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La Fiscala de Garca Ortiz se alinea con Pumpido en los ERE contra el criterio de los fiscales de Sevilla


Actualizado

Disparidad de criterios entre los fiscales de Sevilla del caso ERE y la Fiscala del Tribunal Supremo que dirige la teniente ngeles Snchez Conde, mano derecha del fiscal general, lvaro Garca Ortiz.

Las diferencias entre ambos departamentos del Ministerio Pblico giran en torno a la pertinencia de plantear una cuestin prejudicial ante la justicia europea despus de que el Tribunal Constitucional revocase en julio de 2024, total o parcialmente, las principales condenas por el mayor caso de corrupcin de la historia de Espaa.

Segn informan fuentes fiscales a EL MUNDO, los fiscales del caso ERE, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernndez Guerra, remitieron un informe interno a la Fiscala del Tribunal Supremo donde se mostraron a favor de que se plantee por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE). Egocheaga y Fernndez Guerra son los fiscales Anticorrupcin asignados a la causa de los ERE y quienes defendieron las condenas en el juicio de la denominada pieza poltica donde primero, la Audiencia de Sevilla, y, despus, el Tribunal Supremo conden a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y Jos Antonio Grin por el uso fraudulento de casi 700 millones de euros de fondos pblicos.

INSTRUCCIN DE FISCALA

Las fuentes consultadas explican que en virtud de la instruccin 1/2016 de la Fiscala General del Estado corresponde a la Fiscala del Tribunal Supremo fijar criterio sobre la cuestin prejudicial que la Audiencia de Sevilla prev elevar al TJUE en los prximos das. La citada instruccin recoge que la Fiscala ante la que se tramita el procedimiento habr de ponerse en contacto con el Fiscal de Sala Jefe del rea correspondiente (civil, penal, contencioso o social) para solicitar instrucciones sobre el contenido del informe a emitir, atendiendo al orden jurisdiccional en el que se plantee.

En cumplimiento de esta instruccin, el fiscal jefe Anticorrupcin, Alejandro Luzn, envi hace das al fiscal de Sala de Penal del Tribunal Supremo, Jos Javier Huete, la providencia dictada por el tribunal de los ERE, pidiendo alegaciones a las partes, entre ellas al Ministerio Fiscal. Huete solicit entonces que los fiscales de Sevilla elaboraran una nota interna analizando si se deba o no llevar el fallo del TC ante el TJUE. Segn informan fuentes fiscales, en ese informe, los fiscales del caso ERE se mostraron a favor de plantear la cuestin prejudicial que ha preocupado sobremanera en los ltimos das al actual presidente del Constitucional, Cndido Conde-Pumpido.

Los fiscales Egocheaga y Fernndez Guerra consideran que las sentencias del TC han podido vulnerar el derecho de la Unin Europea y la doctrina del TJUE sobre la proteccin de fondos pblicos, al vaciar de contenido el delito de malversacin cometido por los Gobiernos socialistas en Andaluca.

Sin embargo, el fiscal Huete, tras consultar con sus superiores jerrquicos, ha enviado a los fiscales de Sevilla un informe, fechado el 30 de marzo, de 17 pginas de extensin, donde se destaca que el Constitucional no se ha extralimitado en sus funciones al dictar las sentencias del caso ERE. Asimismo, el documento sostiene que la primaca del Derecho de la Unin no obsta para que los rganos nacionales defiendan la legalidad penal. Adems, el informe descarta el planteamiento de una cuestin prejudicial al entender que las sentencias del Constitucional cumplen con los estndares de proteccin de legalidad. Tambin enmarca las sentencias de la corte de garantas dentro del margen de control que debe llevar a cabo el mximo intrprete de la Carta Magna.

Estas instrucciones de la Fiscala del Alto Tribunal sern ahora analizadas por los fiscales del caso ERE, quienes recibieron ayer el informe firmado por el fiscal Huete.

Por su parte, Conde-Pumpido fij para el Pleno de la prxima semana el debate jurdico para dar una respuesta a la actuacin de la Audiencia de Sevilla. En el orden del da figura deliberar sobre el deber de velar por el cumplimiento efectivo de las resoluciones del Constitucional.





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