La jueza del caso de la pareja de Ayuso abre una nueva pieza para investigar más delitos | Noticias de Madrid
La magistrada Inmaculada Iglesias ha abierto una pieza separada para esclarecer si Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pudo cometer los delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios al usar una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón, según ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar EL PAÍS. La titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, ha estimado un recurso de PSOE y Más Madrid que consideraba que los hechos desvelados por Hacienda podían tener encaje en otros tipos penales, además del fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, por los que la Fiscalía había presentado su denuncia.
Los hechos que ha considerado la jueza, según el auto al que ha tenido acceso este diario, se remiten al ejercicio fiscal de 2021, cuando Amador comenzó a facturar con una nueva empresa propia sus negocios con su principal cliente, Quirón Prevención. Esa compañía era Masterman & Whitaker, que adquirió en diciembre de 2020. Hasta entonces, el empresario se había valido de su sociedad Maxwell Cremona para esos servicios al gigante de la sanidad, que consistían en auditorías de los procesos de gestión. Masterman era en realidad una sociedad pantalla, según detectó la inspección de Hacienda, que calificó esa operación de artificiosa, ya que esa empresa no tenía medios personales ni materiales para realizar esas auditorías. La jueza ha estimado que esta actividad podría ser constitutiva de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
La corrupción en los negocios se castiga en el artículo 286 bis del Código Penal con penas de entre seis meses a cuatro años, y la administración desleal, del artículo 252 Código Penal, conlleva penas de prisión de seis meses a tres años.
La investigación de marzo, el fraude fiscal
Amador fue denunciado por la Fiscalía en marzo tras más de año y medio de investigación de Hacienda, que concluyó que el empresario había defraudado 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021. El Ministerio Público le denunció por dos delitos de fraude fiscal (con penas cada uno de ellos de entre uno y cinco años) en concurso con otro de fraude en documento mercantil. Amador y la Fiscalía negociaron un acuerdo de conformidad para evitar la entrada en prisión del empresario. Sin embargo, un recurso de PSOE y Más Madrid el 24 de junio abortó in extremis ese pacto. Los dos partidos pidieron ampliar la investigación a cuatro nuevos delitos: los dos que han sido estimados por la jueza y los de falsedad contable, del 290 CP, y delito contable del 310 CP. La jueza rechazó esta petición, pero tras un nuevo recurso, de reforma, ha estimado parcialmente sus alegaciones.
Según recogió la denuncia de la Fiscalía que motivó la apertura de este procedimiento penal, el comisionista defraudó más de 350.000 euros mediante un entramado de facturas falsas para tributar menos por los beneficios que obtuvo en 2020 y 2021 por intermediar en la compraventa de mascarillas y guantes procedentes de China, y por trabajar para el grupo sanitario Quirón. Estas actividades le permitieron multiplicar por seis los ingresos de su empresa, que pasaron de 357.773,87 euros en 2019 a 2,3 millones en 2020.
A pesar de esos ingresos tan altos, González apenas pagó a Hacienda. Por el ejercicio 2020, la Agencia Tributaria le devolvió a su sociedad Maxwell 1.353 euros. Y por el de 2021, solo abonó 7.029 euros. Esa insignificante factura fiscal tenía truco. Los ojos de los inspectores se colocaron en las declaraciones. El 12 de mayo de 2022 saltaron las alarmas de la Agencia Tributaria.
