La Generalitat expedienta a un funcionario que false datos para adjudicar un piso protegido de Alicante a la arquitecta municipal
La Generalitat Valenciana ha decidido expedientar a un funcionario que false informacin para que su mujer, arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Alicante segn ha podido saber este diario, pudiera ser beneficiaria de uno de los pisos protegidos en la urbanizacin de Les Naus, en La Condomina, una de las zonas ms caras de la capital alicantina en la Playa de San Juan.
La polmica se inici hace unos das al trascender que varios cargos del consistorio que dirige el popular Luis Barcala, entre ellos la ya ex concejala de Urbanismo y los hijos de la hasta ahora jefa de Contratacin Pblica, fueron beneficiarios de la adjudicacin de estas viviendas protegidas. Otro de los agraciados fue uno de los arquitectos municipales, al que se suma ahora otra arquitecta.
Segn fuentes de la Consejera de Vivienda, la investigacin abierta a raz del estallido del escndalo ha permitido identificar ya “una supuesta comisin de varias faltas tipificadas como muy graves por parte de un tcnico funcionario”. A este funcionario, marido de la arquitecta en Alicante, se le ha abierto expediente disciplinario, con suspensin cautelar de empleo y sueldo.
La decisin, segn fuentes del departamento de Susana Camarero, se basa en el informe emitido por la propia Direccin Territorial, en el que se especifica que dicho funcionario “revis, tramit y acredit para su firma un expediente, estableciendo como revisin favorable todos los requisitos del mismo”.
Sin embargo, y tras la verificacin solicitada por el departamento autonmico, “se ha conocido que este funcionario es cnyuge de la solicitante y que en la tramitacin del expediente omiti datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que l formaba parte y, por extensin, de la acreditacin de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia”.
“Nos encontramos ante un caso en el que un funcionario, haciendo un uso indebido de su posicin, habra actuado en beneficio propio o de terceros”, insisten desde la Generalitat, que subrayan que “en ningn caso existe participacin alguna de cargos polticos en la emisin de los visados ni en las decisiones adoptadas”.
Aun as, desde Vivienda se promete “reforzar los mecanismos de control”. En concreto, adems de las medidas incorporadas en el Decreto 180/2024, “se reforzar el sistema de revisin en los procedimientos de visado de las Direcciones Territoriales, impulsando una nueva frmula de comprobacin a travs de una mesa de verificacin”.
Segn estas fuentes, adems, con toda la informacin que se vaya recabando, la Consejera “actuar con total contundencia, como ha hecho hasta este momento, y trasladar inmediatamente la informacin a Fiscala a efectos de que investigue la situacin y adopte las medidas oportunas”. Tambin el grupo municipal socialista en el consistorio alicantino ha presentado una denuncia ante la Fiscala Anticorrupcin.
