La Fiscala apoya que Ione Belarra sea condenada por “desprestigiar” al juez Garca Castelln

No cabe duda que tachar a un juez de corrupto, prevaricador y parcial por proteger a un partido poltico y perseguir a los adversarios constituyen expresiones objetivamente injuriosas por cuanto se le est atribuyendo la comisin de unos hechos delictivos y el incumplimiento de una obligacin esencial e inherente a sus funciones como es la imparcialidad; lo que es siempre insultante y descalificador y, en consecuencia, lesivo para su honor. En estos trminos categricos se ha pronunciado la Fiscala del Tribunal Supremo sobre los ataques que la lder de Podemos y ex ministra, Ione Belarra, profiri al magistrado de la Audiencia Nacional ya jubilado Manuel Garca-Castelln.

Tras ser llamado corrupto y prevaricador, el juez decidi demandar a Belarra en el Tribunal Supremo por lesin en su derecho al honor, reclamndole a la diputada una indemnizacin de 240.000 euros. En su escrito de contestacin a la citada demanda, conocido por EL MUNDO, la Fiscala considera que los mensajes que la dirigente de Podemos escribi en la red social X sobre Garca-Castelln no tenan otro motivo que desacreditar, desprestigiar y descalificar personal y profesionalmente al demandante con ocasin de su jubilacin.

Hoy el BOE publica la jubilacin forzosa del juez Garca-Castelln. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de Espaa, se van a ir de rositas sin sancin alguna gracias al PSOE. Vergenza, escribi Belarra en X el pasado 2 de septiembre.

Asimismo, tras conocer que el magistrado la haba demandado, la ex ministra volvi a la carga: Garca-Castelln no tena ganas de jubilarse y contina la guerra sucia judicial contra Podemos. Se querella contra m por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir a los adversarios polticos de la derecha, es corrupcin, con o sin condena.

En este sentido, el Ministerio Pblico sostiene que las dos publicaciones lo que contienen son calificativos claramente injuriosos (corrupto y prevaricador) y se realizaron en una red social con gran capacidad de difusin. Adems, la fiscal aade que el ciudadano medio que lee esos tuits se encuentra con unos calificativos sobre el comportamiento y actividad profesional de un conocido juez sin contar con dato alguno de contraste para formase su propia opinin mientras que lo que entiende perfectamente es que una conocida integrante del poder legislativo, representante de los ciudadanos y dirigente del partido poltico Podemos considera al juez Garca Castelln, conocido por llevar asuntos judiciales importantes y de inters general, como un juez corrupto, que ha prevaricado, que protege al Partido Popular y persigue a los que no son de derechas.

Asimismo, la fiscal prosigue afirmando que no consta que el juez Garca-Castelln haya sido condenado o haya estado sometido a ningn procedimiento por delito de prevaricacin y por ningn otro.

Por otro lado, la representante del Ministerio Fiscal explica que la jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la proteccin del honor el prestigio profesional, formando parte este del marco en el que se desenvuelve el honor.

Pese a la especial proteccin del derecho a la libertad de expresin y la interpretacin restrictiva de sus limitaciones, en este supuesto concreto, esta no puede prevalecer sobre el derecho al honor, incluida la reputacin profesional del demandante. Los calificativos empleados y la opinin sobre la parcialidad del juez son claramente ofensivos e innecesarios para transmitir su opinin o valoracin crtica sobre la actuacin del demandante como juez, faltando, por lo tanto, el requisito de la proporcionalidad, sostiene la fiscal del Supremo Lourdes Rodrguez Rey en su escrito.

De igual manera, el Ministerio Pblico explica que las declaraciones realizadas por un parlamentario, como es el caso de Ione Belarra, en redes sociales desde su propio perfil, especialmente si son ofensivas o atentan contra el honor de terceros, no estn protegidas por las prerrogativas de inviolabilidad del artculo 71 de la Constitucin.

La fiscal fija la responsabilidad civil de la diputada en la cantidad de 20.000 euros, al considerarla proporcionada a las circunstancias del caso. Asimismo, el Ministerio Pblico apoya que el Tribunal Supremo ordene en su sentencia la difusin del contenido ntegro de la sentencia en el perfil de X de Ione Belarra, lugar en el que se habra producido la intromisin en el derecho al honor de Garca-Castelln.