La ‘lnea roja’ de Ayuso con la ‘ley Begoa’: la Comunidad no podra “defender a las vctimas” en casos de terrorismo o violencia de gnero
Isabel Daz Ayuso ha entrado de cabeza en el torbellino desatado por la intencin del PSOE de limitar la accin popular en los procesos judiciales. Un frente ms en su particular contienda con el Gobierno de Pedro Snchez en un momento en el que toda la actualidad poltica del pas gira en torno a la filtracin de datos de su pareja que ha provocado la imputacin del fiscal general y que prueba, segn sostiene la presidenta regional, la operacin de Estado contra ella. Pero que ahora se comprometa a dar todas las batallas posibles contra la denominada ley Begoa va ms all de la persecucin que dice sufrir, ya que su aprobacin torpedeara importantes competencias judiciales de la Comunidad de Madrid.
No se trata de una disputa entre polticos, sino de dinamitar el Estado de derecho, dijo ayer Ayuso para elevar la gravedad de una norma que en Sol ven diseada ad hoc para amnistiar de manera preventiva al entorno del presidente del Gobierno -sobre el que revuelan diferentes investigaciones judiciales en las que las acusaciones populares han desarrollado un papel relevante-, pero que, de aprobarse, traer importantes daos colaterales a los valores constitucionales y, en consecuencia, a las capacidades de los gobiernos autonmicos en los tribunales.
En concreto en la Comunidad temen por la capacidad para que la Administracin regional se persone como acusacin popular en determinados procesos judiciales, una potestad que en dos supuestos viene incluso blindada por la ley autonmica. Se trata de los casos de violencia contra la mujer y los casos de terrorismo. En el primero de los asuntos, en la actualidad la Comunidad se encuentra personada en 28 procesos abiertos en los tribunales, y ha participado en ms de 70 causas.
La propuesta presentada por el PSOE en el Congreso, as, interfiere de manera directa con lo establecido en la ley autonmica de violencia de gnero: La Comunidad de Madrid ejercer la accin popular en los procedimientos penales por causa de muerte, lesiones graves o mutilacin genital de la vctima, en la forma y condiciones establecidas por la legislacin procesal. Un caso idntico ocurre con la ley regional de proteccin de vctimas del terrorismo, cuyo reconocimiento y acompaamiento al colectivo es uno de los pilares de Ayuso desde que es presidenta, de ah que considere un ataque directo a los valores de la Comunidad de Madrid el no poder defender a las vctimas, tanto del terrorismo como de violencia de gnero.
Dos situaciones de total gravedad para el Gobierno madrileo de Ayuso, que estara dispuesta a llevar su negativa a esta norma al Tribunal Constitucional como ya ha hecho en otras ocasiones. Ayer mismo, de hecho, anunci que recurrir por inconstitucional la declaracin de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional, como Lugar de Memoria Democrtica por parte del Gobierno central.
No obstante, los efectos de la proposicin de ley para limitar las acusaciones populares no alcanzaran a otras causas en las que la Comunidad suele personarse, pero como acusacin particular y no popular. No son muchos los casos en los que la Administracin regional toma esta accin por ser parte directamente afectada, pero ha ocurrido recientemente con casos relacionados con incendios o accidentes de trfico mortales.
En julio de 2023, por ejemplo, Madrid se person por primera vez como acusacin particular en la causa de un conductor que provoc un accidente mortal en la M-50, gracias a la entonces recin aprobada ley autonmica de Proteccin Civil y Emergencias. Una normativa que permiti a la Administracin regional tambin acudir a los tribunales como acusacin particular el pasado mes de septiembre en el caso de un presunto pirmano como autor de diversos incendios en la Comunidad entre junio y julio. Una personacin con la que Madrid podr reclamar el importe de los gastos producidos por su extincin y el restablecimiento del medio ambiente, segn se anunci en su da tras contar con el visto bueno del Consejo de Gobierno.
