuesto lawfare -guerra sucia judicial- hasta sus ltimas consecuencias: un golpe de Estado desde la cpula de la magistratura.

A estos dos factores hay que aadir una adenda de feminismo punitivo: Peramato propuso que el silencio de un acusado de violencia de gnero sea considerado un indicio de culpabilidad.

En este contexto de sectarismo contaminante y de nihilista radicalizacin, la asuncin por parte de Peramato de un cargo de la mxima confianza de Snchez, hasta el extremo de que Ortiz gozaba del trato pblico de ministro sin cartera del Gobierno, es una decisin personal y poltica que no tiene nada de inocente. Ni de neutral: asume integrarse en el sanchismo y en la maquinaria poltico-estatal -de la que la Fiscala General es pieza nuclear- que utiliza con el fin de perpetuarse en el poder, erosionando la separacin de poderes y el Estado de Derecho.

A pocos metros, pues, del punto de no retorno para una implosin constitucional, como adverta esta semana Ignacio Varela en El Confidencial.

Con todo, la eleccin de Peramato para la Fiscala General tiene un peso relativo en el sistema personalista que est construyendo Snchez por la fuerza de los hechos y en el que instituciones bsicas del Estado, como el Tribunal Constitucional y la propia Fiscala, quedan reducidas al papel de simple herramienta al servicio de los intereses particulares del presidente, perdiendo su vigencia y su sentido fundacional.

Snchez est impulsando de manera unilateral una mutacin presidencialista del sistema de democracia parlamentaria que consagra nuestra Constitucin. Desde los primeros das de la pandemia del Covid, con la poblacin encerrada en casa por estado de alerta general, Snchez acta ms con los modos y la autoridad de un Jefe de Estado o del presidente de una Repblica (ibrica?), como Macron o Trump, que de un presidente-primer ministro de una democracia parlamentaria; de ah sus constantes fricciones con el Rey Felipe. Un obstculo real para la transformacin del modelo espaol en un one man rule (gobierno de uno solo), con derivas autocrticas y consecuencias directas para las instituciones, debido a que reduce muy significativamente la capacidad de control y la vigencia institucional del Congreso, el Senado, el Poder Judicial…

Esta acentuada personalizacin del poder, lo que Raymond Aron llama el elemento plebiscitario y la suspensin del dilogo entre el Gabinete presidencial y las cmaras de representantes, es la que actualmente permite a Snchez sobrevivir sin presupuestos y sin mayora parlamentaria. Dos circunstancias que en el modelo democrtico del 78 hubieran hecho colapsar a cualquier Gobierno, pero que en la Espaa ultrapresidencialista de Snchez, en cambio, empiezan a ser una simple ancdota.